El Gobierno y sus socios parlamentarios han dado el primer paso para reformar la ley mordaza, tarea pendiente de la anterior legislatura. Con el apoyo de la mayoría de investidura y el rechazo del PP, Vox y UPN, el Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la reforma de la ley de seguridad ciudadana. La proposición de ley incluye tres cuestiones pactadas entre el PSOE, Sumar y EH Bildu a comienzos de octubre: la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios y de las devoluciones en caliente de migrantes, y la regulación de las faltas de respeto a la autoridad. Su toma en consideración ha sido aprobada por 176 votos a favor y 170 en contra.
Estos fueron los asuntos que frenaron la tramitación de la reforma de la ley mordaza en la pasada legislatura, dado que el Ejecutivo y sus socios parlamentarios mantenían un consenso sobre el resto de la ley. El esqueleto de la misma lo conforman medidas para reducir el margen de arbitrariedad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de ejercer sus funciones, así como para rebajar la cuantía de las multas y convertirlas en progresivas según el nivel de renta, y también para suavizar —y, en algunos casos, eliminar— el castigo para conductas que sí se sancionan con severidad en la norma actual.
Los diputados que han intervenido este martes desde la tribuna de oradores han escenificado un confrontamiento de bloques a lo largo de todo el debate sobre la ley mordaza. Ya al comenzar el Pleno, el diputado socialista David Serrada anunciaba este clima de enfrentamiento: "Hoy esperamos bien poco de las derechas, seguro que la cofradía del santo reproche desfilará por esta tribuna por sus bulos".
Serrada ha querido defender la reforma de la ley de seguridad ciudadana partiendo de "los argumentos de la derecha". "Si ustedes dicen que vivimos en una dictadura, ¿para qué vamos a mantener una ley que la legitima coartando la libertades de los ciudadanos? Si dicen que vivimos en el caos y la inseguridad, ¿para qué mantener una ley que es incapaz de resolverlo? Si dicen que confían en las instituciones europeas, ¿para qué mantener una ley sobre la que la Comisión de Venecia se ha pronunciado ya negativamente?", ha expuesto el diputado.
Pero el Partido Popular mantiene su ofensiva, que ha corrido a cargo del portavoz Miguel Tellado. Según ha dicho el diputado del PP, la votación de este martes es "el enésimo ejemplo que certifica que estamos ante un Gobierno completamente agotado y podrido; un Gobierno que carece de iniciativa y de acción política, que se alquila al mejor postor para permanecer en el poder". Desarrollando este primer argumento, Tellado ha repasado los "peajes" del Ejecutivo de Sánchez a sus socios parlamentarios.
Ha citado la amnistía negociada con Junts, el "cupo separatista" negociado con ERC, la cesión de la alcaldía de Pamplona a Bildu, la negociación de la ley de memoria democrática y la reforma legal que conmutará las condenas impuestas a etarras en Francia. Una vez acabada esta enumeración, Tellado ha anunciado que "ahora Bildu vuelve a ser quien exige su premio más apetitoso, rebajar la protección a un colectivo que siempre ha tenido en su punto de mira". Un premio que se concede a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, ha subrayado Tellado.
He aquí el principal argumento del PP contra la reforma de la ley mordaza: "El Gobierno sabe que va a suponer un mayor riesgo para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero le da igual. Por encima de los agentes y su integridad física, lo que les importa es seguir en sus cargos".
Argumento al que se adhiere Vox, si cabe con más ímpetu que el PP. El diputado Ignacio Hoces ha reprochado este martes al Gobierno que ponga la seguridad ciudadana "en manos de los herederos del terrorismo". Y ha asegurado que "la 'ley de inseguridad ciudadana' abandona a su suerte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En cambio, a Enrique Santiago, diputado de Sumar, reformar la ley mordaza le parece "una urgencia democrática". Frente al discurso de Hoces, que ha anticipado tiempos de "delincuencia y degradación", Santiago ha puesto de relieve que "España es un país seguro, tranquilo y sin problemas de orden público". Por tanto, ha reivindicado la "necesidad de ampliar derechos de la ciudadanía" y el "amplio margen" para hacerlo "sin comprometer la seguridad ni la labor de la Policía". El diputado de Sumar ha finalizado su intervención aludiendo a una directriz de las Naciones Unidas: "La intervención policial siempre debe tender en la medida de lo posible a ser disuasoria y reparadora".
Se podrán celebrar protestas sin avisar previamente
Uno de los cambios que introduce la proposición de ley es la posibilidad de celebrar protestas sin comunicación previa, algo que actualmente se sanciona con multas de entre 100 y 600 euros. Por otro lado, se modifica un artículo que permite multar a los organizadores de una manifestación si durante la marcha se producen disturbios. También se suprime, directamente, otro de los puntos más polémicos de la ley mordaza: el que considera infracción grave —con multa de hasta 30.000 euros— las manifestaciones que provoquen "perturbación grave de la seguridad ciudadana" frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas.
Por otro lado, se reducen considerablemente las sanciones por faltas leves (entre 100 y 500 euros, en vez de 600) y faltas graves (entre 500 y 25.0000 euros, antes hasta 30.000). Por tanto, se suavizará la sanción económica por tenencia de sustancias estupefacientes como el cannabis, que ahora es de 600 euros y ahora podrá reducirse hasta los 100. Además, la reforma negociada establece que las multas tengan una cuantía progresiva, que fuera diferente en función de la renta del sancionado.
La reforma que ahora se retoma también recoge la rebaja a un máximo de dos horas —ahora mismo son seis— el tiempo que puede tardar la policía en identificar a una persona, salvo causa excepcional.
