El acuerdo suscrito por el PSOE y Junts para delegar una buena parte de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña cada vez genera más recelos en la izquierda. Primero fue Podemos quien rechazó de plano ese texto, lo cual pondría en jaque su aprobación cuando sea debatido en la Cámara Baja. Y Sumar, que inicialmente recibió sin críticas la proposición de ley firmada por esos dos partidos, empieza a evidenciar su incomodidad con una iniciativa que, consideran algunos sectores de la coalición, da alas al duro discurso migratorio de Junts.
Así como Podemos sí ha declarado su oposición frontal a un acuerdo que califica como el fruto del entendimiento con "un partido anti inmigración que compite con la ultraderecha catalana", dentro de Sumar aún no se ha definido una única posición sobre el acuerdo de delegación de competencias. Las fuentes consultadas, de diferentes sectores y partidos de la coalición, señalan que está pendiente un debate entre ellas para hacerlo. Pero eso es de lo poco en lo que coinciden, puesto que en el seno de la alianza de Yolanda Díaz conviven quienes dan por seguro que Sumar votará a favor de la proposición de ley y quienes creen que hacerlo supondría una nueva derrota en la "batalla cultural".
Con esas palabras lo expresó el mismo martes el diputado Alberto Ibáñez, uno de los dos parlamentarios de Compromís que se integran en el grupo de Sumar. Ibáñez quiso ser cauto y aseguró que están "estudiando la proposición de ley" antes de fijar una posición, pero también llamó a "no enmascarar de encaje competencial lo que es una batalla cultural" influida por el deseo de Junts de "cerrar el paso a Aliança Catalana [la formación de ultraderecha independentista] al igual que el PP hace con Vox". "El debate no es competencial, sino cultural, y vamos perdiendo", insistió el parlamentario, que pidió a su grupo que se "centre" y sostuvo que "el problema es la especulación y el rentismo, no las personas migrantes".
En similares términos se pronunció la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, que calificó de "mala idea" la delegación de competencias migratorias a la Generalitat. Más Madrid, que también tiene dos diputados integrados en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, tampoco fija por ahora una posición de cara a la votación en la Cámara Baja de esta proposición de ley. Pero Bergerot criticó al PSOE por pactar en esta materia con Junts, que "no duda nunca en movilizar el voto a través del sentimiento anti-inmigratorio", y alertó de que la eventual cesión competencial "puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por ver quién aplica políticas más xenófobas".
Esas dos formaciones, Compromís y Más Madrid, son las que han expresado con más claridad las dudas que les genera la proposición de ley. Pero, en privado, fuentes del propio Movimiento Sumar, la pequeña formación liderada por Yolanda Díaz, también admiten que la iniciativa incluye planteamientos "preocupantes", especialmente en su exposición de motivos, una parte que no incluye disposiciones legales pero que sirve para explicar cuál es el espíritu de la norma y la reflexión política que lleva a los proponentes, en este caso PSOE y Junts, a presentarla.
Un "marco" nativista
En dicho preámbulo, los socialistas y los independentistas aseguran que es "responsabilidad de los gobiernos" evitar "posibles efectos" de la inmigración "que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social". Y, además, plantean que "Cataluña apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge". Un marco, dicen, que debe servir para "proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura".
En este sentido, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, señaló este miércoles el riesgo de que "de repente se compre", aunque sea parcialmente, el discurso de Aliança Catalana, que sitúa a la inmigración como una "amenaza". Para la dirigente, es problemático que esta iniciativa se asiente sobre un "marco" mental "que habla de un peligro demográfico, que es un marco que coloca la inmigración como una amenaza, que es un marco que habla de conservar, o que casi podría entrar, si se exagera un poquito más, en la conservación de la pureza".
Fuentes del entorno de Yolanda Díaz, no obstante, aseguran que lo más probable es que Sumar termine apoyando en el Congreso la proposición de ley pactada por PSOE y Junts. Pero otras fuentes, en este caso del sector de IU dentro de la coalición, evitan dar nada por cerrado. "Este acuerdo es entre ellos, y nosotros no nos sentimos interpelados", sostienen estas fuentes, que afirman que "ahora Junts va a tener que asumir que ellos no son los únicos que negocian sus votos" y se muestran partidarias de iniciar conversaciones con los independentistas y con los socialistas para modificar puntos de la norma que no les gustan.
"La descentralización de competencias no tiene por qué ser negativa de por sí" y, de hecho, "que la institución que gestione sea la más cercana al territorio" puede incluso ser positivo, explica un dirigente de IU. Pero la norma, a juicio de la formación, debe dejar claro que "no habrá criterios diferenciados a la hora de tratar a los migrantes" en Cataluña y en el resto de España, así como que el régimen sancionador "no puede ser diferente en un territorio que en otro".
