El Gobierno reveló el martes su plan para hacer frente a la catastrófica DANA que ha asolado decenas de municipios valencianos y algunos más en otras regiones del país. Se trata de un primer paquete de unos 10.600 millones de euros en recursos, con ayudas directas, exenciones fiscales, medidas laborales, hipotecarias y avales públicos. El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desgranó las líneas generales del programa el martes, del que posteriormente han ido trascendiendo más detalles.
En lo que respecta a las ayudas directas para paliar los daños personales, quizá el apartado del plan que toca más de cerca a las familias, los hogares tendrán dos meses de plazo para solicitarlas que comienzan a correr a partir de este miércoles. Las solicitudes deberán presentarse ante la subdelegación del Gobierno en la comunidad autónoma y deberá acreditarse la titularidad del inmueble o los enseres dañados. En el caso de la vivienda, bastará con aportar un recibo del IBI o similar.
El Ejecutivo ha cuadriplicado las cuantías habituales de las subvenciones en situaciones de catástrofe y ha suprimido los niveles de renta exigidos. Las ayudas para viviendas dañadas oscilan entre los 20.640 euros en caso de afectaciones no estructurales, 41.280 en caso de que el daño afecte a la estructura y un máximo de 60.480 si la destrucción del inmueble es total. También hay previstos 10.320 euros para cubrir la destrucción o remplazo de enseres domésticos "de primera necesidad" que hayan resultado dañados y 36.896 euros para elementos comunes en comunidades de vecinos. Todas estas ayudas están exentas de pagar IRPF.
Estas subvenciones solo son aplicables a la vivienda habitual (quedan excluidas segundas residencias) y tienen carácter subsidiario respecto a cualquier otro sistema de cobertura de daños. Es decir, que si el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ya cubre esa cantidad, no habría derecho a percibir la subvención. Otra cosa es que la indemnización concedida por el CCS no alcance esas cifras. En ese caso, sí se podrían conceder ayudas complementarias, pero siempre con los topes de cobertura en los umbrales señalados anteriormente.
Avales ICO para cobrar anticipos
Otra de las grandes novedades que introduce el macrodecreto de la DANA es que las personas particulares podrán acceder a líneas de avales públicos financiados por el ICO para obtener préstamos ventajosos. En este caso, además de pedir créditos a la reconstrucción, las familias podrán usar a estos 'avales DANA' para cobrar anticipadamente las ayudas o indemnizaciones antes de que las resuelva el seguro.
Entidades como CaixaBank, que tiene una importante penetración en la Comunidad Valenciana, ya han anunciado que empezará a dar anticipas a partir de este mismo miércoles. El banco también arrancará esta semana con las moratorias en el pago de las hipotecas, que también forman parte del paquete de respuesta a la DANA.
La posibilidad de cobrar anticipos avalados por el ICO también se aplica a autónomos y empresas, a quienes el 'plan DANA' reserva un capítulo específico. En total se han destinado 838 millones de euros en ayudas directas a estos dos colectivos. Las cuantías ascenderán a 5.000 euros por autónomo y a un máximo de 150.000 para empresas con más de 10 millones de volumen de negocio en 2023. Las ayudas a las compañías están vinculadas a su facturación y tienen un mínimo de 10.000 euros a las compañías con ventas de menos de un millón de euros.
Para estos casos, la Agencia Tributaria habilitará un formulario electrónico que se podrá presentar desde el próximo 19 de noviembre y hasta el 31 de diciembre a más tardar. Los solicitantes solo tendrán que dejar su número de cuenta para acceder a las subvenciones. Para las empresas también se han desplegado ERTE por fuerza mayor bonificados al 100%, plazos tributarios más flexibles y ayudas específicas al sector agrario.
IBI exento solo para desplazados
En el plano fiscal, el macrodecreto prevé una exención total de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de titularidad municipal. Para poder acogerse a esta exención, los afectados deberán acreditar que han tenido que ser realojados total o parcialmente en otras viviendas hasta la reparación de los daños. Quienes ya hayan abonado este impuesto podrán reclamar su devolución.
Los ingresos que perderán los ayuntamientos por esta exención los compensará el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación está en duda. Además, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos destinen sus superávits presupuestarios a invertir en proyectos de reconstrucción. El Gobierno absorberá todo sus gastos de emergencia que hagan los consistorios y abonará hasta la mitad de las obras de reparación que tengan que llevarse a cabo.
