La acusación popular ha ejercido una labor determinante en numerosos casos de corrupción muy mediáticos en la historia reciente de España, pero su rol ha sido puesto en entredicho por el PSOE, que este viernes registró en el Congreso una proposición de ley para limitar su papel en los procesos judiciales.
Curiosamente, esa iniciativa del PSOE dejaría fuera de juego a la acusación popular en procesos actualmente en curso y que afectan directamente a los socialistas, como pueden ser el caso Koldo, la imputación del fiscal general del Estado o las investigaciones abiertas contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno.
Pero aunque el PSOE aboga ahora por excluir a la acusación popular de la instrucción judicial, cabe recordar que en el pasado no ha dudado en personarse como tal en causas que afectaron al PP, como los casos Gürtel o Púnica; del mismo modo que los populares hicieron lo propio en casos que han afectado a los socialistas, como los ERE de Andalucía o actualmente el caso Koldo.
Estos han sido algunos de los procesos judiciales más célebres de los últimos tiempos en los que la acusación popular fue actor protagonista:
Caso Nóos
El sindicato Manos Limpias, que ahora ejerce como acusación popular en las causas contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, ha asumido ese papel en múltiples casos de corrupción. Uno de los más sonados fue el caso Nóos, que terminó en 2017 con las condenas a penas de prisión para Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres.
En aquel caso, Manos Limpias tuvo un papel clave porque logró que la infanta Cristina se sentara en el banquillo de los acusados, en contra del criterio de la Fiscalía, aunque finalmente la hija del rey emérito y hermana de Felipe VI fue absuelta, aunque tuvo que pagar una multa por su responsabilidad civil a título lucrativo.
El periplo judicial no terminó, sin embargo, para Manos Limpias porque la defensa de la infanta denunció que el sindicato intentó extorsionarles exigiéndoles tres millones de euros a cambio de retirar la denuncia. Paralelamente, la UDEF ya investigaba otros intentos de extorsión similares por parte de Manos Limpias, cuyo fundador, Miguel Bernad, fue condenado en 2021 por la Audiencia Nacional a 4 años de cárcel, aunque finalmente fue absuelto el año pasado por el Tribunal Supremo.
Caso Gürtel
El PSOE se personó en 2011 como acusación popular contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por el conocido como 'caso de los trajes', una rama del caso Gürtel, la trama de corrupción que salpicó al PP en la Comunidad Valenciana y Madrid. El partido socialista llegó, incluso, a recurrir la absolución de Camps, que fue ratificada por el Supremo.
En las diferentes ramificaciones del caso Gürtel también ejerció un papel determinante como acusación popular la asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade), de carácter progresista y afín al PSOE, que se ha personado en muchas causas contra el Partido Popular.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que condenó al PP por beneficiarse a título lucrativo de la trama Gürtel, motivó en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy, que dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, aunque dos años después la sentencia fue corregida en parte por el Supremo.
Asimismo, el PSOE se personó como acusación popular en el caso Bárcenas, que fue una derivación de Gürtel, y está personado en el caso Kitchen, que investiga el espionaje al extesorero del PP por parte de su propio partido y que tiene al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al excomisario José Villarejo como imputados.
Caso Púnica
El PSOE y la asociación Adade también se personaron como acusación popular en el caso Púnica, la trama de corrupción que afectó a políticos, funcionarios y empresarios vinculados al PP de la Comunidad de Madrid (también hubo algún cargo socialista implicado) y que estuvo liderada por Francisco Granados, el que fuera mano derecha de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
Los socialistas buscaron por todos los medios la imputación de Aguirre, pero finalmente la Audiencia Nacional la dejó al margen de la investigación.
Caso Lezo
Fue otra causa de corrupción vinculada al PP en la que el PSOE se personó como acusación popular y en la que trató de imputar a Esperanza Aguirre por el presunto desvío de fondos en la empresa pública del agua Canal de Isabel II. El expresidente madrileño Ignacio González llegó a ingresar en prisión por esta causa y otro expresidente, Alberto Ruiz-Gallardón, fue imputado y posteriormente desimputado.
Investigación a la pareja de Ayuso
Aunque ahora pretenda limitar la acción de la acusación popular, la personación del PSOE en causas vinculadas al PP no es algo del pasado, pues actualmente está ejerciendo ese rol, junto a Más Madrid, en el procedimiento abierto contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal.
Caso de los ERE
El PP fue acusación popular contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso ERE, la trama de corrupción vinculada al PSOE andaluz, y señaló a los expresidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como máximos responsables.
En julio de 2022, el Tribunal Supremo acabaría condenando en firme a los dos expresidentes andaluces, ratificando una pena de 6 años de prisión para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló el año pasado esas condenas gracias a los siete votos a favor del sector progresista frente a los cuatro en contra del bloque conservador.
Juicio a los GAL
La figura de la acusación popular está recogida en la Constitución del 78 y desde los primeros años de la democracia ha ejercido un papel destacado en grandes procesos judiciales. Uno de ellos fue el caso de los GAL, el entramado parapolicial creado en los años 80 por el gobierno de Felipe González para luchar contra ETA, con cargo a los fondos reservados del Estado.
El escándalo fue destapado por investigaciones periodísticas y, ante la inacción de la Fiscalía, fue especialmente relevante la acusación popular ejercida por diversos colectivos y encarnada por los abogados Fernando Salas y José Luis Galán. Tras un complejo proceso, en 1988 acabaron condenados a penas de prisión el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, entre otros cargos del PSOE y policías.
Caso Filesa
Filesa fue otro de los grandes escándalos a finales de los 80, aunque el caso no estalló hasta 1991, cuando varios medios de comunicación revelaron la financiación ilegal del PSOE durante la campaña electoral de 1989, comicios que ganó Felipe González por una ajustada mayoría absoluta.
El PP y el empresario José María Ruiz-Mateos lideraron las acusaciones populares y lograron que el presidente del Gobierno y su vicepresidente, Alfonso Guerra, tuvieran que sentarse a declarar como testigos. El caso acabó con ocho condenas de prisión, tres de ellas para cargos del PSOE.
Caso Bankia
El desaparecido partido UPyD actuó como acusación popular, a través de su portavoz y abogado Andrés Herzog, en el juicio contra Rodrigo Rato y otros banqueros y políticos por la salida a Bolsa de Bankia. Después de un año de juicio muy mediático, la Audiencia Nacional acabó absolviendo en 2020 a los 34 acusados de un delito de estafa.
Doctrinas Botín y Atutxa
La doctrina Botín fue una interpretación que hizo el Supremo en 2007 para desestimar un recurso de la acusación popular y dar carpetazo al caso de las cesiones de crédito, por el que estaba acusado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, entre otros.
El Alto Tribunal rechazó el recurso de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, vinculada al exconsejero de Banesto ya fallecido Rafael Pérez Escolar, al entender que no debía continuar un proceso penal únicamente con la acusación popular, cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitan el sobreseimiento de la causa.
Un año después, el Supremo modificó la doctrina Botín para procesar al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial al haberse negado a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna.
La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, fue la única que presentó cargos y, aunque Atutxa intentó acogerse a la doctrina Botín, el Alto Tribunal interpretó que podía enjuiciarse al afectar a intereses colectivos por tratarse de un caso de desobediencia. Esa interpretación sentó la llamada doctrina Atutxa, pero en 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón al político vasco y el Supremo anuló su condena.
