El Gobierno ha reaccionado ya a la decisión de Glovo de dejar de trabajar con falsos autónomos y realizar una regularización masiva, y lo ha hecho a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Este es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo", comentó a su llegada al Consejo de Empleo celebrado este lunes en Bruselas, donde aseguró que "centenares de personas se han dejado la piel para que se cumpla la ley". Esto lo ha expuesto después de que Glovo anunciara que tendrá riders contratados en España.
La compañía asegura, al mismo tiempo, que el nuevo planteamiento incluirá la totalidad de ciudades y se aplicará a todos los verticales. Insiste en que abrirá una mesa de diálogo con los sindicatos para "dotar de todas las garantías al proceso". Es una decisión confirmada solo un día antes de que su consejero delegado, Óscar Pierre, declare ante el juez por un presunto delito delito contra los trabajadores. Para Díaz, esto es "una victoria de la democracia". Además, tasa este paso en unos 267 millones de euros, sin contar las sanciones.
"Las normas que hacemos y para quién gobernamos, importa", comentó la vicepresidenta del Gobierno, antes de repetir que "un joven que transita en una bicicleta no es un emprendedor", en una premisa que ha mantenido el Ejecutivo desde el principio de esta 'pelea'. "Hemos hecho normas que así lo disponen, con la denominada ley rider, y para conseguir una directiva para conseguir lo que ha pasado. Ninguna empresa puede imponerse a la democracia", concluyó.
A ojos de Díaz, esto no ha de quedarse aquí. "Si este modelo es posible en España, es posible en la UE. Estamos demostrando que se puede hacer lo que nos decían que no se podía", añadió desde la capital comunitaria. Y lo hizo antes de un Consejo de Empleo que tiene previsto debatir la nueva directiva sobre prácticas remuneradas. Sobre esto, la vicepresidente ha acusado a la presidencia húngara del Consejo de intentar limitar esa normativa. "Queremos acabar con un modelo fallido, que es el modelo low cost".
Pero el asunto de Glovo ha sido la clave de la jornada, pues la empresa ha cedido a la presión. Durante los últimos años ha mantenido un pulso con las autoridades, defendiendo un modelo de repartidores autónomos que, incluso después de varias modificaciones, fue castigado por la Inspección de Trabajo. Según quedó reflejado en un reciente auto del Tribunal Supremo, avanzado por La Información, a la fecha ya se habían extendido actas de liquidación de cuota por importe de 88 millones de euros y actuaciones inspectoras en 39 provincias. Había 140 procedimientos judiciales -124 de los cuales están ahora mismo abiertos-.
