El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó el pasado miércoles la entrada y registro de su despacho, la primera diligencia de la causa. La imagen es completamente inédita en esta democracia: varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaron más de 10 horas en la sede de la Fiscalía General del Estado realizando el volcado de todos los dispositivos informáticos de García Ortiz.
El Supremo imputó al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos el 16 de octubre. Ahora, el instructor de la causa debe averiguar si García Ortiz filtró los correos electrónicos intercambiados entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía, que investigaba a González Amador por presunto fraude fiscal y falsedad documental. El primer paso que ha dado el juez Ángel Hurtado en su averiguación es mandar a la UCO al despacho del investigado para recabar toda la información posible, incluido el volcado de los correos electrónicos que ha intercambiado García Ortiz desde el 8 de marzo, días antes de la filtración.
La carrera fiscal, inmersa en un tremendo revuelo desde el 16 de octubre, un asombro acentuado aún más tras la entrada de la UCO en la Fiscalía General del Estado, coincide en una cuestión: la situación es grave. Pero las asociaciones fiscales disienten en el análisis del problema que ha puesto a la institución en esta situación "nociva" y "bochornosa".
El sector más conservador (y mayoritario) culpa al fiscal general por permanecer en el cargo pese a estar imputado, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sostiene que la causa debería archivarse "por manifiesta carencia de fundamento".
El miércoles, el juez que instruye la causa mandó que esa misma mañana, a partir de las diez, la UCO entrase al edificio del número 4 de la calle Fortuny, en Madrid. El escrito especificaba que el registro duraría "las horas que resultaren precisas para la finalización de esta diligencia, habilitando expresamente las horas nocturnas". Fuentes que se encontraban en el edificio en el momento del registro confirman a este periódico que los agentes permanecieron en su interior hasta las 23.00 horas.
Se da la circunstancia de que este miércoles había un acto convocado a las 13.00 horas en la sede de la calle Fortuny. En él iban a participar García Ortiz, la ex fiscal general Dolores Delgado y Luis Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y tuvo un papel esencial en el juicio contra las Juntas Militares de la dictadura argentina.
Cuando faltaban 11 minutos para el comienzo del acto, la Fiscalía General del Estado informó de que se había suspendido sin dar ninguna explicación. "Debió haber bastante descontrol en ese momento, había gente que estaba en su despacho y no se enteró de que había entrado la Guardia Civil", indica a este periódico una fuente fiscal que dicen sentir "auténtico bochorno" ante esta situación.
Otro fiscal que ocupa uno de los despachos del edificio se confiesa perplejo: "Es que te lo cuentan y no te lo crees". Este fiscal se enteró de que había un registro en marcha cuando el reloj daba las 13.30 y recibió la alerta de un medio de comunicación. Se fue a comer, confirmó las informaciones con algunos compañeros, regresó a su despacho y se marchó de nuevo a las 19.00 horas. Esta fuente indica que junto al fiscal general del Estado se encontraba en el patio del edificio la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, que deberá representar a la Fiscalía en la causa contra García Ortiz.
Este es uno de los asuntos que más preocupa a una parte de la cúpula de la institución: la imparcialidad con la que puede actuar Sánchez-Conde en una causa que se dirige contra su superior inmediato. "¿De verdad que no está contaminada? No me parece razonable", comentan a este medio fuentes de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera.
En un comunicado remitido este jueves, esta asociación definió el registro como "un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva". El escrito, dirigido a la carrera fiscal en su conjunto, lanza la siguiente pregunta sobre el papel de Sánchez-Conde: "¿Es imaginable la intervención de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación?".
Ante esta anomalía, la AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) consideran que García Ortiz debe dimitir. Esta última asociación se ha personado en la causa que dirige Ángel Hurtado y ha pedido a este magistrado que suspenda de funciones al fiscal general, una petición que ya había hecho previamente la asociación Manos Limpias. "Que un fiscal general se encuentre todo el día con el despacho registrado, en un contexto en la que su número 2 es la representante de la Fiscalía en la causa, no es normal", subraya a este periódico un miembro de la APIF.
Coinciden con esta afirmación en la AF: "La imagen de la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado no puede dejar a nadie indiferente. García Ortiz debería dimitir". Desde ambas asociaciones consideran que la decisión de Ángel Hurtado de mandar a la UCO a la Fiscalía no puede tacharse de "desproporcionada".
En tanto que el instructor trata de averiguar quién filtró a los medios el pacto fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía, e investiga al fiscal general por esta filtración, volcar sus dispositivos electrónicos parece "la medida más efectiva", aseguran. Más aún cuando el secreto profesional permite a los periodistas mantener ocultas sus fuentes.
En la Unión Progresista de Fiscales, sin embargo, no están de acuerdo con el paso que dio el instructor del Tribunal Supremo. Queda patente en un comunicado que se emitió el mismo miércoles, en el que la UPF pone de relieve "las consecuencias altamente nocivas de la decisión judicial de no archivar la causa, no solo para la institución del Ministerio Fiscal sino para la Justicia en su conjunto". El registro de la UCO, es para la UPF "un ostentoso y manifiesto ejemplo" de estas consecuencias.
La asociación zanja el comunicado haciendo "un llamamiento público a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales".
