La esperada comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes valencianas para dar explicaciones sobre la gestión de la mortífera DANA defraudó por completo. Bajo una prolija descripción de los hechos, intentó esconder su responsabilidad como máxima autoridad aquel 29 de octubre, en el que estuvo desaparecido hasta pasadas las 19h. Eludió justificar por qué no suspendió ese largo almuerzo con una periodista, a la que supuestamente intentó convencer para dirigir la televisión valenciana. Mientras tanto, la responsable autonómica de emergencias, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se encontraba desbordada, e incluso desconocía la existencia del sistema ES-Alert a través de los móviles poco antes del tardío aviso de las 20.11h. Mazón solo reconoció una responsabilidad difusa, básicamente no haber actuado de forma más rápida y coordinada, pero descargó la culpa en "los fallos del sistema" y en los órganos estatales, disparando contra la Aemet, la UME y escudándose en un supuesto apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
No hubo autocrítica en Mazón, ningún ejercicio honesto de mea culpa, sino solo el intento de autoexculparse y descargar en otros la responsabilidad de su negligente comportamiento. La magnitud de la catástrofe y la ineptitud autonómica del primer día eran razones más que suficientes para que el Gobierno español hubiera declarado el estado de alarma, poniéndose al frente de la emergencia, evitando la pérdida de tiempo en solicitudes y el juego de reproches que ahora practica el Gobierno valenciano sobre la falta de ayuda o la tardanza en recibirla. En la sesión de control en el Congreso de este miércoles veremos también si Pedro Sánchez es capaz de hacer autocrítica de algo, o el barro de Valencia enfanga aún más la nauseabunda polarización de la política española.
Capítulo aparte merece Teresa Ribera, a quien el PP acusa de haber estado ausente durante el desastre, ocupada en preparar el salto como número dos de la nueva Comisión Europa, y sobre todo ser responsable como ministra de Transición Ecológica de no haber ejecutado los proyectos de mejora de los peligrosos barrancos del Júcar. La vicepresidenta de Sánchez debería sin duda haber dimitido cuando fue propuesta en septiembre por Von der Leyen para ese importantísimo cargo, como es habitual en los candidatos a comisarios. Es una mala praxis no cesar hasta el último día, y ahora Ribera podría acabar perdiendo el puesto en Bruselas en función de cómo evolucione el órdago del PP europeo, liderado por el bávaro Manfred Weber, a las puertas de unas elecciones en Alemania donde la extrema derecha está impulsada por la crítica al Pacto Verde europeo y la victoria de Donald Trump.
