El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando en una decreto que marcará unos mínimos en el sistema de protección de los menores de edad, de tal forma que haya unos estándares comunes en toda España, independientemente de la comunidad autónoma. Según ha anunciado la ministra Sira Rego en la comisión del ramo del Congreso, su departamento ha sacado la iniciativa a consulta pública, que se abre desde este miércoles hasta el 27 de noviembre, para fijar criterios homogéneos y fomentar, entre otras cosas, la acogida familiar frente a la residencial.
Se trata, según ha subrayado en su intervención en la Cámara Baja para dar cuenta de las principales líneas de trabajo del ministerio, de una "medida clave" para "blindar" los derechos de la infancia y la juventud en todo el territorio. El objetivo, ha explicado, es "establecer un marco común para garantizar que todos los menores en situación de desamparo puedan contar con estructuras y proyectos que garanticen sus derechos y ofrezcan la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida".
Para la elaboración de la norma, contarán con la experiencia de quienes viven y trabajan en esas estructuras de acogimiento y la iniciativa tendrá como prioridades varios puntos: fomentar la acogida familiar frente a la residencial; la accesibilidad y las condiciones estructurales de los centros; la transición a la vida adulta y la supervisión y evaluación de los centros; así como la elaboración de protocolos contra la violencia y la discriminación. "Con este real decreto damos un paso firme hacia un sistema de protección más justo y más efectivo", ha defendido.
Impacto de la crisis climática en la infancia
También este miércoles, Rego ha avanzado la creación de un grupo de trabajo permanente para analizar el impacto de la crisis climática en la infancia, formado por organizaciones del tercer sector y los ministerios competentes. "Tenemos que tener la mirada siempre puesta en las causas para poder tener políticas activas de prevención que afronten el fenómeno a tiempo y de manera estructural", ha aseverado.
Según ha contado, la "crisis ecosocial" será también una cuestión "vertebradora" en la futura ley de juventud, otra de las normas en las que trabaja su departamento para impulsar la participación juvenil. La norma, que está en consulta pública desde el 6 de septiembre hasta el 30 de noviembre, desembocará en un primer borrador de la ley que, según ha asegurado, estará redactado por la propia juventud.
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