El expediente para declarar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como lugar de memoria democrática por su pasado como centro policial de detenciones durante la dictadura de Franco sigue su curso. Así lo ha decidido el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes tras rechazar el requerimiento de incompetencia formulado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha defendido este martes que "no hay invasión ni vulneración de competencias autonómicas", por lo que este edificio tendrá una placa que recuerde que fue escenario de torturas y maltratos entre 1939 y 1979.
Alegría ha recordado que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista donde se produjeron maltratos y que la propia Ley de Memoria Democrática recoge que esa figura de lugar de memoria "es compatible con el uso institucional y de servicio público" que tiene actualmente la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La ministra ha puntualizado que la declaración como lugar de memoria conlleva la colocación de una placa en la fachada para recordar a las personas que fueron allí "detenidas y maltratadas" durante la dictadura.
Así lo ha indicado después de que la Comunidad de Madrid haya exigido en varias ocasiones al Gobierno que deje sin efecto la resolución que inicia el expediente, incluso sin descartar que acudirá a los tribunales si no es así a fin de que el edificio no se convierta "en un aquelarre". Además, en su requerimiento argumenta una "importante y grave injerencia y perturbación en el derecho de propiedad y en la posesión del inmueble".
A juicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que este año ha anunciado más de un centenar de actos y actuaciones para conmemorar el cincuentenario de la muerte de Franco, estas alegaciones "carecen de fundamento" ya que no se realiza "alteración, por mínima que sea, en el inmueble objeto de la incoación".
Así lo expone en un comunicado, en que señala que la Comunidad de Madrid "nunca ha cuestionado" la constitucionalidad de la Ley de Memoria Democrática que regula la figura del lugar de memoria y cuestiona que lo haga "ahora, transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de la norma". Además, recalca que en el caso del Ejecutivo madrileño, no ha legislado sobre esta materia, como sí lo han hecho otras comunidades con sus propias leyes autonómicas.
Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la Asamblea de Madrid aprobó con los votos a favor del PP y el 'no' de la oposición una proposición de ley que incluye una enmienda para blindar la Real Casa de Correos ante la Ley de Memoria Democrática. En concreto, la misma recoge la obligación del Ejecutivo regional de "proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid". En el caso de que se promuevan o realicen actuaciones que "directa o indirectamente perjudiquen o resulten incompatibles" con ello, los poderes públicos regionales "ordenarán el cese inmediato de aquellas y adoptarán medidas oportunas para reparar el daño", indica la propuesta aprobada.
Con todo, el Gobierno asegura que la Real Casa de Correos también tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), "lo que no es óbice para que, además, dicho inmueble pueda ser declarado lugar de memoria".
