El Consejo de Europa insta al Gobierno a que reforme el sistema de despido improcedente para que tenga en cuenta los daños reales sufridos por los trabajadores afectados y sus circunstancias individuales. Este organismo internacional ha emitido una recomendación al Ejecutivo para que cambie la ley que regula este tipo de ceses, de tal forma que se asegure la protección de los trabajadores y se disuada su uso por parte de las empresas. Algo que abriría la puerta a un sistema de despido 'a la carta', adaptado a cada caso.
Así lo ha trasladado el comité de ministros del Consejo de Europa en un comunicado hecho público este miércoles. Aunque las recomendaciones de este organismo no son vinculantes —es decir, no son de obligado cumplimiento— el anuncio añade más presión al Gobierno para que tome cartas en el asunto en una cuestión sobre la que no hay consenso dentro del Ejecutivo.
Más concretamente, el comunicado hace dos recomendaciones al Gobierno. En primer lugar, que "continúe con los esfuerzos" para garantizar que las indemnizaciones por despido improcedente sea disuasoria para las empresas "con el fin de proteger a los trabajadores de los despidos ilegales". Los 33 días de indemnización por año trabajado con tope en 24 mensualidades que recoge la normativa actual no se consideran suficientes.
En segundo lugar, la organización con sede en Estrasburgo insta al Ejecutivo a "revisar y modificar la legislación relevante" para garantizar que las indemnizaciones en estos casos tengan en cuenta "el daño real sufrido y las circunstancias individuales de su caso". Algo que algunos tribunales ya han empezado a reconocer, al conceder compensaciones superiores a los máximos que fija la ley. Finalmente, solicita al Gobierno que traslade las acciones que está tomando para cumplir con estas recomendaciones en el informe de seguimiento de la decisión.
La recomendación del Consejo de Europa se produce después de que este mismo organismo le diera la razón al sindicato UGT en una demanda interpuesta contra el sistema de despido improcedente en España. El pasado marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) —que forma parte del Consejo de Europa— falló a favor de las pretensiones del sindicato. La resolución, que se conoció en julio, iba en la misma línea del comunicado publicado este miércoles: el despido improcedente español no resarce ni disuade lo suficiente y, por tanto, es contrario a la Carta Social Europea.
La Carta Social Europea es un tratado internacional amparado por el Consejo de Europa y que España suscribió en 2021. En su artículo 24 —el que el CEDS considera incumplido— reconoce "el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada". Sin embargo, el carácter vinculante de las resoluciones del CEDS no está del todo claro.
Los sindicatos han defendido en numerosas ocasiones que los tribunales están obligados a aplicar las resoluciones del CEDS y que el Gobierno debe adaptar la legislación a ellas. Sin embargo, el ala socialista del Gobierno y los empresarios sostienen que se trata de meras recomendaciones que no tiene mayor trascendencia jurídica. Países que han recibido resoluciones similares, como Francia o Italia, no las han plasmado después en su ordenamiento jurídico.
