Los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales, junto con los gobiernos autonómicos, han aprobado este viernes, por primera vez, un acuerdo a nivel estatal encaminado a mejorar la Atención Temprana y reducir los tiempos de espera. Se trata de un documento que establece un marco referencial de calidad común para todas las comunidades que asegura que los menores de hasta seis años tengan el derecho a una atención sanitaria temprana de calidad, eficaz y gratuita, con un acceso rápido y equitativo.
El acuerdo ha sido aprobado en una conferencia multisectorial en la que han estado presente Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mónica García, ministra de Sanidad, según informan ambas carteras en un comunicado. Así, el documento se estructura en nueve líneas de acción con medidas concretas y en 36 estándares de calidad.
El mismo incluye que el plazo máximo para intervenir en atención temprana debería ser de 45 días desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo. Este tiempo es el que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.
Además, contempla que todas las comunidades dispongan de una Red de Atención Temprana y una norma que establezca los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas, así como las bases para disponer una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad. Asimismo, debe interconectar los departamentos que forman parte del proceso y ordenar su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc.
Por otro lado, incluye mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de atención temprana; implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa; implementar procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias; promocionar la prevención primaria; garantizar la valoración e intervención integral; el desarrollo de equipos profesionales y formación continua de profesionales implicados en la atención temprana; y optimizar los sistemas de información y registro.
También recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de cada niña, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. A esto se suma que la nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los menores (el hogar, el parque) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.
La dotación económica para esta medida es de casi 42 millones de euros (41.874.524,17) que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus. Según la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 (último año del que hay datos) casi 130.000 niños y niñas necesitaron atención temprana, lo que supone más de un 5% de la población entre 0 y 6 años.
Plazo de cinco años para su implementación
El plazo para la completa implantación de estas medidas será el año 2030, de modo que "se va a ir implementando de forma gradual", y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). "Habrá una evaluación cada cierto tiempo para ver cómo va implementándose en las comunidades autónomas. Y ya en 2030 tienen que estar perfectamente operativas en la red de atención temprana, tal y como se estipula en el acuerdo", señalan a Europa Press fuentes de Ministerio de Derechos Sociales.
A su vez, se establecerán indicadores del desempeño que permitirán evaluar el grado de desarrollo de los compromisos y su adaptación constante a las necesidades del sistema. El Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un seguimiento bienal de la implantación de las medidas, basándose en la medición de los indicadores previstos, y será en 2030 cuando se llevará a cabo una evaluación final.
Desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad. Consecuencias como ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial.
"La falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía", inciden ambos ministerios. "Provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños, y para sus familias", añaden.
