La Fiscalía mantiene que el expresidente catalán Carles Puigdemont no buscó un beneficio patrimonial con el referéndum ilegal de independencia de 2017 y que la malversación por la que aún está procesado es un hecho amnistiable. Así lo ha defendido durante la vista pública celebrada este lunes en el Tribunal Supremo para revisar el recurso de apelación de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del instructor Pablo Llarena, respaldada por la Sala de lo Penal, de no aplicarles la amnistía.
La Sala de Apelaciones ha celebrado esta vista a petición del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y ha escuchado tanto a las defensas del expresident y el resto de investigados como a la acusación popular que ejerce Vox, a la Abogacía del Estado y a la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde. Todas las partes, salvo Vox, han defendido que la causa por malversación que mantiene abierta Llarena encaja en el ámbito objetivo de aplicación de la ley. Tras analizar los argumentos esgrimidos por cada una de ellas, la Sala formada por los magistrados Eduardo Porres, Susana Polo y Vicente Magro deberá decidir sobre la estimación del recurso.
En caso de que lo desestime, las defensas de los independentistas estarán habilitadas para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, donde tendrán que alegar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
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