El PSOE justifica que los cambios que acortan penas a etarras buscan mejorar la "seguridad jurídica" y adaptarse a Europa

Los socialistas defienden que la modificación de una ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, con la que podría descontarse la condena de hasta 44 miembros de ETA que ya han cumplido en Francia, es una adaptación de la normativa europea y "mejora de la seguridad jurídica". En concreto, fuentes del grupo parlamentario socialista afirman que el proyecto de ley transpone y aplica en el ordenamiento jurídico español la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS).

El pleno del Congreso de los Diputados avaló el 18 de septiembre por unanimidad la modificación de esta norma que, a su vez, supone la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE. Si se aprueba el texto tal y como ha salido del Congreso esto implicaría que se eliminaría del ordenamiento jurídico español la excepción que impedía que los condenados por terrorismo pudieran ver rebajado del tiempo de cumplimiento en España los años que hayan pasado en prisión en Francia.

Los socialistas aseguran que este proyecto de ley y estas modificaciones van en la línea de adaptar las leyes como piden desde la Unión Europea, y también remarcan que todos los grupos han apoyado la modificación en el Congreso, incluidos el PP y Vox, y tampoco ha habido enmiendas en la Cámara Alta, donde se votará este martes. Con todo, el PP ya avanza que intentará enmendar la reforma y acusa al Gobierno de "engañar" a los grupos parlamentarios colando la reforma por la puerta de atrás.

El PSOE rechaza estas críticas y sostiene que el único objetivo de esta modificación es "completar, actualizar y mejorar" la trasposición en el ordenamiento jurídico de una Directiva Europea, así como "mejorar" la aplicación de una decisión marco europea, que se reforma ahora "por razones de seguridad jurídica y a la luz de su aplicación durante estos años". En concreto, fue Sumar el grupo que incluyó las cuatro enmiendas para determinar la pena a cumplir en España y el límite máximo de cumplimiento.

Además, los socialistas también señalan que la fórmula que establecen las enmiendas reproducen "de manera literal" la que recogía un proyecto de ley del PP y también recoge el criterio del Consejo de Estado en su informe preceptivo.

Desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños ha descrito la tramitación parlamentaria de la norma como "absolutamente pacífica". "Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, sin excepción, y esa tramitación parlamentaria ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas", ha subrayado el ministro en declaraciones a los medios este lunes.

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