El PSOE y Junts cerraron este lunes una de las negociaciones que más se había atascado en la legislatura —ha durado más de un año— y acordaron delegar a la Generalitat de Cataluña competencias sobre inmigración que actualmente ejerce el Estado. El pacto, adelantado por la televisión autonómica catalana TV3 y confirmado por este medio con fuentes del Gobierno, se firmará en los próximos días, aunque por ahora no ha trascendido su contenido ni cuáles serán exactamente las competencias que se cederán a la comunidad autónoma.
La delegación de competencias migratorias a Cataluña ha sido uno de los grandes motivos de confrontación en la tortuosa relación que mantienen desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo y Junts. Fue en enero de 2024 cuando el Gobierno pactó esa transferencia a cambio de que los independentistas permitiesen la aprobación de tres decretos. La formación que lidera Carles Puigdemont ha insistido desde el principio en que no aceptaría otra cosa que no fuera la transferencia "integral" de las competencias, pero la Moncloa siempre ha alegado que la Constitución establece límites, puesto que otorga al Estado la autoridad exclusiva sobre las materias de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo.
Precisamente esa ha sido la diferencia que ha provocado que las negociaciones se hayan alargado tanto, especialmente después de que, en los últimos meses, Junts haya endurecido su discurso sobre inmigración para confrontar con formaciones que le disputan los votos nacionalistas, como la ultraderechista y xenófoba Aliança Catalana. Los de Puigdemont pedían tanto que los Mossos tuvieran el control de las fronteras catalanas (y la capacidad de imponer sanciones) como que la Generalitat se hiciera con la capacidad de decidir sobre los solicitantes de asilo. No obstante, el Ministerio del Interior ha defendido que debía seguir teniendo la competencia exclusiva sobre el control de fronteras, la regulación de flujos migratorios o la expulsión de extranjeros.
El Gobierno aseguró hace un mes que no iba a traspasar el "paraguas" que establece la Constitución, que establece expresamente que las competencias relativas a "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" corresponden al Estado y son indelegables. Y no solo al Ejecutivo le generaban dudas las exigencias de Junts de un traspaso "integral": también fuentes de la Comisión Europea mostraban sus dudas en febrero con respecto a la cesión de competencias como el asilo, regulado por un marco europeo de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE, o las fronteras.
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