La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido reflexionar sobre la proporcionalidad del registro practicado este miércoles en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito "menos grave", lo que obliga a una fundamentación reforzada de la medida.
En un comunicado, la asociación de carácter progresista ve "fundamental" que se preserve el resultado de la diligencia de investigación y se eviten "las filtraciones que tienen lugar en casos similares". Considera que el registro e incautación de las comunicaciones del fiscal general ordenado por el Tribunal Supremo invita a reflexionar "sobre la proporcionalidad de las medidas que afectan a los derechos fundamentales" en el ámbito de una investigación penal, y subraya que la jurisprudencia del propio Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDG) obliga a una fundamentación reforzada de esta medida.
La asociación recuerda que debe procurarse la menor afectación de los derechos fundamentales "si existen otras medidas que suponen menos injerencia" y pide evitar filtraciones que podrían suponer que, "para garantizar el derecho de defensa de quien se presenta como perjudicado (el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso), se vulneren los derechos fundamentales de otras personas".
Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este miércoles a la Fiscalía General del Estado en torno a las 12.30 horas para registrar el despacho de Álvaro García Ortiz por orden del magistrado del Supremo Ángel Hurtado, al tiempo que otro equipo hacía lo mismo en el despacho de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada.
Lo hicieron apenas unas horas después de que el magistrado pusiese en marcha la investigación contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos sobre los correos en los que la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de defraudar 350.000 euros a Hacienda.
Durante el registro, que duró más de diez horas, los agentes volcaron los ordenadores, móviles y tablet del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, de cuyo despacho también se llevaron algún documento en papel, en virtud del mandato del juez, informan fuentes del caso. Los agentes llegaron a la Fiscalía General media hora antes de que comenzase un acto sobre la investigación de violaciones de derechos humanos, que acabó siendo suspendido.
