El Ministerio del Interior ha reconocido los casi cuatro años de calvario que ha sufrido un malagueño por un error de identificación de la Policía de Madrid, que no tomó las huellas dactilares de una persona que había cometido un delito y suplantó la personalidad del afectado.
El perjudicado llegó a pasar una noche en los calabozos hasta que se le notificó un auto de apertura de juicio oral en Madrid. Ha estado inmerso en un procedimiento judicial de varios años, con juicio incluido, hasta que se ha demostrado que no se tomaron las huellas dactilares a un detenido que suplantó su identidad.
Dicha situación ha generado al afectado daños psicológicos, que le han generado un cuadro de ansiedad persistente. Ahora continúa en tratamiento con medicación, según consta en el expediente de Interior.
El 19 de enero de 2021 el damnificado fue detenido en un control rutinario de la Policía Nacional y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga por una requisitoria que había a su nombre por parte del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.
Tras pasar una noche en los calabozos fue puesto a disposición judicial, donde se le notificó un auto de apertura de juicio oral y los escritos de acusación contra él por la supuesta comisión de unos hechos delictivos en Madrid, cuatro años antes, el 17 de febrero de 2017.
Hasta ese momento el hombre desconocía que había un procedimiento penal abierto contra él en Madrid, donde no había estado en los últimos diez años. Ante dicha situación, la víctima contrató a un abogado y un procurador, que se personaron en el procedimiento para demostrar que había un error de identificación pero los juzgados indicaron que habría que esperar al juicio para resolver los hechos.
El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid lo absolvió del delito de lesiones y malos tratos que se le imputaron en mayo de 2021 y, meses más tarde, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la resolución firme. "A pesar de ser indispensable y de obligado cumplimiento", según se recoge en el escrito de Interior, el grupo de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid de la Comisaría de Tetuán, no le tomó las huellas dactilares, al objeto de dar cumplimiento con el protocolo del Plan Nacional de Identificación de Detenidos.
El Ministerio de Interior ha indemnizado al afectado con 1.600 euros por los daños morales, así como también le compensa por los gastos del abogado y procurador y los servicios de una peritación caligráfica pero no por los desplazamientos a Madrid para la celebración del juicio.
El abogado del afectado, Oscar Chicharro Arcas, ha dicho estar contentos porque se ha reconocido por vía administrativa la responsabilidad originada por la Comisaría de Madrid. No obstante, ha adelantado que van a recurrir ante el Contencioso Administrativo porque la cantidad la consideran muy pequeña para el daño ocasionado a su cliente.
