El Ministerio de Transición Ecológica está apurando al máximo el plazo marcado por la ley para publicar una cifra oficial de cuál fue la tasa de retirada de botellas de plástico, latas y briks en 2023 y, si es menor al 70%, dar orden a los fabricantes, distribuidores y grandes cadenas de alimentación para instaurar en 2026 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) similar al que existía hasta hace unas décadas con los cascos de cristal. A un día de que el 31 de octubre expire el plazo, el departamento que todavía dirige Teresa Ribera mantiene un silencio absoluto sobre cuáles son sus planes que impacienta tanto a los ecologistas como a la industria.
A falta de horas de presentar los datos y tomar una decisión, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se encontraba en Cali (Colombia) participando en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, "en Europa", según fuentes muy implicadas en estas conversaciones, en un comentario que refleja lo que hace meses se comenta frecuentemente en todos los sectores de su competencia, el vacío de poder que convive con los trabajos a nivel técnico para resolver esta cuestión y que es cada vez más evidente a medida que se acerca su paso a la Comisión Europea.
En todo caso, el silencio sobre qué ocurrirá a partir de ahora se mantiene desde hace semanas y días, con el Ministerio cerrado en banda a dar alguna indicación sobre la cifra oficial de retirada de plásticos el año pasado, sobre si llegó al 70% que marca la ley y sobre, en caso contrario, el siguiente paso para obligar a fabricantes y distribuidoras a implantar un sistema de devolución parecido al que existía hace décadas con los cascos de cristal. El consumidor pagaría un poco más por ellas, las asociaciones ecologistas calculan unos 10 céntimos más, que recuperarían en el momento de depositar el envase en los lugares dispuestos para ellos, por ejemplo, por los grandes supermercados.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Retorna lo considera esencial para avanzar verdaderamente en una progresiva retirada ordenada y reciclaje de plásticos que, de otra manera y como sucede ahora en la mayoría de los casos, denuncian que terminan por millones en "cualquier sitio" como playas o bosques contaminando el entorno. En el otro extremo, la industria mantiene una posición más inmovilista. Ante el fin del plazo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), prefiere esperar a conocer los datos del Ministerio antes de hacer una valoración. Más impacientes se muestran las asociaciones ecologistas, que temen que la industria logre retrasar todavía más o evitar la puesta en práctica del SRRD y auguran una "guerra" sobre la recogida de envases de plástico a partir de ahora. También desde el sector de la recogida de plástico se está viviendo estas últimas semanas antes del fin del plazo con una sensación de incredulidad por el hermetismo que, todavía este martes, mantenía el Ministerio de Ribera sobre algo a lo que está obligado por ley.
70% o sistema de devolución
El paso que tiene que dar el Ministerio está fijado en la Ley de Residuos de 2022 que, como aportación nacional a la directiva europea en la que tiene su origen, permitió un respiro de dos años a los fabricantes y comercializadores de este tipo de plásticos de un solo uso antes de tomar medidas drásticas para asegurar el cumplimiento de unos niveles más exigentes de recogida y reciclado de plásticos, que se sustanciaban en que en 2021 la tasa debía ser del 36%, del 70% en 2023 y de hasta el 85% en 2027.
En lugar de tomar medidas entonces, Transición Ecológica permitió un periodo de transición de dos años que termina este mes de octubre, cuando el Ministerio debe ofrecer un dato oficial correspondiente a 2023. Si se evidencia que, como aseguran las asociaciones ecologistas y también presume el sector del plástico, el año pasado no se llegó al 70% de recogida de botellas de plástico, briks y latas, el siguiente paso será activar el artículo de la Ley que da dos años a la industria para que ponga en marcha un SDDR, que obligará instalar puntos de recogida en sus instalaciones, fábricas o supermercados, ya sea automatizados o con personal, en los que los consumidores deberán depositar sus envases a cambio de una compensación económica.
Acusaciones de "mentir" y datos de Eurostat
La publicación de la esperada cifra sobre la proporción de botellas, briks y latas que se recogió el año pasado servirá también para dirimir en el contencioso que en primavera abrieron públicamente las asociaciones ecologistas, que acusaron de "mentir" a Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro creada por la industria que desde hace ya más de dos décadas gestiona la recogida -en el contenedor amarillo- en base a acuerdos con las distintas administraciones. Con el respaldo de un estudio elaborado por la consultora con base en Bruselas Eunomia, los ecologistas acusaron a Ecoembes de "falsear" sus cifras, que para 2021 dieron una recogida del 71% -que habría superado incluso el del año pasado-, frente aun "índice fiable del 36%" que presentaron ellos.
Ecoembes no quiso entrar en una "guerra de cifras" y desde entonces ha estado esperando, como esperan los ecologistas, las cifras de Transición Ecológica que no terminan de llegar. De momento, lo que hay son datos de la Oficina de Estadística de la Comisión Europea (Eurostat) sobre reciclado de envases y residuos municipales que dicen que en 2022 España procesó el 69,4%, un 0,3% menos que el año anterior. La caída fue más "significativa", admiten en el sector, por lo que respecta al reciclaje de envases de plástico y residuos, que en 2022 fue del 51,5%, un 5,5% menos de lo que reportó Eurostat en 2021 -en base a las cifras de cada Estado miembro- a 18,5% puntos de distancia del objetivo del año pasado, que cuyo grado de cumplimiento sigue siendo una incógnita.
Carta a Ribera
Ante el fin del plazo, 130 organizaciones ecologistas y de la sociedad civil tienen previsto enviar una carta a Ribera para lamentar que se desconozcan los planes de Transición Ecológica, "a pesar de las evidencias de que estamos muy lejos del [objetivo] del 70% y de la voluntad mayoritaria de la sociedad civil de recuperar la práctica de 'devolver el casco'".
También denuncian que el Ministerio no ha cumplido su obligación legal de reportar el dato de 2022, la "falta de trazabilidad y transparencia" que el estudio de Eunomia detectó en el paradero de botellas de plásticos, briks y latas y recuerda que, además de los medioambientales, una insuficiente recogida tienen también efectos económicos negativos, porque desde 2022 España ha tenido que pagar 686 millones por un impuesto europeo de 80 céntimos por kilo de plástico no reciclado.
Las organizaciones se muestran convencidas de que declarar el incumplimiento del objetivo que marca la ley y dar luz verde al Sistema de Depósito es una "obligación ante las evidencias y la realidad de la gestión de residuos de envases en nuestro país" y avisan de con la implantación de un SDDR "está en juego" cortar de raíz la cantidad de latas, botellas y briks "abandonados en nuestros parques, calles, caminos, monte, playas, ríos y mares".
