El 13 de marzo de 2024, Álvaro García Ortiz pasó la noche preocupado por desmentir varias noticias que señalaban que la Fiscalía había propuesto un acuerdo de conformidad a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para eximirla así de una posible responsabilidad penal por dos delitos de fraude y otro de falsedad documental. El fiscal general, afanado en "desmentir un bulo", según sus palabras, puso en marcha a un pequeño equipo de confianza para recabar unos correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, que demostraban que este último propuso el pacto en primer lugar.
Hizo falta incluso sacar a Salto del partido de fútbol que estaba viendo, pero el más alto cargo de la Fiscalía obtuvo en unas horas los mails que había pedido. Minutos después, el contenido de estos mensajes apareció filtrado también en medios de comunicación. Al día siguiente, una nota de prensa de la Fiscalía corroboraba la versión de estas últimas informaciones: Salto no había propuesto el pacto, solo se había abierto a aceptar la propuesta lanzada por el abogado Carlos Neira.
Este jueves se cumple un año de aquella noche en la que el fiscal general pasó preocupado por ganar "el relato" a la Comunidad de Madrid y que se convirtió en el origen de preocupaciones más serias. García Ortiz, que se mantiene en la cúspide del Ministerio Público a pesar de todo, ostenta hoy el título del primer fiscal general imputado en la historia de la democracia española, precisamente a raíz de esta filtración.
La nota de prensa
Al comienzo de todo este episodio, el foco no estaba puesto en ninguna filtración, sino en el comunicado de prensa que se había publicado con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid. González Amador se querelló contra Julián Salto y contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por difundir aquella nota de prensa que señalaba: "El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Alberto González Amador".
La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y admitida por este órgano el 7 de mayo, sostenía que la Fiscalía había cometido un delito de revelación de secretos y vulnerado el derecho de defensa de González Amador al afirmar que este reconoció "hechos delictivos". García Ortiz defendió el 15 de abril que "la Fiscalía tiene la obligación de informar a la opinión pública", y sostuvo que "no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones".
Aquel día ya asumió "la responsabilidad" por la nota de prensa, pero esperó hasta el 10 de junio para reconocer a través de un escrito enviado al TSJM que había dado orden "expresa" de difundirlo. Esto lo ha acabado corroborando la investigación: la nota la redactó su jefa de prensa al dictado del fiscal general, y el contenido del escrito fue motivo de una bronca con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que estaba en contra de su publicación. "Es imperativo mandar la nota porque nos están ganando el relato difundiendo el bulo", le dijo el fiscal general en la mañana del día 14.
Imputado en el Supremo
El instructor del TSJM no tuvo mucha más opción, dado que García Ortiz había admitido que ordenó publicar la nota litigiosa, y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que este órgano, el único competente para investigar a un fiscal general en activo, asumiera la causa. Lo hizo el 15 de julio, y el Supremo imputó a García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos, el 16 de octubre.
Pero no por la nota de prensa, que "aparentemente" no contenía "información indebidamente revelada", sino por la filtración del correo a los medios de comunicación. El enfoque de la Sala de lo Penal cambió por completo el foco de la investigación, que quedó en manos del instructor Ángel Hurtado. La primera diligencia que ordenó el magistrado fue registrar los despachos de los dos imputados y volcar el contenido de sus teléfonos móviles.
Los análisis de los móviles de Rodríguez y García Ortiz tuvieron resultados muy distintos: el volcado del móvil de la fiscal jefa de Madrid mostró que García Ortiz había ordenado recabar los mails que se filtraron íntegramente minutos después de llegar a su buzón de correo; el análisis del teléfono del fiscal general mostró —y así lo acabó confirmando el propio García Ortiz— que este borró todos sus mensajes, además de su cuenta de Google, el día en que el Supremo lo imputó.
A estas alturas, el juez instructor ya da por hecho que "es una evidencia" que el fiscal general del Estado "ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles" y que García Ortiz "pudo ser" quien filtrara la información confidencial. García Ortiz, en cambio, sostiene que el borrado de sus datos es una práctica habitual obligada por "las previsiones legales para proteger los datos" que custodia.
Sea como sea, lo que está claro es que el borrado de los mensajes ha supuesto un importante obstáculo para la investigación. El juez Hurtado ha llamado a numerosos testigos en los meses en los que lleva dirigiendo la instrucción, incluidos políticos (Juan Lobato, Miguel Ángel Rodríguez, Francesc Vallès, Pilar Sánchez Acera), fiscales (Almudena Lastra, Julián Salto...) y periodistas.
Sin embargo, el secreto profesional que ampara a estos últimos ha impedido al juez Hurtado conocer las fuentes mediante las que obtuvieron la información confidencial. Todos ellos han asegurado que el correo del abogado de González Amador llegó a sus manos antes del momento en que, según la UCO, llegó al buzón de correo electrónico de Álvaro García Ortiz. Pero ninguno de ellos publicó la información hasta pasado este momento.
Hurtado sigue intentando por todos los medios a su alcance recuperar los mensajes borrados del fiscal general. Actualmente, el magistrado está pendiente de que Eurojust solicite a Google y WhatsApp la información asociada al usuario Álvaro García Ortiz que aún puedan conservar.
A raíz de la declaración testifical de Juan Lobato se ha desarrollado una línea paralela de la investigación en torno a la posible filtración del correo a Moncloa. En noviembre, el entonces líder del PSOE de Madrid acudió al Supremo con una carpeta bajo el brazo en la que había un acta notarial que demostró que una asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le mandó el correo electrónico por WhatsApp antes de que la imagen del mail apareciera en medios de comunicación.
Sánchez Acera declaró este miércoles como testigo y aseguró que no recuerda quién le envió a ella el mail, que según dijo solo envió a Juan Lobato. Tal y como muestran los informes de la UCO, se lo mandó para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid y atacara a Isabel Díaz Ayuso alegando que su novio había reconocido el fraude fiscal por el que se le investiga.
Tanto Sánchez Acera como el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, que también testificó este miércoles, admitieron en el Tribunal Supremo que cambiaron de teléfono móvil al abandonar sus respectivos cargos en Moncloa. Mientras el juez Ángel Hurtado trata de atar todos los cabos sueltos antes de pedir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que abra un juicio oral contra García Ortiz y Sánchez Acera, el fiscal general teje su propia estrategia de defensa.
Esta se basa esencialmente en señalar que el registro de su despacho fue una diligencia injustificada y desproporcionada, y que supuso una vulneración de su derecho a la intimidad. Unas alegaciones que tienen poco recorrido en el Supremo: el juez instructor las ha desestimado y lo mismo ha hecho la Sala de Apelaciones, que el 21 de febrero subrayó que el registro del despacho es "la única manera" de esclarecer el delito. Después de que esta Sala haya avalado el registro, la estrategia de García Ortiz se enfocará en recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero, tal y como apuntan fuentes del órgano de garantías, antes de dar este paso, el fiscal general debe esperar a que se agote la vía jurisdiccional, es decir, a la sentencia.
