Con el paso de los años, el protagonismo de los líderes del 'procés' ha ido disminuyendo, y más desde que Salvador Illa, del PSC, fuera investido presidente de la Generalitat el pasado agosto tras 12 años de gobiernos independentistas catalanes, pero este martes están de actualidad: se cumplen siete años del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña. Y mucho ha cambiado desde entonces.
De los protagonistas de aquel día, hubo consecuencias para todos. La más grave, la prisión. En junio de 2021 quedaron en libertad aquellos que fueron encarcelados, al recibir un indulto parcial que, sin embargo, no les levantó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, de los que se fugaron al extranjero para esquivar a la justicia, algunos siguen sin haber regresado, como por ejemplo Carles Puigdemont, que amagó con volver y lo hizo durante la investidura de Illa, pero para volver a marcharse.
En resumen, la vida en siete años puede cambiar mucho, y más para aquellos que encabezaron el camino hacia el 1-O:
Los exmiembros del Govern
Carles Puigdemont. Cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, era el presidente de la Generalitat, sucesor de Artur Mas, quien ya tres años antes, el 9 de noviembre de 2014, convocó una consulta soberanista no vinculante y no aprobada por el Gobierno. Puigdemont huyó a Bélgica ese mismo mes de octubre, después de que el día 27 declarara unilateralmente la independencia de Cataluña desde el Parlament y, como consecuencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) aplicara el artículo 155 de la Constitución en la comunidad -lo que supuso siete meses de autonomía suspendida- y fuera destituido de su cargo. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le procesó por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
A pesar de estar fugado, Puigdemont volvió a presentarse a las elecciones catalanas del 21 de diciembre de ese año como candidato de Junts, pero, aunque los partidos independentistas consiguieron sumar mayoría absoluta, no pudo ser investido por su situación judicial, con lo que fue nombrado presidente de la Generalitat Quim Torra.
Desde fuera de España, Puigdemont creó el Consell de la República para explicar el conflicto catalán, organismo que preside desde 2018. En 2019 volvió a la política institucional como diputado en el Parlamento Europeo, pero al decidir presentarse a las elecciones catalanas del pasado mayo de 2024, perdió la condición de eurodiputado, y con ello, la inmunidad.
Tras las elecciones generales del 23-J, los votos de Junts se convirtieron en determinantes para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, lo que Puigdemont aprovechó para pedir la ley de amnistía como condición para darle apoyo.
En las catalanas del pasado mayo, JxCat consiguió romper el empate con ERC, al obtener 35 escaños, pero se quedó lejos del PSC, primera fuerza con 42 diputados. Puigdemont prometió que regresaría a Cataluña para estar en el Parlament durante la investidura de Illa, aún a riesgo de ser detenido, hecho que podía dificultar que el socialista se convirtiera, finalmente, en presidente de la Generalitat. Tal y como aseguró, se presentó en Barcelona ese día, pero no llegó a pisar la cámara catalana. Huyó tras dar un discurso ante sus fieles junto al Arc del Triomf.
Oriol Junqueras. Hasta que fue cesado por el artículo 155 era el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, y sigue siendo presidente de ERC, cargo en el que lleva 11 años. Junqueras pasó tres años y siete meses en prisión y está inhabilitado para el ejercicio de un cargo público hasta julio de 2031.
Sin embargo, tras el 1-O, continuó siendo presidente de ERC, cargó que ocupó unos 13 años hasta que lo dejó tras la debacle electoral de Esquerra Republicana en las elecciones del pasado mayo. Un congreso extraordinario del partido el próximo 30 de noviembre decidirá si Junqueras vuelve a ser el líder de la formación o si alguien le releva en su liderazgo. Su mayor rival será Marta Rovira, una de las protagonistas del 1 de octubre que huyó de España.
Jordi Turull. Era el conseller de Presidencia cuando se celebró el referéndum ilegal y desde junio de 2022 es el secretario general de Junts per Catalunya. También trabaja como abogado. Pasó tres años y cuatro meses en la cárcel por su participación en el 'procés'.
Turull acompañó a Puigdemont durante su vuelta a España en agosto y posterior huida, ambas el día de la investidura de Illa en la cámara catalana. Durante la sesión parlamentaria, se hizo pública una supuesta orden de detención y citación para que declarara por haber ayudado a fugarse a Puigdemont. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desminitió al poco rato que esta existiera.
Toni Comín. El que en 2017 era conseller de Salud, se fugó a Bruselas tras el 1-O y, como Puigdemont, se convirtió en eurodiputado. Se le condenó por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
El pasado jueves, la justicia europea desestimó de manera definitiva el recurso que interpusieron él y Puigdemont contra la decisión inicial del Parlamento Europeo en 2019 de no reconocerlos como eurodiputados y no permitirles ocupar su escaño. El argumento fue que no aparecían en la lista de electos de la Junta Electoral Central (JEC), debido a que no habían cumplido el requisito que fija la legislación nacional de pasar por el Congreso de los Diputados para acatar la Constitución. Desde que en julio el Parlamento Europeo empezó su nueva legislatura, no se le ha permitido ocupar su escaño.
Clara Ponsatí. En octubre de 2017 era consellera de Enseñanza. Primero se fugó a Bruselas junto a Puigdemont y otros exconsellers, pero luego se mudó a Escocia, donde trabajó en la Universidad de Sant Andrews. También es eurodiputada.
