La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este lunes que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso Federal del PSOE será "un instrumento más" para "combatir" a las comunidades autónomas que no aplican la ley estatal de vivienda. Así lo ha afirmado a su llegada a la que ha sido la primera reunión de la nueva Ejecutiva socialista, aunque no ha dado más detalles sobre cuál será la configuración ni las funciones del nuevo ente.
Rodríguez ha recalcado que el futuro organismo dará continuidad a las políticas de vivienda emprendidas por el Gobierno y será una herramienta más que se sumará a las medidas que ya están en marcha. En ese sentido, la ministra ha subrayado que "todos los recursos del Estado" están puestos a disposición "para dar respuesta a un problema muy importante que hoy tienen los españoles".
La titular de Vivienda se ha mostrado confiada en que el nuevo ente servirá para atajar la crisis habitacional frente a lo que considera una falta de acción por parte de las comunidades autónomas que, como Madrid, se niegan a desplegar en su territorio la ley estatal aprobada en la pasada legislatura. Los Gobiernos autonómicos del PP rechazan la aplicación de los instrumentos previstos en esta norma como la declaración de zonas tensionadas y el control de precios del alquiler, al considerar que no son adecuados para resolver el problema de la vivienda. Por el momento, solo Cataluña y País Vasco utilizan estas herramientas, aunque también Navarra y Asturias han dicho estar trabajando en esa línea, todas ellas gobernadas por el PSOE.
Las declaraciones de Rodríguez van en la línea de lo anunciado este domingo por el presidente del Gobierno, que aseguró que por cada "ataque" de la derecha "habrá una nueva política progresista aprobada en el BOE". "Atacan la ley de vivienda, pues quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles: el Gobierno va a crear una nueva empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado", adelantó, sin dar más detalles.
En relación a las competencias de tendrá el nuevo organismo, la ministra se ha limitado a señalar que entre los instrumentos que se han fortalecido desde su llegada al frente de la cartera de Vivienda se encuentra la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), con el objetivo precisamente de dar cumplimiento a la ley estatal de vivienda y al compromiso de Sánchez de habilitar 184.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles a lo largo de la legislatura. Desde el Ejecutivo sostienen que, en el marco de ese objetivo, ya se ha puesto en marcha 80.741 inmuebles fruto de la firma de convenios de colaboración con distintas administraciones y de la movilización de recursos de entidades como Sepes y Sareb.
Desde el sector privado, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ha pedido que se detalle el anuncio de la nueva empresa pública de vivienda y se dé a conocer cuál será su dotación presupuestaria para que que no se quede "en un simple anuncio en un acto político". "La promoción de viviendas requiere de muy alta profesionalización y de un marco regulatorio claro, justo y estable en el tiempo, que permita realizar las inversiones necesarias para desarrollar proyectos con garantías y sin cambios normativos que demoran e incluso paralizan la actividad promotora", advierten, al mismo tiempo que reclaman "medidas efectivas" como la reforma la Ley del Suelo o la movilización de suelo público desde las administraciones locales y autonómicas hacia promotores públicos y privados.
