Una vez investido como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha puesto en marcha desde este mismo lunes una serie de medidas, a través de la firma de órdenes ejecutivas, en su primer día de mandato. El magnate, que ha detallado ampliamente en su discurso las prioridades de su segundo mandato, ha puesto el foco en la inmigración: Trump pretende declarar la emergencia nacional en la frontera con México ante lo que ha calificado como una "invasión" de inmigrantes procedentes de Latinoamérica.
"Toda entrada ilegal será detenida inmediatamente y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de los que venían", ha prometido el nuevo presidente, que ha detallado una serie de medidas para blindar la frontera y contra la inmigración, los cárteles y bandas extranjeras "a un nivel que nadie ha visto antes".
Emergencia nacional para proteger la frontera y construir el muro
Trump ha asegurado que declarará la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos para frenar la entrada ilegal de inmigrantes y ordenar la devolución de "devolver a millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de los que venían".
En Estados Unidos, el presidente tiene la potestad de invocar la emergencia nacional para asumir o activar poderes extraordinarios para afrontar situaciones de seguridad nacional. La ley que regula la emergencia nacional, que data de 1976, permite a presidente desbloquear capacidades y recursos en tiempos de emergencia, si bien el Congreso puede decretar el fin de la emergencia.
Al declarar la situación de emergencia nacional en la frontera sur, Trump podrá movilizar fondos públicos para, por ejemplo, reforzar la protección y las barreras fronterizas entre México y Estados Unidos, lo que le permitirá financiar la construcción del famoso muro fronterizo, una vieja promesa de campaña durante su primer mandato.
Despliegue del ejército en la frontera con México
Junto a esta declaración de emergencia, Trump ha anunciado su intención de enviar a tropas del ejército a la frontera con México "para repeler la vergonzante invasión de nuestro país".
Aunque el nuevo presidente asegura que es su "responsabilidad como Comandante en Jefe", en este caso no está claro que pueda movilizar recursos y personal militar de forma unilateral en la frontera: las leyes establecen numerosos requisitos para el despliegue de tropas en suelo estadounidense: el Congreso es el único que puede autorizar esas intervenciones en casos de emergencia, así como conceder fondos para ello.
Los cárteles y bandas, "organizaciones terroristas" y 'enemigos extranjeros' de EEUU
En la misma línea, Trump ha señalado a los cárteles y ha anunciado su intención de designarlos como organizaciones terroristas extranjeras e invocar sobre ellos la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta norma, aprobada en 1798, permite al presidente autorizar la detención de ciudadanos extranjeros de países considerados enemigos de Estados Unidos.
La polémica ley fue aplicada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial: entonces, el presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó la detención y reubicación de inmigrantes japoneses, alemanes, austro-húngaros e italianos residentes en EEUU. Sin embargo, la aplicación de esta norma en tiempos de paz contra un país con el que Estados Unidos no está en guerra da lugar a muchas dudas jurídicas.
Trump asegura que utilizará el "inmenso poder federal" para eliminar a "las bandas extranjeras y redes delictivas que traen crimen devastador a territorio estadounidense". Designar a los cárteles y sus redes como organizaciones terroristas globales permitiría al Gobierno actuar con medidas especiales contra ellos.
Trump quiere poner fin a los derechos de asilo y ciudadanía por nacimiento
Aunque el presidente no se ha referido específicamente a ello en su discurso, asesores de la nueva administración han asegurado a medios como el The New York Times o Reuters que los planes de Trump contra la inmigración ilegal pasarían por cerrar la frontera a los migrantes que busquen asilo en EEUU y eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento -cualquier persona nacida en Estados Unidos adquiere la nacionalidad del país, independientemente del estatus migratorio de sus progenitores-, reconocido en la Enmienda 14 de la Constitución.
Conseguir eliminar este derecho, sin embargo, supondría una reforma constitucional, algo que Trump no puede hacer por sí solo. Además, esta decisión también implicaría todo tipo de reclamaciones e impugnaciones legales, por lo que aún no está claro como se afrontaría esta pretensión.
Trump también tendría el objetivo, en materia migratoria, de suspender los reasentamientos de refugiados en Estados Unidos y revisar la seguridad para endurecer la concesión de visados de viaje a los nacionales de determinados países.
