Moncloa dice que respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por la investigación a Begoña Gómez, la mujer de presidente del Gobierno, pero que "discrepa" de sus razonamientos jurídicos y su argumentación, al considerar que algunas de sus manifestaciones son "inusuales e innecesarias" para la motivación jurídica del Auto. Así lo exponen fuentes gubernamentales después de que el TSJM haya inadmitido a trámite la querella que presentó la Abogacía del Estado, en la que se acusa a Peinado de cometer un delito de prevaricación.
El auto del TSJM destaca el "carácter especulativo" de la querella, que trata de "tergiversar" el concepto de la prevaricación. Según relata el TSJM, el escrito no intenta "perseguir conductas improcedentes de quien desempeña la función de juez", sino que denuncia "el alejamiento del ejercicio puntual de un representante del poder judicial respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo".
A Moncloa le "sorprenden" algunas manifestaciones de este auto, que considera "inusuales e innecesarias" para la motivación jurídica del Auto. Fuentes del Gobierno defienden que lo único que pretendían la Presidencia y la Abogacía del Estado era "preservar la garantía" del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su "vulneración" podría constituir un "ilícito penal", en este caso, un delito de prevaricación.
Aseguran que en esta querella, presentada el pasado 30 de julio, ya se advertía sobre el "verdadero fin" de que Peinado llamase a declarar de forma presencial al presidente, que a su juicio era "convertir" la declaración del presidente -que finalmente se acogió a su derecho a no hacerlo- en un "instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial".
Para Moncloa, su "sospecha" se ha revelado "cierta", porque el mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares la declaración, esta fue filtrada a los medios de comunicación. "Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares".
Así lo expone el Ejecutivo, que en las últimas semanas está recibiendo un sinfín de varapalos judiciales, no solo con el archivo de distintas querellas presentadas contra Peinado, también con la imputación del fiscal general del Estado y con el último informe del caso Koldo, que deja al borde de la imputación al exministro José Luis Ábalos y pone en apuros a algunos miembros del Gobierno. Tras ello, el Ejecutivo insiste en que su deber es "defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones".
Con el archivo de esta última querella contra Peinado, son ya tres las que no han prosperado: ni la que presentó el periodista Máximo Pradera, que apuntaba a un delito de revelación de secretos; ni la de Sánchez, que acusaba a Peinado de prevaricar. La que presentó el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, se encuentra aún pendiente de resolución, aunque la Fiscalía se ha pronunciado en contra de su admisión.
