Entre las muestras de apoyo institucional y la activación de múltiples servicios de rescate ante la emergencia que ha dejado la DANA en varias partes del territorio nacional, especialmente en la Comunidad Valenciana, se ha colado el primer choque entre el Gobierno y el PP por cuándo y cómo se transmitieron los avisos a la población. Ambas partes se acusan mutuamente de falta de previsión ante un desastre natural que, hasta este viernes, ha dejado más de 150 fallecidos y decenas de desaparecidos.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han trasladado estos últimos días a las zonas más afectadas y han intervenido ante los medios acompañados de los presidentes autonómicos del lugar en el que se encontraban, en este caso tanto con el socialista Emiliano García-Page como con el popular Carlos Mazón. En este sentido, los altos dirigentes han posado con representantes de otro color político por las circunstancias excepcionales. Los presidentes autonómicos también han mostrado palabras de agradecimiento por el apoyo a nivel nacional.
No obstante, Feijóo quiso dar este jueves su primer toque de atención al Gobierno en su visita a la Comunidad Valenciana para defender a Mazón de los ataques de dos diputados socialistas que le acusaron de suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias. El popular salió en defensa de los presidentes autonómicos y, en especial, mostró su solidaridad con el presidente valenciano que, como el resto de líderes territoriales, sienten la "soledad y las limitaciones" para actuar ante la DANA, que ya supone una "emergencia nacional". Precisamente, Feijóo ha dado este rango al fenómeno meteorológico como medida de presión al Gobierno de Pedro Sánchez, al que exige, como mínimo, "alguna colaboración".
Por ello, el líder popular y su equipo se han revuelto en defensa de la "soledad" que dicen encontrar los líderes territoriales, poniendo el foco en el Gobierno central y recordando que todas las comunidades, sean del color político que sean, procedieron de la misma manera para tratar de paliar los daños. "No hubo un proceder distinto en la Castilla-La Mancha del socialista Page. Que el Gobierno de España y sus satélites estén haciendo oposición a Carlos Mazón mientras la Generalitat busca ciudadanos debajo del lodo es asqueroso", sostienen en Génova, que también rechazan cualquier "lección" del mismo Gobierno que no cortó hasta el martes la circulación ferroviaria. El propio Mazón también se exculpó: "No somos meteorólogos. Seguimos los protocolos".
Después de que hablara Feijóo este jueves, el presidente del Gobierno visitó parte de la zona devastada en Valencia y manifestó su compromiso y el del Ejecutivo para facilitar a la Comunidad "todos los recursos y medios posibles". De momento, dijo, en la zona han desplegado más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) —a los que se unirán otros 500—, 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles, 200 efectivos del Ejército de Tierra y 335 vehículos, helicópteros y aviones, entre otros.
Y tras las críticas llegadas desde el PP por los avisos ante la llegada de la DANA, el Gobierno ha enfatizado que "el impacto de un fenómeno meteorológico depende de la preparación para afrontarlo y de la evaluación y las medidas que adopten las comunidades autónomas", y recuerda que "la información de AEMET siempre está disponible, automáticamente, no es necesario solicitarla". "Las informaciones aportadas por AEMET y las confederaciones hidrográficas son alertas físicas que están a disposición de las autoridades de Protección Civil. Los riesgos físicos han de ser gestionados, interpretados y respondidos por las autoridades competentes para proteger a la población", explica.
Y así, subraya que "la evaluación del peligro de una alerta corresponde a las administraciones autonómicas, puesto que el análisis concreto del riesgo se debe adaptar a múltiples factores (territoriales, urbanísticos, orográficos, etc). Es decir, la administración territorial es la que debe evaluar si la alerta afecta a una zona poblada o no, si es una zona inundable o no, si la crecida es un río de caudal elevado o en uno pequeño, para poder proteger a la población".
Además, desde el Ejecutivo insisten en que los avisos de AEMET se han sucedido desde el jueves 24 de octubre, con notas informativas y actualizaciones inmediatas desde el martes 29 de octubre, el día en que la DANA desencadenó la tragedia.
Choque de versiones sobre los avisos
Todo ello ha derivado en un choque de versiones sobre qué administración debería haber actuado antes. La Generalitat Valenciana asegura que actuó una vez se decretó la alerta, mientras que el Gobierno se ampara en que dio el primer aviso el jueves anterior y que la información estaba disponible para todos.
De acuerdo con el Gobierno, la AEMET informó "con antelación" sobre la existencia de la gota fría desde el jueves 24 de octubre "por primera vez, iniciando desde ese momento un proceso de actualización continuada a través de los canales oficiales de comunicación". La agencia meteorológica estatal vinculó geográficamente el desarrollo de la DANA en el Levante español, informando a través de redes sociales y notas informativas durante los días viernes 25 y sábado 26 de octubre. El Aviso Especial de Fenómenos Adversos fue emitido ya el domingo 27, y se mantuvo activo los siguientes días lunes y martes, indicando un grado de probabilidad de lluvias torrenciales alto, superior al 70%.
A continuación detallan cómo se procedió en las siguientes horas. "Llegado al martes 29 de octubre, desde primera hora de la mañana se podía concretar un aumento de la peligrosidad del fenómeno meteorológico y sus zonas de impacto, y así se dio a conocer por parte de la AEMET con inmediatas actualizaciones", explican desde el Ejecutivo.
A las 7.31 horas de ese día, añade, "aumenta el aviso naranja a rojo", y a las 7.36 horas "se amplía a aviso rojo la zona del litoral sur de Valencia". A las 7.52 horas, continúa, "se eleva el aviso en el litoral del norte de Valencia" y en ese momento "ya está en alerta roja o naranja toda la provincia". Dos horas después, a las 9.41, se elevó "el aviso rojo a toda la provincia de Valencia" y "a las 17.49 horas se prolonga la alerta roja", dice el Gobierno.
De igual modo, desde el Ejecutivo apuntan que a las 12.07 horas de ese 29 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de un aumento de caudal en la Rambla del Poyo, lo que motivó una alerta hidrológica que emitió la Generalitat Valenciana, en el que se advertía a la ciudadanía de "no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos".
Por su lado, el PP valenciano también da su versión con la información que iban recibiendo. Según su relato, el lunes a las 12.00 horas la Generalitat Valenciana emitió una alerta informando de la posibilidad de lluvias, inundaciones con atención a ríos y barrancos y tres horas después se aumentaba a nivel naranja. El martes a las 11.30 horas, el Gobierno de Mazón decretó y comunicó emergencia en barranco del Poyo, río Magro, Utiel y Ribera Alta, ya que había alerta roja decretada y comunicada en la provincia de Valencia conforme a los protocolos que marca el Gobierno según las informaciones de AEMET y CHJ desde las 7.45 horas del martes.
La advertencia a la población se produjo el domingo anterior, según el PPCV. Se envió un mensaje por la tarde a las 20.00 horas, pero no como inicio de la alerta, sino como un único elemento de comunicación más, y fue cuando lo recomendaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia. Se comunicó por todos los canales disponibles desde el domingo y se decretó alerta roja el lunes por la tarde, explica.
Con todo esto, para los populares, "sería tanto como admitir que como el Gobierno constituye un comité de seguimiento a las 20.45 del martes también lo hizo tarde y mal avisando a la población". Además, defienden que se fue haciendo lo que marcaban las autoridades y que, además, "no se podían restringir derechos fundamentales como la movilidad, ya que el Gobierno central no había decretado un estado de alarma".
