No una, sino dos espadas de Damocles penden sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al inicio de este 2025. El próximo 28 de enero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si debe anular su nombramiento como fiscal general como así lo reclama un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Por otro lado, al día siguiente García Ortiz está citado a declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos, tal y como acordó este lunes el juez instructor Ángel Hurtado.
Así, a medida que la causa por revelación de secretos se estrecha en torno a García Ortiz (al menos según sostiene el instructor que la dirige), el fiscal general está también pendiente de la posibilidad de perder el cargo y, con él, el aforamiento. APIF, la asociación que recurrió su nombramiento, es la misma que está personada como acusación popular en la causa en la que se investiga si García Ortiz es responsable de la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juez estrecha el cerco en torno al fiscal general
Este lunes por la mañana, Ángel Hurtado acordó citar a declarar como investigados a García Ortiz, a la mano derecha de este, el teniente fiscal Diego Villafañe, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En un auto de casi catorce folios, Hurtado sostiene que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" del fiscal general en la filtración de los datos del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Y considera que los tres imputados, "de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano".
El magistrado apuntó a que el fiscal general pudo estar tras una noticia que publicó eldiario.es el 12 de marzo en la que se revelaba que González Amador defraudó más de 350.000 euros a Hacienda. Y también pudo estar tras la revelación de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal encargado de investigarle, Julián Salto.
Sobre esta última filtración, Hurtado subraya que García Ortiz "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales". Una situación que sólo se entiende "desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos". En el escrito, el instructor pone de relieve "las prisas" que tuvo García Ortiz a la hora de obtener la información que acabó filtrándose en la noche del 13 de marzo de 2024.
Pero además, el instructor indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado.
El auto de Ángel Hurtado, en definitiva, deja pocas esperanzas para la estrategia procesal del fiscal general del Estado. Fue la defensa de García Ortiz quien pidió llamar a declarar al jefe de gabinete de Ayuso y a varios periodistas para tratar de exculpar al fiscal general. Sin embargo, el juez no considera que estas testificales que se produjeron la semana pasada pongan a García Ortiz en esa situación.
A este respecto, el magistrado señala que "es cierto que dos de los testigos han mantenido haber tenido conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 con anterioridad, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios que niega que así hubiera sido".
Frente a estos testimonios, prosigue el auto, hay "elementos objetivos que apuntan a que sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero es cuando tiene lugar su difusión". En definitiva, el instructor señala que aunque los periodistas que publicaron la información aseguran que disponían de ella antes de que la obtuviera el propio fiscal general, la publicaron una vez García Ortiz la tenía en sus manos, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".
El nombramiento, a debate en el Supremo
Álvaro García Ortiz se ha visto envuelto en esta situación tras los hechos del pasado marzo de 2024 hasta convertirse en el primer fiscal general imputado desde que comenzó la democracia. Pero antes de que ocurriera todo esto ya estaba inmerso en algunas situaciones complicadas: en diciembre de 2023, el Gobierno decidió renovarle en el cargo, pero lo hizo en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le consideró "no idóneo" para ser fiscal general.
¿Qué llevó al CGPJ a hacer esta consideración, cuando años antes había aceptado el nombramiento de García Ortiz? En el camino, el Tribunal Supremo había dado dos importantes varapalos al fiscal general, anulando los ascensos de la ex fiscal general Dolores Delgado, ejecutados por el Gobierno a propuesta de García Ortiz.
García Ortiz propuso a la que fue su jefa, Dolores Delgado, primero para fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo y después para fiscal de Sala de Memoria Democrática, un cargo de nueva creación. En ambas ocasiones, la propuesta del fiscal general se hizo contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo consideró que al hacer la primera propuesta García Ortiz había incurrido en "desviación de poder".
Por eso el CGPJ retiró su confianza en el fiscal general, y por eso la APIF recurrió el nombramiento de García Ortiz tras las elecciones del 23-J. El recurso se deliberará precisamente en la misma sección que acusó al fiscal general de "desviación de poder", y el ponente del asunto es José Luis Requero, tal y como adelantó El Periódico y ha confirmado 20minutos.
