El Gobierno de coalición tiene una complicadísima tarea por delante que tiene que llevar a cabo en un tiempo muy limitado: poner de acuerdo a los socios a su izquierda (ERC, Podemos, Bildu y BNG) y a su derecha (PNV y Junts) en materia fiscal o, al menos, que alguno de ellos ceda para poder sacar adelante su reforma fiscal. El escollo es el gravamen extraordinario a las empresas energéticas que ha estado en vigor los dos últimos años y que el PSOE se ha comprometido con Junts a eliminar en 2025. Sin embargo, desde ERC y Bildu se oponen a ello y, de hecho, han forzado a desconvocar la Comisión de Hacienda que se iba a celebrar este lunes para continuar con la tramitación del texto.
De momento, el PSOE solo ha conseguido que Sumar renuncie a su exigencia de mantener este gravamen —aunque los de Yolanda Díaz aseguran que pedirán su continuidad en una futura enmienda—, lo que ha hecho a través de un acuerdo de 11 medidas, entre las que está la imposición de un 21% de IVA a los pisos turísticos o crear un nuevo tributo al lujo, además de mantener el impuesto a la banca. Los socialistas han aceptado introducir estas y otras exigencias de sus socios, como subir la fiscalidad al tabaco, gravar a los vapeadores, reformar el impuesto de sociedades o subir los tributos que pagan las rentas del capital. Sin embargo, ninguna de ellas es suficiente para evitar una complicada negociación con sus aliados de Podemos, ERC, Bildu y BNG, que tienen claro su principal reclamo: mantener el gravamen a las empresas energéticas.
Los socialistas tienen que intentar llegar a un acuerdo antes de que acabe el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo jueves si pretenden sacar adelante el dictamen de este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda. Además de Junts y el PNV, ahora cuentan con un apoyo más, el de su socio de coalición, Sumar, que este lunes ha aceptado la eliminación del impuesto a las energéticas a cambio de introducir otras medidas a la reforma, si bien sus apoyos no son suficientes para sacarla adelante. Hacerlo es imprescindible para cumplir lo comprometido en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo remitido recientemente a Bruselas, así como para acceder al quinto pago de los fondos Next Generation por valor de 7.000 millones de euros.
Los socios de izquierda piden reiniciar la negociación
Desde ERC se cierran en banda a incorporar cualquier enmienda que sea "tendente" a favorecer a la banca y a las energéticas, por lo que instan al PSOE a negociar hasta ser capaces de encontrar un punto de equilibrio. Aseguran que están a favor de la transposición de la directiva, pero no cederán a un reclamo que viene de la mano de Junts, que exigió al PSOE eliminar el gravamen energético tras las presiones de las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec.
Pero además de los republicanos, el Gobierno también tiene que negociar con Bildu, que pide reiniciar la negociación para mantener dicho impuesto extraordinario. "Somos conscientes de que no será fácil, pero estamos dispuestos a intentar un acuerdo y esperamos que todos los grupos muestren la misma disponibilidad para poder superar el bloqueo actual", señalan desde la formación abertzale. "Mantener el impuesto a las energéticas y a la banca es una necesidad compartida por la ciudadanía vasca y la mayoría social, y así lo seguirá defendiendo en la negociación", remarcan.
Y en la misma línea, Podemos también advierte al PSOE y a Sumar de que no contarán con sus votos para la reforma fiscal si sirven para "devolverles privilegios a las empresas energéticas". Así se pronunció la exministra y actual eurodiputada Irene Montero, que censuró que los socialistas decidan "pactar con la derecha" asumiendo que ya tienen los votos de la izquierda. Tampoco cuentan, de momento, con el apoyo del diputado del BNG, Néstor Rego. Fuentes de la formación galleguista aseguran que están a favor de cambios "estructurales" y de hacer permanentes impuestos como el de las energéticas, que además beneficiaría a territorios como el gallego. "Nuestro voto dependerá del texto que resulte", advierten desde el Bloque.
Los acuerdos del PSOE con Junts y ERC
Del lado contrario está Junts, que pactó con los socialistas dejar caer el impuesto extraordinario a las grandes energéticas, alegando la necesidad de que este tipo de impuestos no perjudiquen a las citadas empresas, entre ellas Repsol, que amenazó con trasladar sus futuras inversiones en Tarragona a Portugal si se mantenía el gravamen. Se trata de una condición irrenunciable para que Junts ofrezca su apoyo a la reforma fiscal y que llega en un momento clave con la negociación de la senda de déficit y los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El contexto del PNV es diferente. Los nacionalistas vascos negociaron que los impuestos tanto a la banca como a las multinacionales se apliquen a través de los regímenes tributarios forales del País Vasco y Navarra, por lo que podrán rebajar estos impuestos a las empresas que operen en Euskadi, que es lo que llevaban meses pidiendo.
