Históricos dirigentes, asesinos sanguinarios y condenados a cientos de años de cárcel. Entre los 45 condenados que conforman el listado de presos de ETA que pueden ver reducida su condena por la modificación de la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, más de una veintena están condenados por delitos de sangre.
Según se conocía este lunes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría dado luz verde en el Congreso, con el sí de Vox y PP, que se elimine de la citada norma la disposición adicional por la que ninguna condena anterior al 15 de agosto de 2010 podría ser convalidada por las condenas cumplidas en otros países de la Unión Europea, como cita la ley general. Según esta, las sentencias de otros Estados miembros deben ser tratadas de manera similar a las sentencias españolas, lo que significa que si alguien ha sido condenado en otro país de la UE, esa condena puede influir en su proceso legal en España si comete un nuevo delito, aunque sea distinto.
Así, según un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fechado en 2022, personajes clave de la historia criminal de ETA como Xabier García Gaztelu, alias Txapote, asesino del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, o José Javier Arizkuren Ruiz Kantauri, el etarra que atentó contra Irene Villa y su madre, podrían estar en la calle en el año 2025.
Según el documento de la AVT, Txapote, que cumpliría su condena el 14 de febrero de 2031, podría quedar libre en 2025 al restar seis años y nueve meses que ya cumplió en Francia por pertenencia a banda terrorista. En el currículo criminal de Txapote hay un total de doce asesinatos, entre ellos el del popular Gregorio Ordóñez en 1995 o del socialista Fernando Múgica un año después. Él también fue quien apretó el gatillo para acabar con la vida de Miguel Ángel Blanco.
Irene Villa, Ortega Lara o Juan Carlos I
El etarra, considerado del ala dura de la organización terrorista y uno de los que jamás ha mostrado arrepentimiento por sus acciones, fue condenado en 2006 en total a 152 años de cárcel, aunque solo cumpliría 30 según el Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos y que fue modificado en 2015 para endurecer las penas por terrorismo.
Precisamente, otra de las beneficiadas de esta modificación de la normativa sería, según el documento de AVT, la pareja de Txapote, Irantzu Gallastegui Sodupe, conocida como Amaia y condenada a 50 años por su colaboración en tres asesinatos, también el del concejal de Ermua. Ella quedaría libre en 2026 pese a que su condena terminaba en mayo de 2032. Se le restan así seis años y tres meses cumplidos en Francia.
El historial de esta etarra lleva directamente a José Javier Arizkuren Ruiz Kantauri. El etarra fue el autor material de la muerte de el dirigente socialista Fernando Múgica, en la que colaboró Amaia. Fue condenado por la Audiencia Nacional como responsable de numerosos atentados terroristas que causaron la muerte de 20 personas y decenas de heridos, así como por su participación en varios secuestros y otros delitos. Entre ellos, el intento de asesinato a María Jesús González y a su hija, Irene Villa en 1991 o el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en Burgos en 1996. También intento atentar contra el rey emérito Juan Carlos I un año antes.
Por todos sus delitos, Kantauri fue condenado en dos condenas distintas de la Audiencia Nacional a 154 años de cárcel. Tras cumplir 30 saldría de prisión en noviembre de 2032, pero una pena cumplida en el país galo de siete años y tres meses de cárcel le lleva directo a la calle en 2025.
425 años: la condena más alta de la historia
En el listado también figura María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, que hace menos de una semana veía su acusación por la muerte de Miguel Ángel Blanco archivada por haber prescrito. La histórica jefa de ETA, también del ala dura, podría estar fuera de prisión en 2026 tras una condena máxima de 30 años. La presa etarra tendría que cumplir su pena en agosto de 2041, pero ya pasó 15 años en Francia, lo que la lleva directa a 2026.
El caso de Anboto, a tenor de la actual normativa por la que se puede condenar a prisión permanente revisable a los terroristas es más que llamativo. La Audiencia Nacional condenaba en 2022 a la exjefa de ETA a 425 años de cárcel por el intento de homicidio de 20 personas durante la colocación de un coche bomba en 1985 cerca del estadio de Mendizorroza, en Vitoria (Álava), donde el equipo de fútbol del Alavés iba a jugar un partido contra el Lleida. La etarra, además, también cumple condena por otros nueve delitos que suman 368 años y ocho meses.
En la lista difundida por la AVT figuran otros históricos etarras como Juan Antonio Olarra Guridi, implicado en diez asesinatos y ahora portavoz del colectivo Presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (EPPK, por sus siglas en euskera). Su condena quedaría cumplida en julio de 2036, pero al haber estado preso siete años y diez meses en Francia, saldría en 2029.
El asesino de Francisco Tomás y Valiente
En el documento también figura Jon Bienzobas, alias Karaka, autor del asesinato del magistrado Francisco Tomás y Valiente en 1996, que podría computar 18 años y tres meses de cárcel por los años cumplidos en Francia. Después de cumplir condenada en Francia durante 18 años, fue entregado a España para cumplir los 30 años máximos tras ser condenado a 266. Su salida está prevista en 2048, aunque restando los años en la cárcel francesa saldría en 20230.
El listado de etarras incluye también a Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi, que podría salir en 2033, Andoni Otegi, Lexuri Gallastegi, Manex Zubiaga, Íñigo Vallejo Franco, Ainhoa García Montero o José Lorenzo Ayestaran, así como a otros miembros de ETA como Juan Luis Rubenach Roig, Jon Joseba Troitiño, Beinat Aguinagalde, Joanes Larretxea Mendiola, Gorka Palacios y Jurdan Martitegi, Liher Artexabaleta o Alaitz Aramendi. Además, hay otra veintena de encarcelados por delitos menores que también se verían beneficiados.
Ante esta reducción de condenas, la AVT calificaba este lunes al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mentiroso, a la vez que aseveraba que "desde el Gobierno" se les negó que "esto fuera a suceder". En un comunicado, la organización no dudaba en decir que preferían pensar que todo ha sido "un error" que se rectificará en el Senado, ya que la norma pasaría el trámite parlamentario este mismo martes, algo que en un principio no se puede tumbar por haber vencido el plazo de veto y enmiendas.
Sin embargo, el PP anunciaba a última hora de este lunes que aplazará la votación, aunque no podrá paralizar su aprobación definitiva, por lo que exigía al Gobierno que retire este proyecto de ley, al ser el único actor que tiene la potestad de vetarlo actualmente. "Si el Gobierno no retira este texto, buscaremos cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias. El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito. Antes, dado que iba a sacar adelante esta modificación legal con sus socios, y también ahora", proclamaba el partido en un comunicado.
