Iba a ser un centro comercial y hoy es un centro penitenciario y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) del Gobierno venezolano. Se llama el Helicoide, se ubica en un cerro de Caracas y ahora es denunciado por muchos como uno de los centros de tortura más grandes de América.
Se calcula que unas 1905 personas (de ellas 67 menores) se encuentran en prisión en Venezuela por pensar diferente. "No son presos políticos, sino secuestrados de Maduro", asegura la activista venezolana Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López.
Algunos de estos detenidos pasan sus días en el peor lugar: el Helicoide. Según la Asociación Foro Penal, hoy son unos 70, pero las organizaciones humanitarias estinan que por sus celdas han pasado 15.000 personas.
El edificio inacabado al que cambiaron de uso
El Helicoide iba a ser un centro comercial de lujo. Eran los tiempos de Marcos Pérez Jiménez, el dictador que gobernó Venezuela entre abril de 1953 y enero de 1958. Tras su derrocamiento, el proyecto quedó olvidado.
Se retomó luego ya con planos al detalle. Habría un centro comercial, un hotel cinco estrellas, un parque y un palacio de espectáculos. Era tan rompedor que la maqueta se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pablo Neruda lo calificó de "creación exquisita".
El Helicoide se levantó alrededor de una roca, con una superficie de construcción de 60.000 metros cuadrados. La primera etapa concluyó en 1961; luego siguieron varios parones. Pasaban los años y aquello no tomaba forma.
En 1982 sólo era visible la cúpula geodésica de aluminio como remate de la montaña de hormigón armado. A partir de 1984, se fueron instalando varios organismos del Estado, el más importante, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
Centro de detención de disidentes políticos
Finalmente, en 2009, con Hugo Chávez en el poder, el Helicoide fue reutilizado como centro de detención de disidentes políticos. Es lo que denuncian desde entonces distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, desde Amnistía Internacional a Human Rights Watch, pasando por Una Ventana a la Libertad, Foro Penal o la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).
La inmensa mayoría de los detenidos son activistas contra del gobierno de Nicolás Maduro. Se manifestaron especialmente en 2014. Según Foro Penal, más de 3.000 personas fueron detenidas en esa época. Hoy en Venezuela hay casi 2.000 presos políticos.
"Veía gente cubierta en sangre, otros amarrados, algunos inconscientes", cuenta a la BBC Rosmit Mantilla, quien fue detenido en mayo de 2014 acusado de financiar las protestas. "Tenía la cara tapada con periódico, pero escuché a un guardia pedirle a otro el revólver. 'Te vamos a matar', decían. Y se reían", relata.
Daniela, violada y asesinada
El 16 de mayo de 2018 los reclusos y presos políticos del Helicoide se amotinaron como medida de protesta ante la paliza que recibió un recluso llamado Gregory Sanabria. La policía respondió con gases lacrimógenos y perdigones.
Una Ventana a la Libertad ha denunciado, entre otros, el caso de Daniela Figueredo, apresada en octubre de 2020, acusada de posesión de material estratégico. Fue asesinada el 13 de marzo de 2021, a los diecinueve años, por el funcionario policial Daniel Galarraga cuando manipulaba su arma de reglamento dentro del calabozo y le disparó en el rostro. Todo habría ocurrido cuando el funcionario intentaba abusar sexualmente de la chica.
La ONG recogió testimonios de seis reclusas, que denunciaron que son "hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales" con funcionarios del cuerpo policial a cambio de beneficios. El asunto de Figueredo llegó, vía informe, a Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU no puede entrar en el Helicoide
En julio de 2022, Bachelet informó que a su equipo ya no se le permitía el acceso al Helicoide; tampoco al centro de detención de Boleíta ni a centros de detención militar, lugares todos donde "los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos". Según Amnistía, el pueblo de Venezuela sufre "una implacable crisis de derechos humanos".
El pueblo de Venezuela sufre una implacable crisis de derechos humanos", asegura Amnistía Internacional
En ese contexto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de renovar por un período de dos años los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), además del mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) para monitorear e informar sobre la situación.
Torturas físicas y psicológicas
La BBC habló en 2019 con dos exfuncionarios del SEBIN, que corroboran que en el Helicoide se torturaba a los presos. Uno se refería a "bolsear", asfixiar a la persona con una bolsa plástica. "Al hacerlo les ponían un espejo en frente y decían: 'Mira cómo te estás muriendo'. Vi a detenidos orinarse", contó. Otro afirmó que también utilizaban electricidad. "Usaban una batería con dos cables y se los ponían en los testículos, en la garganta... en cualquier parte", relató.
Según estos antiguos funcionarios del SEBIN, en el Helicoide también se cometen torturas psicológicas. Rodolfo González, un aviador retirado de 64 años, fue detenido acusado de financiar las protestas contra el régimen de Maduro. Le amenazaron con detener a su mujer. "Una noche nos llamó horrorizado. Le dijeron que lo iban a trasladar al día siguiente. Horas después, su vecino de celda lo escuchó respirar de forma extraña. Gritó pidiendo ayuda. Pero era muy tarde...", cuenta su hija Ivette. Rodolfo se había suicidado.
Torturas, impunidad y complicidad judicial
Un informe de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia de este 2024 ha analizado "el uso sistemático de la tortura por parte del gobierno venezolano como una herramienta para infundir miedo y reprimir la disidencia".
Según el documento, titulado Tortura: Política de Estado de Venezuela, los prisioneros en Venezuela han sido "sometidos a aislamiento extremo, agresiones físicas, privación del sueño, falta de acceso a higiene básica, alimentos y agua, y a menudo se les negaba tratamiento médico. Muchos experimentaron descargas eléctricas, golpizas, asfixia y violencia sexual".
El informe acusa de complicidad al sistema judicial. "Está profundamente influenciado por el poder ejecutivo, y los jueces suelen delegar decisiones a los líderes políticos. Las denuncias de tortura son frecuentemente ignoradas, y los jueces desalientan activamente a los prisioneros de contar sus experiencias de tortura".
Finalmente, se señala la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. "Los responsables de la tortura enfrentan poca o ninguna rendición de cuentas, ya que las investigaciones sobre estos casos son sistemáticamente retrasadas o bloqueadas por fiscales y jueces", asegura el documento dado a conocer a través de Red Global Diáspora de Venezuela.
En la web de esta red se señala a los culpables (lista de represores), mientras que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que promueve la defensa de los derechos humanos mediante la documentación, difusión y denuncia de casos de asesinados, mantiene vivo un podcast que da cuenta de las torturas sufridas por muchos.
