Las dos cámaras del poder legislativo van camino del choque frontal a cuenta de la reforma legal que permitirá a 44 presos etarras conmutar los años que hayan pasado en prisión en otros países y, por tanto, no comenzar de cero sus condenas en España. Tras la decisión que tomó el martes la Mesa del Congreso de dar luz verde a la norma para su entrada en vigor obviando la exigencia del Senado de que se votase de nuevo, este miércoles el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán (PP), redobló el pulso y volvió a solicitar lo mismo, pero por escrito en una carta dirigida a su homóloga del Congreso, Francina Armengol.
En su misiva, remitida este miércoles en torno al mediodía, Rollán se reafirma en los argumentos jurídicos que ya esgrimió el lunes pasado para enviar de nuevo, y por sorpresa, el texto a la Cámara Baja. Básicamente, estos argumentos son tres: que no existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional aplicable a este caso (pese a que el propio PP creía hasta el lunes pasado lo contrario), que el voto en contra del pleno del Senado a la reforma legal que beneficiará a presos etarras equivale a haber aprobado contra ella un veto, la figura parlamentaria que sirve en la Cámara Alta para expresar el rechazo a una norma, que PP y Vox olvidaron presentar; y que el Senado ha tramitado el texto en tiempo y forma.
El quid de la cuestión es el segundo de esos argumentos, el relativo a si puede entenderse que el Senado rechaza una ley remitida por el Congreso sin haber votado expresamente ningún veto presentado por algún grupo parlamentario contra esa norma. La carta de Rollán critica que, a su juicio, la Mesa del Congreso haya incurrido "en un manifiesto exceso competencial" precisamente por considerar, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el Senado solo tiene la misión de vetar o enmendar las normas, y que si no aprueba expresamente un veto a una proposición de ley da igual que posteriormente vote en contra del conjunto del texto.
Esta interpretación del Congreso, considera Rollán, es inadecuada porque, a su juicio, "no existe jurisprudencia constitucional aplicable a este caso, al tratarse de un caso inédito: nunca se había producido un rechazo por mayoría absoluta en el Pleno sin previamente haberse presentado formalmente vetos ni haberse aprobado enmiendas". Esta es la clave del conflicto, puesto que la Cámara Baja opina lo contrario y cree que el Tribunal Constitucional sentó doctrina en 2002, cuando sentenció sobre un caso ocurrido en 1995 en el cual el Senado también rechazó el conjunto del texto de una ley sin haber, previamente, aprobado ningún veto contra ella.
La discrepancia entre Congreso y Senado se produce porque ese caso, una proposición de ley para declarar reserva natural las salinas de Ibiza (Ses Salines), es muy similar al actual, pero no exactamente igual. En 1995, el PP sí presentó una propuesta de veto a la ley, que fue rechazada por el Senado, lo mismo que ocurrió posteriormente con el texto completo de la norma. La diferencia con el caso de la ley que beneficia a etarras, no obstante, es que en esta ocasión ni siquiera ha habido votación sobre un veto porque al PP y a Vox se les olvidó presentarlo: lo único que ha hecho el Senado es pronunciarse sobre el conjunto de la norma, rechazándola.
El Congreso cree que, al no haberse presentado ni votado ninguna propuesta de veto en el Senado, la ley ha quedado automáticamente aprobada, por mucho que la Cámara Alta haya rechazado posteriormente el conjunto del texto. Y se apoya en que eso es, precisamente, lo que determinó el Constitucional en 2002, cuando resolvió sobre el conflicto de 1995 y estableció que, si el Senado no aprueba un veto, pierde su oportunidad de bloquear una norma, puesto que la Cámara Alta solo tiene dos funciones constitucionales: o vetar una norma expresamente, o enmendarla.
"Sorprende, asimismo, la celeridad en la toma de la decisión que sustenta el acuerdo que se nos comunica por parte del órgano rector de la Cámara Baja, decisión que fue tomada en el día de ayer, sin estar el asunto incluido en el orden del día y habiendo llegado al Congreso mis oficios apenas unas horas antes", critica por último Rollán, que denuncia, igualmente, que "la comunicación del acuerdo" remitida por el Congreso "no viene respaldada por informe alguno de los servicios jurídicos", aunque sí se basó en ellos. "Se despacha así, rápidamente y en pocas líneas, de un modo que podría calificarse de frívolo e inconsistente", el asunto, espeta la carta.
