El Ministerio de Sanidad defiende abiertamente la posibilidad de un cese del sistema de mutualidades de Muface y el trasvase de los empleados públicos afectados por la supresión de este servicio médico, todo tras quedar la licitación para los dos próximos años desierto al renunciar las aseguradoras a participar en el nuevo concurso.
Sanidad ya ha remitido un informe a Función Pública, el departamento del Gobierno encargado de negociar y renovar el convenio de Muface con las aseguradoras, la posibilidad "viable" y "razonable" del cese de las mutualidades y la incorporación de la población mutualista, más de 1,5 millones de empleados públicos y sus familiares, al sistema de la sanidad pública, que recibiría el presupuesto actualmente asignado a Muface: 1.300 millones de euros.
El concurso quedó desierto tras un desencuentro por las cuantías
El concurso para participar en un nuevo concierto de las mutualidades quedó desierto después de que las tres aseguradoras que habían participado entre 2021 y 2024, Adeslas, Asisa y DKV, rechazaran participar nuevamente si no había una mejora de las cuantías: las aseguradoras solicitan una subida de las primas del 33% en 2025 y otro 5% en 2026: un 38% en total respecto las cuantías actuales. El sector considera que una subida por debajo del 24% no serviría para cubrir costes, y que con el acuerdo actual llevan años sufriendo pérdidas.
El Gobierno mejoró su oferta inicial (una mejora del 13,5% el primer año y del 0,5% el segundo año) hasta un 17,12% más que en el anterior acuerdo, una contraoferta que las aseguradoras han considerado insuficiente. El acuerdo actual les obliga a prestar asistencia hasta el próximo 31 de enero con carácter general, y hasta marzo de 2025 para excepciones como hospitalizaciones o maternidad. Después, la asistencia recaerá sobre una nueva empresa... o sobre la sanidad pública.
Sanidad considera "viable" que la sanidad pública asuma la atención de los mutualistas
La idea que Sanidad ahora considera "viable" es el cese del sistema de Muface e incorporar, en un plazo de nueve meses, a todos los beneficiarios del sistema a la sanidad pública.
Este incremento repercutiría directamente sobre un sistema sanitario saturado con listas de espera desbordadas, si bien el informe elaborado por el departamento de Mónica García suaviza el impacto y analiza que el incremento real supondría un 2,12% del número de personas que actualmente perciben prestación sanitaria pública.
Las comunidades más afectadas por la incorporación de los mutualistas a la sanidad pública, además de Ceuta y Melilla (que, según el informe, verían incrementado un 5% el número de pacientes), serían Castilla y León (3,12% más de pacientes), Extremadura (3,02%) y Andalucía (3.02%), según informa El País.
Desde 1975, Muface ha brindado asistencia sanitaria a los funcionarios del Estado y sus familiares. Algunos grupos de ellos, como los funcionarios de la Administración General del Estado, los policías o los profesores de secundaria, están obligados a pertenecer a la mutualidad, pudiendo elegir cada año entre ser atendidos por la sanidad privada o en la pública.
