El Gobierno prepara una reforma del sistema de incapacidad temporal —las conocidas popularmente como bajas médicas— para fomentar las reincorporaciones voluntarias a la actividad en determinadas situaciones. Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno informativo.
La iniciativa, sobre la que todavía no se conocen detalles concretos, será debatida con los sindicatos y los empresarios en una mesa de diálogo social que se convocará de manera "inminente", ha subrayado la ministra.
Saiz ha destacado que la "tecnología y los avances médicos" facilitan que en algunos procesos de baja los trabajadores que lo deseen puedan incorporarse a trabajar. Eso sí, siempre desde la "voluntariedad" y con "garantía de salud". La ministra ha señalado que la regulación actual es muy "abrupta". Solo distingue entre trabajadores de baja o en activo y no deja la puerta abierta a situaciones intermedias.
Saiz ha citado el ejemplo de los pacientes oncológicos, que son uno de los inspiradores del planteamiento. También se ha referido a las bajas en situaciones de pluriactividad, cuando el trabajador sufre una dolencia que le incapacita para uno de sus empleos, pero no para el otro (o los otros).
El anuncio del Gobierno se produce en un contexto en el que las incapacidades temporales se encuentran en máximos históricos. Algo que se explica en buena parte por factores como el nivel récord en el empleo (si hay más personas trabajando, es lógico que también haya más personas de baja) o el envejecimiento de la población activa.
El asunto de las bajas médicas genera una importante división en el diálogo social. Precisamente, una de las últimas mesas de negociación que se han cerrado recientemente ha sido sobre el papel que juegan las mutuas colaboradoras a la Seguridad Social en la incapacidad temporal. Gobierno, sindicatos y empresarios acordaron que los médicos de la sanidad pública puedan derivar a las mutuas el tratamiento de las bajas traumatológicas. Aunque las altas seguirán siendo competencia exclusiva de los facultativos de la pública.
Los empresarios trataron de ir más allá y otorgar un mayor papel a las mutuas, que son asociaciones empresariales que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de estos procesos. Sin embargo, los sindicatos se opusieron. Quizá, precisamente por eso, la medida ha sido recibido con ciertas reticencias en algunas centrales sindicales.
Tras conocerse la noticia, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha pedido a la ministra que tenga "discreción" sobre asuntos que "pueden generar incertidumbre a personas con la salud deteriorada". "No es la mejor manera de avanzar", ha señalado. Bravo ha rehusado valorar la medida y ha declarado que todavía no existe ningún grupo de trabajo sobre esta cuestión.
