Una hipoteca regulada que cubra hasta el 80% del valor de la vivienda y cuya carga financiera para las familias no sea superior al 40% de sus ingresos. Así es la proposición de ley presentada por Sumar, que se debate hoy en el Congreso, por la que la formación pretende exigir a los bancos la implantación de un sistema específico a través del cual sea posible reclamar directamente a las entidades financieras las cláusulas hipotecarias abusivas.
Este modelo emula el PVPC de la electricidad, en el que las grandes compañías eléctricas tienen la obligación de ofrecer entre sus opciones en el mercado libre, una fórmula regulada en la que el componente de la energía se fija en función del mercado mayorista de electricidad y al consumidor solo se le repercute un pequeño margen.
Proteger por a los afectados de las Redal
Esta propuesta de Sumar busca proteger a los afectados por las denominadas cláusulas Redito ad Libitum (Redal), es decir, a aquellos que firmaron préstamos sin que en las condiciones figurara la fórmula empleada para calcular la amortización de la cuantía prestada o en los que la fórmula sea abusiva o errónea e impida calcular el importe exacto a pagar.
"Lo que reclamamos en la proposición de ley es que, a partir de ahora, los bancos pasen una ITV sobre los defectos o errores que han podido tener esas hipotecas", dijo el diputado Félix Alonso, quien planteaba que las hipotecas, sobre todo las firmadas a tipo variable antes de que en 2011 Economía publicara una Orden Ministerial para actuar con las hipotecas Redal, pasen un chequeo y que sean los propios bancos los que se pongan en contacto con los afectados.
Un tipo mínimo del 1% TAE y totalmente transparente
La proposición apunta a un crédito a tipo fijo que se base en el bono español a 10 años, aunque con una TAE (tasa anual equivalente, que mide el coste real de la operación) no inferior al 1% en el caso de que este bajara mucho.
Además, entre las ventajas de este producto financiero, los socios minoritarios del Gobierno destacan que este sería totalmente transparente y sus condiciones estarían publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que, actualmente "se desconoce el perfil de riesgo exigido para cada oferta hipotecaria, lo que hace que el prestatario no pueda elegir o negociar, sino que simplemente acepta unas condiciones que le vienen dadas".
Requisitos para los solicitantes de esta hipoteca
Entre los requisitos que propone Sumar para los prestatarios interesados en esta hipoteca, destacan que estos tengan una relación laboral estable y que el préstamo, que tendría una duración máxima de 30 años (30 años), no le supusiera una carga financiera superior al 40% de sus ingresos.
Además, la hipoteca serviría para cubrir como máximo el 80% del valor de la vivienda. El sistema de amortización podría ser francés (el más común en España) o alemán (con cuotas decrecientes) y no se pagarían comisiones de apertura ni de cancelación. El objetivo es que cualquier persona que cumpla las exigencias previstas y ya tenga una hipoteca pudiera cambiarse a esta.
¿Cuándo se aprobará?
Esta medida ya formó parte del documento con la batería de propuestas trasladadas por Sumar al PSOE para la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2025, sin embargo, para que la iniciativa llegue a materializarse, aún debe superar un largo proceso. Por eso, el de este martes es solo un primer paso en el que el Congreso decidirá si abordar el asunto o no.
Las cifras detrás de la propuesta
En España han predominado las hipotecas de tipo variable. Tanto, que para 2015 llegaron a suponer el 90%, aunque tras el pinchazo de la burbuja, las de tipo fijo o mixto han ganado protagonismo hasta suponer seis de cada 10 contratos hipotecarios, según explican desde Sumar. Sin embargo, la "previsible y progresiva rebaja del euríbor en los próximos meses promete hacer nuevamente prevalente la hipoteca a tipo variable", añaden.
Además, "Los datos del Banco de España y de la Asociación Hipotecaria Española revelan que, en junio de 2022, antes del inicio de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, más del 70% de los 626.680 millones de euros del saldo vivo total en créditos hipotecarios (50% del PIB) estaba sujeto a un tipo de interés variable, lo que coloca a España en una posición anómala y vulnerable ante cualquier proceso inflacionista", señala Sumar.
