Un abogado valenciano, Curro Nicolau, ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso en el que acusa al Gobierno de "inactividad" en la gestión de la DANA. El recurso se dirige concretamente contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quienes acusa de una "inacción" que "no tiene cabida en nuestro sistema nacional de gestión de emergencias".
"El presidente del Gobierno, el mismo día de la tragedia, tenía el mandato legal de ordenar el despliegue de todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del ministro del Interior y del delegado de Gobierno en la respectiva comunidad, con independencia del nivel de alerta o del auxilio o petición del gobierno autonómico". Este es el argumento con el que el abogado pide al Tribunal Supremo que "reclame el expediente administrativo" correspondiente y se lo ponga de manifiesto "para formalizar demanda".
En un escrito de siete folios, Nicolau explica que él mismo ha tenido "ocasión de socorrer a familiares en la considerada zona cero de la catástrofe", concretamente en el municipio de Sedavi. "El recurrente tuvo que sortear, 72 horas después del día señalado [29 de octubre], un sin fin de obstáculos y amasijos de vehículos en un claro escenario apocalíptico". El abogado incluso adjunta dos imágenes capturadas en el mencionado municipio, en las que se aprecia la devastación de las calles, repletas de escombros, barro y vehículos amontonados unos encima de otros.
"Ante esta circunstancia de emergencia nacional, el Gobierno de España no activó el denominado Estado de Alarma", relata el recurrente para recordar a continuación que, aún así, "se ha restringido el ejercicio de determinados derechos fundamentales como el derecho de libre circulación contemplado en el artículo 19 de la Constitución".
El abogado sostiene que "resulta palmario que en el presente caso era competencia del presidente del Gobierno ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas", y que Sánchez "tenía la obligación" de desplegar al Ejército. "Las Fuerzas Armadas son las que disponen de los medios adecuados para poder solventar una crisis catastrófica de tal magnitud con centenares de fallecidos y desaparecidos, daños materiales incalculables y más de 150.000 personas en situación de desamparo al no disponer de servicios como agua, luz, telefonía y alimentación", defiende Nicolau ante el Supremo.
A continuación relata que "el presidente del Gobierno y el ministro del Interior decidieron no actuar ordenando" dicha intervención del Ejército "hasta pasadas más de 72 horas desde la inundación comenzada el 29 de octubre". "Con un claro perjuicio para mi persona y para decenas de miles de ciudadanos en la Comunidad Valenciana y otras como Castilla-La Mancha", prosigue el abogado, que no duda en calificar la situación como "un contexto de calamidad y de la mayor penuria vivida en nuestro país desde la última Guerra Civil española".
Se trata de una situación "esperpéntica", continúa el escrito, y concluye: "El presidente del Gobierno no requería ningún tipo de auxilio o petición especial por parte de la Generalitat Valenciana para intervenir".
