A Tom Wolfe, padre del nuevo periodismo norteamericano, se le atribuye una de las frases que resume la consideración social que se ha tenido en muchos momentos del oficio: "No le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista en un burdel".
Luis Cediel, director general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip), utiliza la cita para explicar lo que sienten los trabajadores del sector, que, muchas veces por ignorancia o por el "castigo" que le inflige la clase política, no cuenta con el visto bueno de la sociedad: "No le digas a mi madre que trabajo en la industria del plástico...", dice irónico y entre risas.
Este domingo, 8 de diciembre, se cumple un año de la pérdida por parte del buque liberiano Toconao de seis contenedores con un total de 26 toneladas de pellets que fueron a parar al litoral de Asturias, Cantabria, País Vasco y, sobre todo, Galicia. Emergía entonces un término con el que la sociedad estaba poco familiarizado, pellet (materia prima con la que se fabrican productos de plástico), y el material volvía a estar en el punto de mira de la población y las instituciones.
De sobra son conocidos los efectos perniciosos que causan en el medioambiente los vertidos de plásticos, pero no lo es tanto el hecho de que, según afirma Cadiel haciendo referencia al último Informe de Cuentas Medioambientales del Instituto Nacional de Estadística (INE), de las 115,4 millones de toneladas de residuos generados ese año, solo 953.800 corresponden al plástico, el 0,8% del total.
En primera posición se sitúan los minerales, que representan un 40,8%, seguidos de los residuos mezclados (34,7%), los animales y vegetales (8,3%), los metálicos (5,2%), el papel y cartón (3,4%), los químicos (2,2%), los equipos desechados (1,4%), el vidrio (1,1%) y la madera (0,9%).
No obstante, desde el 1 de enero de 2023 la industria del plástico tiene que pagar un impuesto de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado, un tipo impositivo que no abonan los dos países que más cantidad de este componente producen en la UE (Alemania y Francia), según denuncia Cadiel en las primeras jornadas organizadas por Anaip para dar a conocer la labor de la industria en materia de economía circular. "Somos los representantes de la transformación y reciclaje que impulsan las empresas", dice el director general de la asociación.
Una paradoja: la industria se adelanta a la política
El gravamen a la producción de plástico impuesto por el Gobierno de España tiene como objetivo incentivar la labor sostenible de la industria. El tipo impositivo insufló a las arcas públicas un total de 663 millones de euros en 2023, 200 millones más de lo que el Ministerio de Hacienda había previsto en un primer momento que recaudaría.
Entretanto, España es el único país de la Unión Europea en el que este impuesto se ha materializado de manera permanente a pesar de que existe un compromiso por parte de las grandes naciones productoras de instaurarlo. Italia, tercera en el ranking, ha aplazado su aplicación hasta siete veces; y Alemania se ha comprometido, en principio, a implantarlo a partir de 2025 tras otra serie de aplazamientos.
La paradoja que se da en este caso es que ha sido la industria la que se ha adelantado a la clase política a la hora de impulsar medidas que minimicen su impacto negativo en el medioambiente. Por ello, el sector, que da empleo directo a 83.217 personas, lamenta que la respuesta gubernamental sea la imposición de un impuesto que "lastra la competitividad de España con respecto a otros países que producen incluso más", afirma Luis Cadiel a 20minutos.
Existe un ejemplo claro de esta máxima: en 2016 la Anaip adquirió la licencia para instaurar en nuestro país el programa Operation Clean Sweep (OCS), una iniciativa originada en Estados Unidos enfocada a cualquier sector de actividad que manipule pellets para evitar las emisiones involuntarias al medioambiente que pueden darse en cualquier punto de la cadena de valor y suministro de los plásticos.
Dicha iniciativa, a pesar de que fue bien vista por el Gobierno, no recibió el apoyo oficial del Ministerio para la Transición Ecológica hasta cinco años después, en 2021. Actualmente, un total de 521 empresas están adheridas al programa OCS, es decir, han manifestado su voluntad de instaurar medidas en sus fábricas que contribuyan a minimizar sus vertidos. De ellas, 61 ya cuentan con el certificado.
La identificación de puntos críticos en las fábricas
Las empresas españolas fueron las primeras de Europa en obtener la certificación OCS. De hecho, Anaip publicó en 2019 un esquema que sirvió de base a Plastics Europe (la asociación que representa a los fabricantes de materias primas del continente) para instaurar el programa a nivel europeo.
Básicamente, la iniciativa consiste en que las compañías lleven a cabo una auditoría interna para localizar sus puntos críticos y encontrar soluciones a las pérdidas de pellets que durante los respectivos procesos pueden sufrir.
Estas medidas pueden ir desde las más sencillas, como la colocación de escobas y recogedores en dichos puntos críticos, a otras más elaboradas, ya sea la utilización de tecnología para la limpieza de las plantas con robots industriales o la instalación de cámaras que registren posibles escapes y envíen señales de alerta.
Con todo, el principal objetivo de la Asociación Española de Industriales de Plásticos pasa ahora por dar a conocer a la población su labor "transformadora y sostenible" en relación a este componente y revertir la visión negativa que se tiene de él.
Además de ser uno de los materiales con mayor vida útil que existen, concluye Luis Candiel, es esencial, por ejemplo, para la fabricación de materiales que en los últimos cuatro años han resultado capitales. "Durante la pandemia lo vimos: se necesitaban mascarillas, respiradores... productos para cuya creación es necesario el plástico".
