Durante el Pleno del Senado celebrado este martes, el Partido Popular ha pedido al Gobierno que "retire" la ley que salió adelante en el Congreso el 18 de septiembre y que implicará una rebaja de condenas a algo más de 40 terroristas de ETA. Pese a que el PP apoyo la norma en el Congreso sin ser consciente de sus implicaciones, la portavoz popular en el Senado, Alicia Rodríguez, ha solicitado ahora retirar esta "ignominia". El ministro de Justicia Félix Bolaños, de todas formas, ha rechazado la exigencia del PP: "Ustedes sus problemas los solucionan solitos".
El Gobierno no entiende la "crispación" generada por esta norma que, efectivamente, se aprobó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, incluidos el PP, Vox y UPN. La norma tiene una implicación muy específica: a partir de su aprobación, las condenas impuestas por otros Estados miembro de la Unión Europea antes del 15 de agosto de 2010 tendrán los mismos efectos ejecutorios que si hubieran sido impuestas por tribunales españoles.
En consecuencia, las condenas impuestas por Francia a decenas de etarras empezarán a computar en sus condenas actuales, que se verán reducidas en muchos casos. La oposición no había reparado en esta consecuencia durante la tramitación de la norma en el Congreso, cuando el Grupo Parlamentario Sumar introdujo las dos enmiendas que provocarán esta reducción de condenas.
Así que ahora el PP no tiene más remedio que exigir al Gobierno que retire el proyecto de ley, si bien no está claro que esto sea posible a estas alturas de tramitación parlamentaria (el Congreso ya ha aprobado la norma y el Senado ha cumplido el plazo para vetarla). A pesar de todo, Alicia García Rodríguez ha pedido al ministro Félix Bolaños que frene la rebaja de condenas y respete "la dignidad de las víctimas del terrorismo" que ven como el Gobierno "pacta la política penitenciaria con Bildu".
"Les pedimos que retiren la ignominia; exigimos al PSOE que impida la rebaja de condena a 44 terroristas de ETA", ha enfatizado la senadora del PP durante su turno de preguntas al ministro de Justicia. Sin embargo, no está claro que el Gobierno pueda hacer tal cosa, y parece nítido que no pretende hacerlo en ningún caso.
El conflicto es muy distinto a ojos del titular de Justicia. A su juicio, lo que ocurre es que el PP "se empeña en convertirlo todo en material para envenenar la sociedad". "Hasta el derecho europeo, las resoluciones de la Audiencia Nacional, los dictámenes del Consejo de Estado, las resoluciones que han merecido la unanimidad de las Cámaras" son herramientas que el PP usa para generar crispación, según ha explicado el ministro Bolaños.
El ministro ha citado los "dictámenes del Consejo de Estado", pero ha omitido que son anteriores a la introducción de las enmiendas clave. Además, ha asimilado la reforma al "derecho europeo" pese a que el tribunal de Estrasburgo avaló la ley vigente, previa a la reforma que ahora se plantea. Por último, ha explicado que la ley mereció la "unanimidad" del Congreso, sabiendo que varios grupos parlamentarios cometieron el error de votar una ley cuyas implicaciones desconocían.
Según fuentes del Partido Popular, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha escrito al ministro Félix Bolaños este martes por la mañana para negociar una manera de frenar las consecuencias de la norma. Fuentes del ministerio no confirman si el mensaje ha llegado, ni aclaran si en algún momento tendrían intención de sentarse a hablar con el PP. Sin embargo, Bolaños se lo ha dejado claro desde el Pleno del Senado: "Sus problemas los solucionan solitos".
