La negociación para aprobar un paquete de medidas fiscales en el Congreso se ha enredado tanto que corre el riesgo de dejar golpeada la relación del Gobierno con sus socios parlamentarios. El lunes, tras dos aplazamientos, se celebrará la comisión parlamentaria que debe dar luz verde o rechazar esta ley, salvo que PSOE y Sumar la suspendan de nuevo. Y, si el Ejecutivo no da con una fórmula para lograr lo que no ha logrado hasta ahora, poner de acuerdo a sus socios de izquierdas y a los de derechas, no solo se arriesga a no conseguir sacar adelante sus medidas impositivas —que incluyen una transposición europea de obligada aplicación antes de fin de año—, sino que también se expone a que su relación con sus aliados quede agrietada.
En el Ministerio de Hacienda reconocen lo complicadas que han sido y están siendo las conversaciones. Y no es para menos: por un lado, el PSOE tiene un pacto firmado con Junts en el que se compromete a dejar caer el impuesto energético y también con el PNV para extender tres años el impuesto a la banca, unos acuerdos que sus socios de izquierdas rechazan, por lo que las posiciones, tras dos prórrogas en las negociaciones, siguen muy alejadas. ¿La solución? De momento no existe, por lo que desde el Gobierno se inclinan por un acuerdo de mínimos para salvar alguna enmienda pero, en el caso de que esto no prospere, se intentará aprobar el proyecto de ley para cumplir con la Unión Europea.
Pero un fracaso en esta negociación no solo implica dejar caer los impuestos a las energéticas y a la banca y la ansiada reforma fiscal. Los socialistas son muy conscientes de que la ruptura en dos del bloque de investidura es un precedente muy peligroso de cara a futuras conversaciones. No solo porque evidencia las posiciones antagónicas de sus socios de izquierda y derecha, sino porque coincide en un momento clave: la negociación de la senda de déficit y de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el caso de las cuentas públicas, el Gobierno no descarta una prórroga técnica que les permita negociar con sus socios con más tranquilidad y en otro escenario, es decir, a partir del mes de enero. En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo confían en poder llegar a buen puerto porque "las circunstancias han cambiado".
Han cambiado porque ya han dejado claro que las cuentas estarán vinculadas a la reconstrucción tras la DANA. El Ejecutivo reformará el borrador para incluir partidas específicas para hacer frente al desembolso del Estado tras la riada que ha asolado territorios enteros de la Comunidad Valenciana. También se tendrá que calcular el impacto en el déficit y la deuda pública. Por ello, para Moncloa las cuentas son ahora más "necesarias" que nunca y confían en que puedan salir adelante con el apoyo de los socios pese al embrollo en las negociaciones de la reforma fiscal.
Sumar cree que ambas negociaciones están vinculadas
Entre los socios del PSOE, por su parte, impera la prudencia, aunque hay quien no descarta que, si la reforma fiscal termina cayendo este lunes (o cuando termine votándose), eso pueda afectar a las conversaciones para los Presupuestos Generales del Estado. No por las tensiones, inherentes a casi cualquier negociación, sino por el hecho de que entre varios de los socios de izquierdas cunde la sensación de que los socialistas han dado por hecho sus apoyos y de que la negociación de la reforma fiscal ha llegado a un punto muerto porque el Ministerio de Hacienda la ha gestionado mal desde el primer momento.
Fuentes de Sumar, en esa línea, admiten que la compleja negociación de la ley que, en principio, se votará este lunes está vinculada con la de las cuentas públicas. "Si los socios consideran que es necesario sacar adelante todas estas medidas fiscales, es mucho más sencillo que el Gobierno tenga ese mismo bloque de apoyos para los Presupuestos, pero si no sale, tienes dos problemas: uno político y uno financiero" y las cuentas quedarían en una posición "muy complicada", explican fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz.
El problema político es evidente, puesto que un fracaso de la reforma este lunes redundaría en un cruce de reproches entre socios. Pero la referencia al problema financiero tampoco es baladí, puesto que "muchas de las medidas de los Presupuestos" necesitan, para que puedan ponerse en marcha, del dinero que ingresaría el Estado con las medidas fiscales, por no hablar de los 7.000 millones de euros de fondos europeos que, explican las fuentes consultadas, podrían verse bloqueados si España no aprueba de una vez la transposición que establecería un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales.
Diferentes opiniones en los socios
Otros socios del PSOE, por el contrario, desligan ambos asuntos. Es el caso de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que rechazó el pasado jueves que la aprobación de los Presupuestos vaya a verse dificultada por la compleja negociación impositiva. "Lo primero que tenemos que sacar es el pacto fiscal, yo creo que hay posibilidades", señalaba Aizpurua, que insistía en que las conversaciones para cada asunto son diferentes.
Por el contrario, hace unos días el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, evidenció sus dudas sobre las opciones que existen de sacar adelante los Presupuestos, habida cuenta de que "algunos gestos del último mes y medio", a su juicio, "ponen en duda" la viabilidad de las cuentas. No obstante, para Esteban el problema no es tanto lo ocurrido con la negociación de la reforma fiscal, sino la situación con algunos de los socios: Podemos exige romper relaciones diplomáticas con Israel y rebajar los alquileres un 40% por ley; Junts insiste en que el Estado le ceda una buena parte de su capacidad de endeudamiento a las comunidades; y ERC afronta un congreso en el que se definirá, entre otras cosas, si vira hacia una estrategia de mayor confrontación con el Gobierno.
Quien más directamente ha relacionado un eventual fracaso de la reforma fiscal del Gobierno con los Presupuestos es, precisamente, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El pasado jueves, horas antes de que finalmente la votación sobre esa ley terminara suspendiéndose, Rufián admitía que la negociación de las cuentas públicas "siempre" corre "riesgo" habida cuenta de lo "diversas" que son las formaciones políticas en las que se apoya el Gobierno. "Aunar a gente como Junts, como nosotros, como Bildu, como Sumar, como Podemos... siempre es complicado", admitió el portavoz.
