Construcción de viviendas, control de precios, avales públicos, ayudas al alquiler, moratorias a pisos turísticos... Son muchas las recetas que se han puesto en marcha para abordar el problema de la vivienda. El PSOE quiere centrar en la búsqueda de soluciones a la crisis habitacional su próximo Congreso Federal, en el que los socialistas marcarán sus objetivos hasta 2030. En esa hoja de ruta, el partido de Pedro Sánchez plantea una medida adicional a las que el Gobierno viene aplicando: la creación de un seguro público de alquileres. Este tipo de pólizas existen ya ofrecidas desde el sector privado y su contratación ha crecido en los últimos años. Los propietarios piden ir un paso más allá y agilizar la recuperación de la vivienda tras una situación de impago, mientras que los inquilinos consideran que la única manera de dar protección es bajar los precios.
"Implantaremos un seguro público contra impagos y desahucios que aumentará las garantías de los propietarios y la seguridad de los inquilinos", recoge la Ponencia Marco del 41º Congreso Federal del PSOE, que es el guion en torno al cual los socialistas debatirán del 29 de noviembre y el 1 de diciembre sus objetivos de cara a 2030. Esta hoja de ruta no recoge más detalles acerca de un eventual seguro público del alquiler, aunque sí recalca la voluntad del partido de fomentar el alquiler dando garantías tanto a inquilinos como a propietarios. "Defenderemos y desplegaremos una política de vivienda responsable y eficaz que no enfrente a inquilinos contra propietarios ni prometa soluciones simples a problemas complejos", se comprometen los socialistas.
"Todo lo que sean medidas de apoyo al alquiler es bienvenido, pero lo que no queremos es que se convierta en una excusa para aumentar el precio", valora a 20minutos Javier Íscar, presidente del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA), que ve "interesante" la iniciativa, aunque matiza que un ayuda de este tipo debería ir destinada a alquileres hasta un importe limitado para conseguir dirigirla a quien realmente la necesite. Pone el ejemplo de los avales a jóvenes para la compra de una vivienda, que limitan el importe de la adquisición entre 200.000 y 325.000 euros en función de dónde se encuentre el inmueble.
El Plan Estatal de Vivienda actual ya ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de poner en marcha ayudas al pago del seguro del alquiler que cubran durante un año hasta un 5% de la renta anual para alquileres de hasta 600 euros -ampliable a 900-, si bien se trata de un programa que apenas se ha puesto en práctica. En la misma línea, el PP incluyó en la batería de propuestas sobre vivienda lanzadas a principios de octubre avales públicos para fianzas y ayudas a seguros de impago para "proteger a inquilinos y propietarios".
El Sindicato de Inquilinas se muestra muy crítico con la idea embrionaria del PSOE de un seguro público del alquiler. "Nos parece totalmente indecente sugerir siquiera que se deba garantizar con fondos públicos el beneficio de los rentistas antes que el derecho a la vivienda de las inquilinas", opina Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Por su parte, los propietarios se muestran más prudente. "Veremos en qué queda. Habrá que ver la letra pequeña", valora la vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, Ana González.
Más contrataciones
La contratación de seguros de alquiler ha crecido en los últimos años. Según datos de OESA, la proporción de viviendas que se alquilan con este respaldo ha pasado en tres años de representar el 5% del parque de pisos arrendados al 10%. Las cifras de 2024 apuntan a que en lo que va de año este tipo de pólizas han aumentado un 25,5% respecto a 2023, un alza que el sector achaca tanto al mayor peso del alquiler frente a la compra como a la búsqueda de mayores garantías por parte de los propietarios ante posibles impagos. Fruto de ese creciente interés, han surgido incluso agencias inmobiliarias que anuncian servicios de este tipo sin ser aseguradoras, aunque desde OESA recalcan que no cuentan con el respaldo del Consorcio de Seguros y, por tanto, los propietarios quedarían desamparados en caso de cierre de la empresa, por ejemplo.
Junto a los gastos y asistencia legal al propietario en caso de iniciar un proceso de desahucio y al servicio de mediación para evitar llegar a este extremo, los seguros de alquiler cubren el pago de las rentas ante una situación de impago durante un periodo limitado que puede llegar hasta las 18 mensualidades. "La ventaja es que da tranquilidad a las dos partes y da mesura en el precio del alquiler", sostiene Íscar, que explica que un alquiler asegurado parte de un estudio previo en el que se garantiza que la renta mensual no supere el 40-45% de los ingresos del inquilino, evitando así de base "precios desmesurados" y la exigencia de otras cargas más costosas como el pago de mensualidades adicionales a la fianza o la petición de avales. Aunque lo habitual es que el coste -generalmente en torno a un 5-6% del alquiler de un año- corra por cuenta del casero, el abono del seguro puede recaer sobre el inquilino si así se acuerda.
Del impago al desahucio
"Los seguros se hacen cortos, porque los procedimientos judiciales en algunos casos se alargan más de un año, más si se trata de una familia vulnerable o un gran tenedor", señala la vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad, que apunta a que el mayor "miedo" que disuaden a los propietarios de poner sus pisos en alquiler son la "inseguridad jurídica" provocada por los cambios legislativos y las dificultades para desalojar al inquilino en caso de impago, algo que, a su juicio, no se soluciona con seguros sino con procedimientos judiciales más ágiles.
"Se tiene que garantizar que cuando una persona deja de pagar y no es vulnerable, pueda salir rápido. Si es vulnerable y el Estado no puede facilitarle una solución habitacional, que la administración abone una renta sostenible hasta que encuentra una solución habitacional a esa familia", propone Ana González, que pide acabar con la suspensión temporal aprobada tras la pandemia y revertir el endurecimiento de los desahucios introducido por la ley de vivienda. "El propietario está cargando con una función social que le corresponde a la administración", expresa.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas reclama una mayor protección para las personas que viven de alquiler y apunta a que garantías tomadas por los propietarios como los seguros serían "totalmente innecesarios si los precios no fueran los que son". "La mayoría tenemos que destinar más de la mitad de nuestro sueldo a pagar el alquiler. Caer en una situación de impago es algo a lo que están forzando los precios", denuncia Pablo Pérez, que exige abordar las "causas estructurales" que dificultan el acceso a una vivienda en lugar de medidas temporales como la paralización de los desahucios a hogares vulnerables.
"La mejor protección que puede haber para que no se generen impagos es que bajen los precios", subraya el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Los seguros de impago acaban muchas veces siendo repercutidos de forma encubierta sobre los inquilinos. Son totalmente innecesarios, agravan la exclusión en el mercado de alquiler. Realmente lo que necesitamos es que bajen los precios para que de una vez por todas podamos vivir tranquilamente y con estabilidad", recalca.