En marzo de 2023 regresó a España y fue detenida por los Mossos d'Esquadra. Luego fue puesta en libertad tras ser citada para comparecer ante Llarena, pero no se presentó. El juez volvió a dictar una nueva orden de detención nacional contra ella, quien meses más tarde, anunció que estaba en Barcelona y volvió a ser detenida. No obstante, volvió a salir en libertad y Llarena cerró la instrucción al poder concluir el sumario.
De cara a las pasadas elecciones catalanas de mayo, Ponsatí, junto al filósofo Jordi Graupera, impulsó la formación Alhora, pero esta fracasó al obtener solo 13.759 votos, tras lo que anunció que se apartaría de la "primera línea" política.
Lluís Puig. Era el titular de la consellería de Cultura cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y, acusado de presunta sedición, rebelión y malversación, huyó a Bruselas días después que el resto de líderes del 'procés' que se fugaron.
Puig permanece en Bélgica y es diputado por Junts en el Parlament sin acudir presencialmente.
Meritxell Serret. La exconsellera de Agricultura también huyó a Bruselas y desde allí ejerció de delegada del Govern ante la Unión Europea entre junio de 2018 y marzo de 2021. El día 11 de ese mes se trasladó a Madrid para personarse ante el Tribunal Supremo y quedó en libertad.
En abril de 2023, el TSJC le impuso un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia, debido a su participación en el 'procés'. Ahora está apartada de la política y busca volver al sector privado.
Joaquim Forn. Era el conseller de Interior el 1-O y pasó más de tres años y siete meses en la cárcel, acusado de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Se alejó de Junts, pero forma parte de la cúpula de la entidad independentista Òmnium Cultural. Además, en 2020 empezó a trabajar como consultor jurista especializado en Derecho Público en el Grupo Mediapro.
Dolors Bassa. El 1-O era la titular del Departamento de Bienestar, Trabajo y Familia. Estuvo más de tres años encarcelada. Es copresidenta de la Asamblea de Mujeres de ERC y ha trabajado en la Fundación Hospital de Torroella de Montgrí y en la fundación Josep Irla.
Josep Rull. El que fue conseller de Territorio durante la celebración del referéndum del 1-O también estuvo encarcelado, más de tres años y cuatro meses.
En 2023, fue reelegido como diputado en el Parlament de Cataluña y el 10 de julio de 2024, fue nombrado presidente de la cámara catalana tras ganar por mayoría simple en la segunda votación.
Raül Romeva. Tras permanecer en la cárcel más de tres años y cuatro meses, el que era conseller de Exteriores en 2017 es parlamentario europeo.
Fue el candidato de la Alianza Libre Europa a presidir la Comisión Europea en los comicios del pasado 9 de mayo. El economista, escritor y doctor en Relaciones Internacionales y enCiencias de la Educación y el Deporte, también preside la Fundació Irla, uno de los principales laboratorios de ideas políticas y sociales de Cataluña.
Los exlíderes de entidades
Jordi Sànchez. El 1 de octubre de 2017 era el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Pasó tres años y ocho meses en prisión y concurrió a las elecciones de Cataluña y fue propuesto como candidato a la investidura cuando estaba encarcelado de forma preventiva. Dejó el cargo como secretario general de Junts y fue director de la Crida Nacional per la República, que nació como entidad en torno a la figura de Puigdemont en 2018, se convirtió en partido político en 2019 y se disolvió en 2020.
No se acogerá a la ley de Amnistía, pues confía en los procesos abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Jordi Cuixart. Presidía Òmnium Cultural en la época del 1-O y también estuvo tres años y ocho meses en la cárcel. En febrero de 2022 abandonó su cargo en la entidad y actualmente gestiona su propia empresa. Está inhabilitado. Vive en Suiza desde julio.
En 2022 se fue a vivir a Suiza para abrir un centro I+D de su empresa, Aranow Packaging Machinery, en Neuchatel. Sin embargo, sigue visitando Cataluña regularmente y lidera desde el país helvético la sección Òmnium Civil Rights Europe.
Otros cargos políticos
Carme Forcadell. Cuando se celebró el referéndum unilateral era la presidenta del Parlament. Pasó más de tres años entre rejas después de ser condenada por sedición. Está jubilada y copreside con Dolors Bassa la Asamblea de Mujeres de ERC. También es miembro de la ejecutiva de la Plataforma per la Llengua.
Marta Rovira. Ya ha cumplido 13 años como secretaria general de ERC. Para evitar la cárcel, se fugó a Suiza en marzo de 2018, un día antes de tener que comparecer en el Tribunal Supremo tras ser citada por el juez Pablo Llarena por la causa del referéndum del 1-O. El pasado julio regresó a Cataluña, tras el archivo del caso Tsunami Democràtic.
Anna Gabriel. Fue diputada por la CUP en el Parlament hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155. Tras fugarse a Suiza en febrero de 2018 y ser declarada en rebeldía en julio de ese año, se personó en el Tribunal Supremo en julio de 2022 y declaró ante el juez Llarena. Salió en libertad. En noviembre de 2021 fue la primera mujer en llegar al puesto de dirección del sindicato UNIA en Suiza.
