El Gobierno ha dado el primer paso para la tramitación de la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales desde las 40 actuales como anteproyecto de ley por la vía de urgencia. Se hará, además, en los términos pactados entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los sindicatos el pasado mes de diciembre. El camino para sacar adelante la ley va a ser complicado, puesto que el Ejecutivo de coalición lo inicia sin tener aún del todo cerrados los apoyos de sus socios habituales (especialmente los de PNV y Junts), sin saber si el PP se abstendrá en la votación del texto y, sobre todo, con la patronal en contra.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) estableció la tarde del lunes cómo se implementará dicha reducción. Díaz ha logrado finalmente, imponer lo establecido en su acuerdo con los sindicatos, donde se comprometió a implantar la jornada sin recorte de sueldo, a lo largo de este año y a hacerla obligatoria a partir de 2026.
Fuentes del Ejecutivo dicen ser conscientes de que el texto podrá someterse a modificaciones en su tramitación para incluir las aportaciones de los grupos y tener en cuenta la realidad parlamentaria y la de las empresas, especialmente de las pymes. Aseguran, por ello, que estudian medidas de flexibilidad y acompañamiento para que la reducción de jornada sea una realidad efectiva cuanto antes.
Desde la CEOE consideran que la aplicación de una medida de este tipo sin tener en cuenta otros condicionantes económicos puede tener efectos muy nocivos sobre la actividad de las empresas. Fuentes de la patronal aseguran que platear una reducción de jornada que no lleve aparejado un incremento de la productividad -una de las eternas cuentas pendientes de la economía española- o una reducción de los salarios conllevará un coste 'extra' de entre 21.000 y 23.000 millones de euros al año para las empresas españolas.
Una cifra que consideran difícilmente asumible y que puede acabar afectando al empleo o a la inversión, otra de las variables económicas que sigue sin recuperar los niveles previos a la Covid. Inciden en que supondría un alza de los costes laborales del 6%, que se sumaría al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o al de las cotizaciones sociales. "Se ha faltado a los principios de diálogo social", lamentan, y explican que sacarla adelante de este modo "puede ser inconstitucional", al ir en contra de lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva.
Las mismas fuentes esperan a hacer cualquier otra consideración una vez que se conozca la propuesta definitiva que sale del Consejo de Ministros del próximo 4 de febrero. Desde el Gobierno explican que la negociación con los grupos parlamentarios sigue abierta, e inciden en que su tramitación dará espacio y tiempo suficientes para conseguir el apoyo del resto de socios. También para cerrar esas medidas de acompañamiento a los empresarios.
La preocupación de las pymes
Desde Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, puntualizan que en actividades como las inmobiliarias, la hostelería, la agroganadería o el comercio y las actividades profesionales, un 85% del total de los trabajadores hacen jornadas superiores a las 37,5 horas semanales. Consideran, así, que la pyme será la más afectada por esta medida debido a "su menor productividad, rentabilidad y sus inferiores recursos organizativos".
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha venido insistiendo en que el proyecto de reducción de jornada será una medida "equilibrada" para "garantizar que pueda llevarse a cabo". Este ha sido el caballo de batalla de su ministerio en los momentos en los que Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, ha presionado para acelerar todo el proceso, llegando a provocar hace apenas unas semanas un rifirrafe entre ambos.
"La reducción de la jornada laboral en España no es solo una necesidad, sino una cuestión de justicia social y un mecanismo de solidaridad que debe implementarse de inmediato", aseguran los sindicatos. CCOO y UGT recuerdan que aunque la negociación colectiva ha permitido que la jornada se reduzca progresivamente hasta una media de 38,5 horas semanales en los convenios colectivos, muchos sectores y empresas no han visto reducido el tiempo de presencia, generando una "competencia desleal" y repercusiones negativas en el empleo.
Cara y cruz de los efectos económicos
Un artículo reciente publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recomienda que la reducción de la jornada se haga por ley, pero no por la fuerza. Explican que España tiene una jornada legal máxima dentro de los márgenes habituales en Europa y que la negociación colectiva "tiene toda la capacidad para reducirla y distribuirla con gran flexibilidad".
Añaden que reducir forzosamente la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, puesto que calculan que esta afectará al 67% de los ocupados según la EPA (o al 74% de los trabajadores sujetos a un convenio colectivo).
"Esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB", advierten. Los defensores de la medida explican que una aplicación correcta provocará el efecto contrario, un alza de la productividad por hora, dado que permitirá a las empresas sacar adelante el mismo trabajo en menos tiempo, y apuestan por potenciar al máximo el uso de la tecnología para hacerlo posible.
Todo lo anterior, sin contar los beneficios en lo que a salud física y mental de los empleados se refiere. Por delante, sin embargo, queda mucho trabajo pendiente, dado que el mercado laboral español sigue azotado por problemas estructurales como la parcialidad, el subempleo, los salarios bajos o la falta de flexibilidad horaria.
