Como ministro de Economía, el socialista Pedro Solbes hablaba del ‘sudoku’ de la financiación autonómica. Es una buena manera de describir la dificultad de cuadrar los intereses tan contrapuestos de las comunidades. Como es sabido, las diferencias entre comunidades pobladas y despobladas, más o menos envejecidas, con sus habitantes dispersos en un territorio más o menos grande, y la existencia de peculiaridades como la orografía son casi irreconciliables.
Así que los gobiernos acaban haciéndose trampas en el sudoku a conveniencia del socio del que depende el partido en el Gobierno. Eso sucedió con el modelo pactado en 2009, bajo mandato de Rodríguez Zapatero e ‘inspiración’ directa de ERC. Caducado desde 2014, ningún inquilino de La Moncloa, tampoco el popular Rajoy, se puso a la ímproba tarea.
Ahora, el modelo sigue mutando a golpe de exigencia independentista (ERC y Junts), en una deriva de consecuencias imprevisibles. Los acuerdos para que Pedro Sánchez pudiera ser investido, en primer lugar, para que pueda seguir teniendo apoyo parlamentario, en segundo lugar, incluyen el pacto de un sistema bilateral de financiación para Cataluña, similar al cupo vasco y ahora una quita de la deuda para esa comunidad… que se extiende, después, a las demás autonomías.
La ministra de Hacienda lo presenta, por un lado, como un regalo inesperado, como un premio sin condiciones para los gobiernos, como un maná financiero que salvará las arcas… y, por otro, como una amenaza. Según su argumentario, si las comunidades del PP rechazan esta dádiva, los efectos serán tan catastróficos que no se entiende que no la hayan aplicado mucho antes.
Pero es muchísimo más complicado y más sencillo a la vez: la deuda no se destruye, solo cambia su ubicación. Los ciudadanos seguirán teniendo que pagarla… esta vez a las arcas estatales, salvo quizás la Generalitat, si se consuma la financiación singular… Así que es muy poco ejemplarizante lo que propone María Jesús Montero: puede derivar en la injusticia de que contribuyentes con rentas bajas en Castilla y León, por ejemplo, acaben financiando, indirectamente, a ciudadanos con rentas más altas, por ejemplo, en Cataluña.
Por eso, la oposición a esta cesión, que supone adaptar todo el sistema autonómico al interés de los socios Junqueras y Puigdemont, no solo tiene enfrente al PP; también a aliados del Gobierno como Compromís o Chunta Aragonesista, a los técnicos de Hacienda. Y, por último pero no menos importante, a la Autoridad Independiente Fiscal (Airef), que ha dejado claro que el aromático e improbable café para todos que proclama María Jesús Montero sería en realidad ayuno para muchos si cumplieran unas condiciones mínimas. Y, mientras, el ‘sudoku’ sin resolver.
