La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prepara "medidas legales" contra la nueva tasa de basura que tendrán que introducir los ayuntamientos como muy tarde en abril de 2025 y en la que deberán que repercutir en los ciudadanos el 100% del coste de la recogida, transporte y reciclaje de desechos. Así lo ha apuntado este lunes su presidenta, María José García-Pelayo, tras reunirse en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y comprobar que el Ejecutivo no tiene previsto echarse para atrás en esta obligación.
"La respuesta ha sido que lo ve complicado", ha dicho García-Pelayo en la rueda de prensa posterior a un encuentro en el que en nombre de todos los grupos políticos que forman la FEMP le ha pedido que el Gobierno "rectifique" y no obligue a fijar una nueva tasa que hará que los ciudadanos tengan que pagar la totalidad del coste de retirar y reciclar la basura orgánica y que impedirá a los ayuntamientos a cubrirlo mediante otras vías.
En otra rueda de prensa a continuación, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado sobre la tasa de basuras que "estamos abiertos a buscar mecanismo de flexibilidad". No obstante, el Gobierno no se plantea en dar marcha atrás en la ley que obliga a cada ayuntamiento a crearla y lo único a lo que se abre es a estudiar, como cosa excepcional, el caso de algunos que no puedan asumir su creación, sin más concreción.
Ante el hecho de que como tarde en abril de 2025 los ayuntamientos se verán obligados a crear el denominado "tasazo" de basura, García-Pelayo ha señalado que es "ilegal" porque la Ley de Haciendas Locales impide obligar a los ayuntamientos a crear tasas, junto lo contrario lo que prevé el Gobierno central. "Solo los ayuntamientos tienen capacidad de crear tasas. No puede haber otra administración que nos diga que estamos obligados, el Estado no puede imponer una tasa", ha señalado la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez por el PP.
La nueva tasa de basuras está contemplada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, que dio tres años a los alcaldes para crearlas, que se cumplen en abril de 2025. Tiene su origen en el cumplimiento de una directiva europea para reducir la generación de residuos y hacer efectivo el principio de que 'quien contamina paga' pero que la FEMP recuerda que la UE no obligaba a crear una tasa que redunde 100% en los ciudadanos y que los ayuntamientos no puedan suplir con otros recursos financieros, a pesar de que en un reglamento posterior la creación de un impuesto de este tipo sí aparecía como ejemplo de lo que España podría hacer para cumplir con sus obligaciones en materia de recogida de residuos.
"La UE no exige que sea una tasa, dice que hay que recoger, transportar y reciclar los residuos orgánicos pero no dice a través de una tasa", ha insistido García-Pelayo, que este lunes ha asegurado que "se tomarán medidas legales a partir de abril", la fecha límite para que los ayuntamientos tengan en pie la nueva tasa de basuras. Antes de eso, ha añadido, "estoy segura que nos van a llegar muchos recurso de los ciudadanos" contra una tasa que es "injusta" y "una tropelía".
Recibo medio de 178€ por vivienda
Aunque algunos -pocos- ayuntamientos ya han creado esta tasa de basuras y aplican también rebajas por reciclar, la mayoría de los consistorios españoles viven este final de año y la elaboración de los Presupuestos municipales para 2025 con prisas y muchas dudas acerca de cómo cobrar la nueva tasa. En muchos casos y de manera generalizada en lo del PP, estaba implícita en el IBI con una cuantía menor y ahora tendrán que repercutir el coste en su totalidad a los ciudadanos. Además, critican que el Gobierno no ha dado una pauta concreta sobre qué criterio seguir para determinar su cuantía.
Este lunes, García-Pelayo ha dicho que supondrá un recibo medio de "178 euros" por vivienda, que ha advertido de que también hará subir los alquileres. También la ha calificado "ilegal" por la "discriminación" que supondrá entre ciudadanos de distintas localidades en función del criterio que determine cada ayuntamiento para determinar su cuantía. Según ha dicho, algunos están planteando fijarla por cantidad de personas que viven en la vivienda, otros por su valor catastral y otros, en función de los metros cuadrados.
"No solo es ilegal de origen, porque nos existe una tasa, sino porque los criterios para aplicarlas son de lo más variado", ha apuntado García-Pelayo que en su reunión de este lunes ha trasladado a Sánchez una resolución aprobada por todos los grupos en la Junta de Gobierno de la FEMP en octubre que pide al Gobierno que cree una "regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada Entidad Local" y "respete la autonomía local".
