"Confianza en la Justicia y confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado". El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene así su respaldo al Álvaro García Ortiz después de que el juez le haya citado como investigado en el Tribunal Supremo por la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un presunto fraude fiscal. En dicho auto, el juez también apunta a que desde Presidencia se hicieron "gestiones" para que el correo acabara publicado en los medios, lo que para la ministra portavoz, Pilar Alegría, son "elucubraciones" porque, según ha afirmado este martes, no hay ni una "prueba concreta" que demuestre esa afirmación.
"Por eso no compartimos lo que dice el auto sobre el fiscal general", ha indicado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha señalado que el "origen del delito" está en Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileño que, "del que hace casi un año conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos y, que sepamos, todavía no ha declarado". En este sentido, ha insistido en que todos los "bulos y filtraciones" parten de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, "que no ha dudado ni un minuto en utilizar todas las amenazas para tapar a Ayuso y a su pareja", ha acusado la ministra.
No ha querido opinar sobre posibles "futuribles", como que el caso contra el fiscal acabe con la apertura del juicio oral, aunque sí ha avanzado que "el Gobierno siempre va a apoyar a quien persigue el delito". En concreto, el juez indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado, con el envío a Juan Lobato incluido. "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo del 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com", explica el juez en el documento.
A lo que el Gobierno responde alegando que no va a valorar las "elucubraciones" que cree que lanza el juez. "No hay base documental, las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí no los hay", ha aseverado la ministra portavoz. Fuentes del Gobierno muestran su sorpresa por el auto del juez y por que el caso haya llegado hasta este punto. Así mismo, también señalan a Miguel Ángel Rodríguez en lo que tiene que ver con las filtraciones.
Desde Ferraz también ponen en la diana al jefe de gabinete de Ayuso. Aseguran que fue el que "confesó en sede judicial que había filtrado correos a los medios". "Y eso no se investiga", se quejan desde la sede socialista en alusión a que Miguel Ángel Rodríguez reconoció haber difundido a través de un grupo de WhatsApp un correo que habría recibido el día 12 de marzo del propio Alberto González Amador. Eso sí, Rodríguez asegura que lo difundió después de que El Mundo hubiese publicado que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador.
Según su testimonio, él "desconocía" que había comunicaciones previas en las que el abogado de Amador era el que proponía el acuerdo y admitía los delitos de su cliente, por los que no las difundió él. Estas fueron publicadas en horas sucesivas y, según las deducciones de la UCO, el fiscal general del Estado pudo tener un "papel preeminente" en la filtración de las mismas.
Para argumentar que no fue así, el PSOE apunta a que los periodistas dijeron en sus testificales que el correo estaba circulando "por muchas manos" y "desde días antes". Los socialistas aseveran que en ninguna parte del auto ni en las testificales hay alguna prueba que señale esa filtración por parte del fiscal.
En concreto, aluden a los periodistas que en el Tribunal Supremo aseguraron que habían accedido al correo electrónico mucho antes de que lo tuviera el fiscal, es decir, antes de las 21:59 horas del 13 de marzo, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Ángel Hurtado reconoce que "es cierto que dos de los testigos han mantenido haber tenido conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 con anterioridad, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios que niega que así hubiera sido".
Frente a los mismos, el juez señala que hay "elementos objetivos que apuntan a que sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero es cuando tiene lugar su difusión. En definitiva, el instructor señala que aunque los periodistas que publicaron la información aseguran que disponían de ella antes de que la obtuviera el propio fiscal general, la publicaron una vez García Ortiz la tenía en sus manos, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".
