Así es la dura ley a la que se enfrenta el aficionado del Valencia retenido en Singapur: multa económica y hasta tres años de cárcel

La pareja de españoles, aficionados del Valencia, retenidos en Singapur durante su luna de miel por manifestarse con una pancarta ante la puerta del domicilio del propietario del club, Peter Lim, esperan la resolución judicial de un caso tan inesperado como complejo. En libertad, pero sin pasaportes para abandonar el territorio, todo pende de la consideración de un delito presuntamente tipificado en el país asiático como "vandalismo".

Según especifica el documento de la ley difundido en redes sociales por la periodista y excorresponsal en el país Carmen Calvo, este delito comprende "varios actos diferentes" entre los que se incluyen "robar, destruir o dañar la propiedad pública hasta escribir, exhibir o colgar objetos en cualquier propiedad pública o privada".

Existen matices sobre el delito en función de la propiedad del inmueble, pero el acto de pegar una pegatina en la puerta (con el lema 'Lim Out') llevado a cabo por Daniel —el aficionado del Valencia en cuestión— encaja a la perfección en la tipificación de "vandalismo".

Cierto es, por otro lado, que los actos llevados a cabo por este ciudadano español se puede encuadrar en otras categorías del Código Penal u otros reglamentos. Esto quiere decir, a fin de cuentas, que las posibles penas que puedan acarrear estos actos se dividen en tres:

1. Si el delito se considera 'Vandalismo': podría recibir desde una multa de 2.000 euros o una pena de cárcel de tres años. En la pena de cárcel se incluyen entre tres y ocho azotes por bastón, aunque el hecho de que las modificaciones en la puerta del domicilio de Lim no se han hecho con elementos indelebles y que haya sido la primera sanción de este estilo del aficionado, le eximiría de ese castigo.

2. Si el delito se considera 'Travesura': acarrearía una sanción económica o una pena de cárcel de hasta dos años.

3. Si el delito se considera 'Tontería': la sanción se limita a una multa de un máximo de 1.000 dólares.

La decisión de la Fiscalía, normalmente basada en las resoluciones de casos similares previos, sigue en el aire. Mientras, las autoridades diplomáticas españolas siguen de cerca un caso que ya copado gran parte de la actualidad deportiva en España.

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