El Gobierno ha dado este martes el pistoletazo de salida a la reducción de la jornada laboral. Tras el choque entre Trabajo y Economía, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto para iniciar la tramitación de urgencia de la rebaja en el tiempo de trabajo máximo hasta las 37,5 horas semanales. Se trata de un primer paso para avanzar hacia el objetivo incluido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, aunque el texto pactado con UGT y CCOO —y del que se descolgó la patronal— tendrá que volver al Consejo de Ministros antes de ser enviado al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesita todavía recabar apoyos suficientes para sacarlo adelante, una búsqueda que pasa por negociar con Junts pero en la que el Ejecutivo también mira al PP.
"Hoy es un día histórico", ha celebrado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La líder de Sumar ha asegurado que el recorte de la jornada máxima legal de las actuales 40 horas semanales a 37,5 "sirve para modernizar España" y supone un "cambio de paradigma", ya que "lo importante son nuestras vidas, no el tiempo que empleamos en una actividad laboral". "Tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y eficientes económicamente", ha recalcado, afirmando que "el trabajo es un medio, no una mercancía" y que la rebaja en el tiempo de trabajo es una "reforma cotidiana que entra en las casas de los españoles".
El anteproyecto aprobado este martes, que recoge el texto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos, prevé el recorte en el tiempo máximo de trabajo sin pérdida de salario. La medida beneficiará a cerca de 12 millones de trabajadores, según los cálculos del departamento de Yolanda Díaz. Los contratos a tiempo parcial por un tiempo igual o superior a las 37,5 horas semanales se convertirán "automáticamente" en contratos a tiempo completo cuando la nueva norma empiece a aplicarse, mientras que en los de menos horas tendrá que realizarse el correspondiente incremento de sueldo, proporcional al aumento del tiempo de trabajo con respecto la jornada máxima.
Además, se endurecen las sanciones a las empresas que incumplan el registro horario y la reducción de jornada con multas de hasta 10.000 euros por trabajador —el máximo estaba en 7.500—. La penalización individualizada por cada empleado es una novedad, ya que ahora las sanciones son globales.
Tras la aprobación del anteproyecto de este martes, el texto de la futura ley de reducción de jornada necesita recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo espera que ocurra hacia finales de febrero, ya que la tramitación de urgencia acelera los tiempos. Será entonces cuando el borrador se envíe al Congreso de los Diputados. Allí el Gobierno necesita armar una mayoría suficiente para dar luz verde a la reducción de jornada. La intención de Trabajo es que la reducción de jornada se publique en el BOE antes del verano, para que las empresas tengan hasta final de año para adaptarse a las 37,5 horas.
El no de la patronal
Las organizaciones empresariales ya han adelantado que trasladarán a las distintas fuerzas políticas su rechazo al anteproyecto impulsado por el Gobierno para tratar de frustrar su aprobación. "Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas", ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este martes en un desayuno informativo.
La patronal se descolgó del acuerdo alcanzado entre Trabajo y sindicatos al entender que la jornada laboral ha de negociarse a nivel sectorial o en el seno de las empresas y no de forma general. CEOE y Cepyme estuvieron sentados en la mesa de negociación durante meses, pero los empresarios consideran que el departamento de Yolanda Díaz solo escuchó las reclamaciones de los sindicatos. En ese sentido, Garamendi ha subrayado este martes que los empresarios siempre estarán de acuerdo con el diálogo social, "pero no con el monólogo social". "Queremos el diálogo social, trabajamos el diálogo social, especialmente bipartito, y cantidad de temas se podrían resolver si se diera prioridad a ese espacio", ha apuntado.
"Claro que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio", ha añadido en el mismo foro el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha advertido de que esta medida "no va a castigar a las grandes empresas", sino que "dañará muy sensiblemente" a los autónomos y a las pequeñas empresas. "Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes", ha añadido.
