El Gobierno ve posible que el Congreso de luz verde a una reducción de la jornada máxima legal aunque llegue sin el visto bueno de la patronal. Así lo trasladan fuentes del más alto nivel en el diálogo social conocedoras del estado de las negociaciones, que apuntan a que una abstención del PP o la colaboración de Junts están sobre la mesa y podrían facilitar que la medida que promueve la vicepresidencia de Yolanda Díaz acabe viendo la luz.
Este punto es clave para dilucidar si la reforma estrella del departamento de Díaz para esta legislatura ve la luz. Por mucho que Trabajo, sindicatos y empresarios negocien, la última palabra la tiene el Parlamento. Sin una mayoría suficiente en las Cortes, no es posible reformar el Estatuto de los Trabajadores como pretende Díaz para reducir las 40 horas de jornada máxima actuales hasta 37,5 el año próximo.
La bajada en el tono con el que Trabajo se dirige a los empresarios que se ha visto desde julio se interpreta en ese contexto. Desde esa fecha, el departamento de Díaz ha ofrecido una batería de medidas de flexibilidad y ayudas a las pequeñas empresas para tratar de atraer a CEOE al acuerdo. Un pacto que incluyera a la patronal en la ecuación podría hacer que partidos como PNV o Junts, que tienen muy en cuenta la opinión empresarial, acepten la medida.
En todos esos meses, la patronal no ha cambiado de posición y su postura oficial sigue siendo de rechazo a la reducción de jornada por ley. Una vía que considera una imposición y una intromisión del Gobierno en la libertad empresarial, cuando esta materia debería regularse en los convenios, defienden. No obstante, las fuentes mencionadas advierten que no es una buena estrategia si lo que pretende CEOE es bloquear la negociación con la confianza de que el Parlamento no acepte un acuerdo sin los empresarios abordo.
Las citadas fuentes deslizan que no sería sorprendente que el PP se llegase a abstener en una eventual votación parlamentaria de una medida que ven con buenos ojos la mayoría de los votantes de todos los partidos. Interpretan que las últimas propuestas en materia de conciliación —entre la que se incluye una propuesta de semana de cuatro días, pero negociada con los agentes sociales— que han planteado los populares podrían facilitar su abstención.
No obstante, el enfoque del PP no pasa por trabajar menos horas, sino por una mayor flexibilidad en el reparto de la jornada. Además, finalmente ha quedado fuera de su propuesta para una ley de conciliación. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido esta semana con los dos principales líderes sindicales del país, con los que ha intercambiado pareceres sobre este asunto. Tras uno de los encuentros, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, dijo que no ve al PP "por la labor" de apoyar la reducción de la jornada a 37,5 horas.
En lo que respecta a Junts, el Gobierno tampoco descarta el apoyo de los posconvergentes si la reducción de jornada llega finalmente al Congreso. Es conocido que Yolanda Díaz y su número dos, Joaquín Pérez Rey, estuvieron de gira por Cataluña en septiembre tratando de cortejar a las patronales regionales Pimec y Foment del Treball, aunque sus líderes no apoyaron los planteamientos del Ejecutivo.
Trabajo eleva el tono
Tras varias reuniones en las que Trabajo había suavizado el tono considerablemente hacia la patronal, Yolanda Díaz volvió a cargar las tintas y lanzó una advertencia a los empresarios el jueves. La vicepresidenta señaló que la oferta de ayudas a las pymes para que puedan bonificarse las cuotas sociales en las contrataciones que hagan por la reducción de jornada, está supeditada a que la patronal firme un acuerdo. "El diálogo social tiene que tener incentivos y ser tratado con respeto", afirmó.
En este aspecto, fuentes conocedoras de la negociación señalan que el tiempo se está agotando y que la mesa de diálogo tiene que quedar concluida antes de que acabe el año. Además, confirman que, en caso de que se llegase a un acuerdo solo con los sindicatos, desaparecerían las bonificaciones para las pymes, algo que, estiman, tendría un coste para la patronal.
