Una reforma legal a instancias del Gobierno y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre ha causado una tormenta política aún sin resolver. El Gobierno presentó una modificación de la ley que regula el intercambio de antecedentes penales en la UE para adecuarla a la normativa europea, a la que Sumar añadió unos cambios que, en la práctica, implican la rebaja de penas a casi medio centenar de etarras, entre ellos, Javier García Gaztelu, conocido como Txapote. Los grupos dieron luz verde a su paso por el Congreso sin presentar enmiendas. No obstante, la percepción de PP, Vox y UPN cambió este lunes cuando se percataron de lo que implicaban realmente esos cambios. El PP se ha propuesto revertir lo que consideran una "jugarreta" del Gobierno y van a posponer este martes la votación en el Senado. Vox ve margen de "solución".
Tanto el PSOE como Sumar defienden que esta modificación del proyecto de ley lo único que hace es "transponer y aplicar" la normativa de la UE sobre el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Pero el PP defiende lo contrario: considera que el Gobierno "falta a la verdad" porque en dicha directiva europea "no se contemplaban los aspectos que han sido modificados", aseguró el portavoz nacional, Borja Sémper.
Y si bien todos los Estados miembros deben transponer esta normativa europea, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló en 2018 que España no compute los años de cárcel cumplidos en Francia. Según aseguró este lunes la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la aprobación de esta modificación, a la que aún le queda el trámite del Senado, implicaría que 45 miembros de ETA puedan descontar las penas que han cumplido en Francia e incluso algunos podrían ser excarcelados en los próximos meses.
Con todo, el pleno del Congreso de los Diputados avaló a mediados de septiembre todos los cambios por unanimidad y sin objeciones, incluyendo la modificación de Sumar que permite descontar condenas ya cumplidas en otros Estados. La modificación iba a aterrizar este martes en el Senado donde, al no contar con ningún veto registrado, la previsible posición contraria del PP, Vox y UPN no tendría efecto y la ley se publicaría tal y como salió del Congreso en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ello, el PP ha decidido posponer la votación mientras pide al Gobierno que retire la reforma legal.
Sumar, por su parte, asegura que su modificación no hace más que "corregir una discriminación" que había en la legislación española, ya que el resto de europeos pueden disfrutar de unos "beneficios" de ejecución en su condena a los que no tenían derecho los españoles. "Nosotros estamos en contra de que los ciudadanos de la UE tengan un tratamiento beneficioso que no tienen los españoles", ha remachado Santiago, que asegura que no se ha puesto nada en contra porque es algo "de sentido común".
El PSOE también defiende las enmiendas de Sumar, que a su juicio compartían los "propósitos de actualización y mejora" de la "seguridad jurídica" en relación con la consideración de las penas en otros Estados miembros. Sostiene que la misma se produce ahora "por razones de seguridad jurídica". De esta forma, los socialistas corroboran que eran conscientes de que esta modificación implicaría la rebaja de condenas a etarras en la práctica. También aprovechan para señalar al PP por intentar frenar ahora una reforma legal que ellos mismos han avalado y les instan a dar explicaciones al respecto.
Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, optó este lunes por desentenderse de esta cuestión aunque, en línea con lo que defienden los socialistas, aseguró que lo único que hace la modificación es "garantizar que se aplique la directiva europea". Sobre las acusaciones del PP de que "el proceso legislativo está prácticamente adulterado", Bolaños señaló que la tramitación parlamentaria fue "absolutamente pacífica", en alusión a la unanimidad parlamentaria que logró la reforma legal.
No obstante, el PP solo se explica que el Congreso aprobara por unanimidad esta reivindicación de Bildu por un "error generalizado" del que responsabiliza únicamente al Gobierno. Así justifican que tanto ellos como Vox o UPN hayan apoyado lo que históricamente han rechazado. Según explicó el portavoz, se trata de un "engaño" del Ejecutivo, que quiso "colar" una enmienda que nada tenía que ver con la ley que aprobó en la Cámara Baja el 18 de septiembre.
Por este motivo, el PP anunció en la tarde de este lunes que retirará del orden del día del pleno previsto para este martes en el Senado el proyecto de ley. Los populares tomaron esta decisión tras percatarse de que, voten lo que voten en el Senado, la ley se publicará directamente en el BOE. Con ello, ganan tiempo tanto para elevar la presión sobre el PSOE para que "utilice su potestad" para retirar esta reforma legal como para buscar las vía cualquier alternativa jurídica o parlamentaria "que pueda blindar" a España "de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias", tal y como detallaron desde el partido. En todo caso, Alberto Núñez Feijóo se disculpó este lunes con la presidenta de la AVT por su error.
