El Gobierno ha aprobado este martes la creación de dos nuevas fiscalías de Sala: una de Delitos contra la Administración Pública y otra de Delitos Económicos. Estas fiscalías, tal y como ha señalado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "dependerán directamente del fiscal general del Estado". La medida cuenta con el rechazo de una parte de la cúpula del Ministerio Público, especialmente la creación de la primera de estas fiscalías, que según denuncia el sector más conservador podría entrar en un conflicto de competencias con la Fiscalía Anticorrupción.
El pasado 2 de octubre, el Consejo Fiscal abordó la creación de estas dos nuevas unidades. La mayoría conservadora del órgano consultivo se opuso a la iniciativa. El Consejo debía emitir un informe sobre el real decreto que se ha aprobado este martes, que supone la creación de 79 nuevas plazas en la carrera fiscal. Seis de estas nuevas plazas se destinarán a estas dos nuevas unidades.
De los 12 miembros del Consejo Fiscal, siete se opusieron al decreto, no por la creación de nuevas plazas, sino por la creación de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que según alegaron podría solapar sus competencias con las de la Fiscalía Anticorrupción. Seis de estos vocales pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF) y el séptimo a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Este martes, el ministro Félix Bolaños ha destacado las virtudes de esta reforma, que según ha dicho servirá para "reforzar y especializar" la carrera fiscal y para "mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas". "Sin duda, [las nuevas fiscalías de Sala] van a dotar de mayor especialización al trabajo que hace la Fiscalía en su rol de persecución del delito", ha afirmado el ministro.
Sin embargo, el sector más reacio del Consejo Fiscal considera que, si lo que se pretende es reforzar la lucha contra la corrupción, sería más efectivo dotar de más medios materiales y humanos a la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Más allá del posible conflicto de competencias, que desde el Gobierno niegan que vaya a ocurrir, fuentes del Consejo Fiscal ponen el foco en el momento por el que pasa el fiscal general del Estado. Así lo hizo uno de los vocales del Consejo Fiscal, Salvador Viada, en el voto particular que emitió en tras la reunión del 2 de octubre.
Así lo expresó Viada aquel día, cuando Álvaro García Ortiz no estaba aún imputado: "La Fiscalía General del Estado ha tenido que actuar defendiendo la irrelevancia penal de una conducta del propio jefe del Ministerio Fiscal, que se mantiene en el cargo, pendiente de que se resuelva por la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo una petición de investigación delictiva que reclama el Tribunal Superior de Justicia de Madrid". El fiscal subrayó en su voto particular que "este es el contexto en el que se pretende la inserción de dos nuevas plazas para coordinar la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción".
Primeras medidas del plan de acción por la democracia
El real decreto de ampliación y modificación de la plantilla del Ministerio Fiscal es una de las dos medidas del plan de acción por la democracia que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. La otra, anunciada este martes por Bolaños, es la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Con esta institución, el Gobierno pretende levantar un "pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude en la corrupción". Tal y como ha indicado el ministro de Justicia, la autoridad será una "garantía de la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público".
La institución recibirá denuncias "por medio de un canal seguro", realizará "la correspondiente comprobación y, "si procede", enviará la información a la Fiscalía. Según detalla el Ministerio de Justicia, "se mantendrá el anonimato del denunciante en todo momento" y "se adoptarán medidas de protección frente a represalias". "Además, el organismo empleará medios de apoyo a las personas informantes relacionadas con información y asesoramiento, asistencia jurídica o apoyo psicológico o financiero", explica el ministerio en un comunicado.
