Segunda oportunidad en el Congreso para empezar a tramitar una ley para regular y establecer límites a los alquileres de temporada. Este martes, la Cámara Baja volverá a debatir la toma en consideración de una norma que, el pasado mes de septiembre, Junts derribó por sorpresa junto a PP y Vox pese a haber prometido al resto de socios del Gobierno que no lo haría. En principio, en esta ocasión sí hay serias opciones de que la votación salga adelante, puesto que Junts ha visto con buenos ojos las pequeñas modificaciones introducidas con respecto al anterior texto para salvaguardar las competencias autonómicas en materia de vivienda.
La proposición de ley que se someterá a debate y votación ante el Pleno del Congreso es, básicamente, la misma que cayó en septiembre, cuando Junts decidió apenas unos minutos antes de la votación unir fuerzas con PP y Vox para tumbar la normativa. La jugarreta de los independentistas catalanes generó una importante polémica, tanto que en días posteriores los principales dirigentes de Junts tuvieron que salir a argumentar que su decisión se debía a que la ley invadía "competencias de Cataluña" y se mostraron dispuestas a seguir negociando.
No obstante, sus explicaciones no calaron: no solo el Sindicato de Inquilinos acusó a Junts de "mentirosos" y de "condenar a los inquilinos a la miseria", sino que incluso grupos próximos a Puigdemont como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tacharon de "gravísimo" el rechazo del partido a tramitar la ley. Aprovechando esa situación, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG volvieron a registrar el texto en octubre, a la que se le ha añadido una nueva disposición adicional duodécima para que, en los casos de las comunidades autónomas que hayan desarrollado legislación propia en materia de vivienda, será de aplicación "la normativa autonómica, respetando así la división competencial".
Fuentes del ala minoritaria del Gobierno que lidera Yolanda Díaz se muestran convencidas de que, esta vez sí, la norma recibirá los apoyos suficientes para empezar a tramitarse en el Congreso, aunque después le quedará una larga tramitación antes de entrar en vigor, si es que es finalmente aprobada.
En resumidas cuentas, lo que pretende la proposición de ley es equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. El objetivo último de la iniciativa, según sus impulsores, es que deje de ser atractivo para muchos arrendadores poner sus pisos en el mercado de alquiler temporal, una vía que ahora mismo les permite eludir muchas de las salvaguardas para los inquilinos.
En concreto, la proposición de ley establece que, en contratos de duración temporal, se prohíba el cobro de honorarios de agencia al inquilino, así como que se limite la cuantía de la fianza que pueden exigir los propietarios, que no podría ser superior al valor de media cuota mensual (en el caso de los alquileres de vivienda habitual, la fianza máxima es de dos mensualidades). Además, la reforma plantea que se pudieran aplicar los límites de precios que ya recoge la ley de vivienda para zonas de mercado tensionado, unos topes que, hoy por hoy, solo se han puesto en marcha en Cataluña, Navarra y algunos municipios del País Vasco puesto que las comunidades gobernadas por el PP y el resto de las lideradas por el PSOE se niegan a aplicarlos.
De la misma manera, se plantea restringir la posibilidad de alquilar la vivienda con un contrato menor a los cinco años de duración que establece la ley, algo que únicamente se podría hacer, si se aprueba la norma, justificando debidamente el motivo "y su conexión con la duración prevista". "En caso de no quedar debidamente acreditadas, se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual", con todo lo que ello implica: entre otras cosas, que no se podrá subir el precio más allá de lo marcado por ley durante ese tiempo, establece la proposición de ley.
