Falta menos de un mes para la celebración del Congreso Federal del PSOE y las distintas federaciones socialistas ya han presentado sus enmiendas a la ponencia marco, que será el hilo conductor y discursivo del cónclave que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre. El texto original esquiva el tema de la financiación singular para Cataluña, sin embargo, agrupaciones como la madrileña ahondan en esta materia en sus enmiendas. En concreto, la que dirige Juan Lobato pide que se garantice que todas las comunidades aporten a la caja común y que las normas por las que se establecen criterios de aportación y reparto sean "estables y comunes" a todas las comunidades, lo que en la práctica matiza y pone límites al acuerdo entre el PSC y ERC y enmienda la "federalización" de la Agencia Tributaria que plantea Ferraz.
El PSOE-M propone modificar "estructuralmente" el texto de la ponencia, afirman fuentes de la federación, que detallan que han recibido casi 2.000 aportaciones de 100 agrupaciones socialistas, por lo que la participación ha sido muy "positiva". Además de aportar una meta más -relacionada con el mundo rural- a las 10 originales de la ponencia, los de Lobato incluyen un párrafo en el que plantean que el sistema de financiación responda al principio de "justicia social", es decir, que las comunidades aporten conforme a su capacidad económica y que reciban del Estado "conforme a sus necesidades".
Además, frente al principio de ordinalidad que plantea el acuerdo del PSC y ERC, que establece que las regiones que más aporten cuenten finalmente con recursos no inferiores a las comunidades receptoras -aunque no ofrece muchos más detalles-, Lobato propone un principio de ordinalidad en términos de PIB, que sería “compatible” con el ideario socialista y que garantizaría que la aplicación de los mecanismos de nivelación no alteren la posición de comunidades como Cataluña en la ordenación de PIB per cápita que tenían antes de la nivelación. Es decir, que la contribución de las comunidades aportadoras no les haga quedarse por detrás de las comunidades receptoras en términos de PIB per cápita. Precisamente, este es el principio aceptado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010 sobre el Estatut de Cataluña.
Otra de las modificaciones que plantea el PSOE madrileño tiene que ver con la aportación a la caja común de todas las comunidades. Mientras el acuerdo entre ERC y PSC plantea que Cataluña recaude el 100% de los impuestos para luego ceder una parte a la Administración central por los servicios que presta en su territorio, la propuesta de Lobato busca garantizar que "todas las comunidades" aporten a la caja común y que las normas por las que se establecen los criterios de aportación y reparto sean "estables" y "comunes" a todas las comunidades autónomas.
Además de estas modificaciones sustanciales al texto de la ponencia, la federación madrileña también propone sustituir el párrafo del punto 305 de la ponencia que propone "federalizar" la dirección de la Agencia Tributaria para dar "más capacidad de decisión" a las comunidades y que se despliegue una "estrategia en red con las haciendas autonómicas". El PSOE madrileño, lejos de esa "federalización", propone "poner en valor la eficacia" de la AEAT para garantizar que siga siendo un "elemento central" que gestione todo el sistema tributario, más allá de que se pueda coordinar mejor o cooperar con las haciendas autonómicas.
Propuesta fiscal a los militantes
Estas enmiendas van en la línea de la propuesta que Lobato envió a los militantes en materia fiscal como alternativa a la financiación singular en Cataluña que plantea el acuerdo PSC-ERC. En las diez páginas que contiene el documento, el secretario general del PSOE-M propone la viabilidad de la cesión de la gestión de impuestos a Cataluña, eso sí, siempre y cuando la aportación al Estado en compensación por los servicios prestados no sea "aleatoria, caprichosa, ni fruto de un acuerdo espontáneo entre las partes, susceptible de ser fijado o alterado por razones distintas a la capacidad económica".
Es decir, Lobato asegura que un eventual concierto catalán o el cupo que ya existe en el País Vasco y Navarra tendría que regirse por un criterio común y no por una decisión política o fruto de un acuerdo "espontáneo".
