Los miembros de ETA condenados por el atentado en la T-4 de Madrid-Barajas y los asesinos del inspector de Policía Eduardo Puelles o el empresario vasco Ignacio Urías son algunos de los potenciales beneficiados de la derogación del Código Penal de 2003, que amplió las penas máximas de 30 a 40 años, siempre que se cumpla el aviso de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) de que el Gobierno prepara una próxima reforma en este sentido.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó este viernes que el Gobierno tenga "ninguna propuesta ni ningún estudio o análisis de revisión" para reformar este cumplimiento máximo de 40 años del Código Penal aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 2003.
Además, Grande-Marlaska dijo que no quería polemizar con ninguna asociación de víctimas, después de que la AVT lo acusara un día antes de "mentir" al negarles en 2022 que el Gobierno buscara con la reforma de la ley orgánica 7/2014 cambiar el cómputo del tiempo de condena de los etarras al descontar la pena cumplida en otro país de la Unión Europea, principalmente en Francia.
Tras la aprobación de la reforma del Código Penal del Gobierno de José María Aznar a finales de 2003, ETA perpetró todavía una decena de atentados mortales hasta el comunicado en el que puso fin a la violencia en 2011, cercada por las numerosas operaciones policiales y la acción de la Justicia.
Coche bomba en Barajas
Uno de esos atentados fue el del coche bomba de la Terminal 4 en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006, que puso fin a la tregua de ETA y en el que fallecieron dos migrantes ecuatorianos. Fueron condenados Martín Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián cada uno de ellos a 20 años por un delito de estragos, 30 años por cada uno de los dos delitos de asesinato y más de 19 años por cada uno de los 48 asesinatos en grados de tentativa.
La Audiencia Nacional condenó también en 2013 a 45 años de cárcel a cada uno a los miembros del 'comando Otazua' de ETA Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles, cometido el 19 de julio de 2009 en Arrigorriaga. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideró a los tres acusados autores de los delitos de asesinato terrorista, por el que le impuso una pena de 30 años de prisión, y otro de estragos, por el que se les condenó a 15 años.
Otros de los posibles beneficiados serían Beinat Aginagalde Ugartemendía y Joanes Larretxea Mendiola, condenados en su caso a 44 años de prisión cada uno por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría, cometido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 3 de diciembre de 2008. El tribunal les condenó por los delitos de asesinato terrorista (25 años), detención ilegal terrorista (12 años), robo de vehículo con fines terroristas (4 años y 6 meses) y daños terroristas (2 años y 6 meses). Con anterioridad fue condenado también a 44 años el etarra Manex Castro.
El listado de atentados mortales de ETA con el Código Penal de 2003 incluye también otros asesinatos perpetrados en 2008: el del político socialista Isaías Carrasco, el agente de la Guardia Civil Juan Manuel Piñuel y el brigada del Ejército Luis Conde la Cruz. Otro de los atentados en los estertores de ETA, en esta ocasión sin pistas sobre sus autores, fue el cometido en 2009 en Palma Nova, en Mallorca, que dejó dos guardias civiles fallecidos, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.
Aviso de la AVT tras la rebaja de penas
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, avisó este jueves en un desayuno informativo que el "siguiente paso que quiere dar" el Gobierno de Pedro Sánchez es derogar el Código Penal de 2003 para, según dijo, "quitar el límite máximo de cumplimiento de prisión de 40 años". Esto beneficiaría potencialmente a los etarras con condenas más recientes, ya que la banda terrorista cometió una decena de atentados mortales entre la aprobación de esa reforma del Código Penal y el comunicado en el que puso fin a la violencia en 2011.
"Desde aquí lo advertimos ya, esto lo van a hacer, si sigue gobernando Sánchez, esto lo van a hacer; y lo van a hacer pronto, ya queda todo el mundo advertido", ha subrayado Araluce en el desayuno presentado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien ha lamentado los "los mimos a los malos y el desprecio a los buenos", en alusión a los terroristas y las víctimas, respectivamente.
La AVT realizó esta advertencia después de que en 2022 alertaran de que el Gobierno de Sánchez planeaba modificar la Ley Orgánica 7/2014, lo que, a pesar de negarlo entonces el Ministerio del Interior, se ha terminado aprobando con el voto a favor de PP y Vox en el Congreso, aunque luego lo han tratado de corregir en el Senado y que no descarta llevarlo al Tribunal Constitucional.
Entre los etarras que se pueden beneficiar de un nuevo cómputo de condena por el cambio en la ley 7/2014 figuran históricos dirigentes de la banda terrorista con múltiples asesinatos como Javier García Gaztelu, 'Txapote', y José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', dentro de un listado que maneja la AVT con más de 40 reclusos.
Las cifras y planes de Sare
La plataforma de apoyo a los presos de ETA Sare informó en una rueda de prensa celebrada este jueves que su estimación es que son 52 los reclusos de la banda terrorista que pueden computar sus condenas cumplidas en otros países como Francia para acortar la fecha de licenciamiento prevista en España, de los que siete deberían ser excarcelados de inmediato este mismo año.
Sare ha apuntado a la posibilidad de que los reclusos afectados "puedan reclamar responsabilidad patrimonial" y ha precisado que, de ellos, 48 se encuentran en centro penitenciarios vascos y cuatro en cárceles francesas, con procedimientos abiertos en España. La plataforma ha señalado que en la actualidad son 144 los etarras que cumplen condena en diferentes regímenes penitenciarios.
Los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Begoña Atxa, han sostenido en una rueda de prensa que la modificación la ley 7/2014 se ha llevado a cabo "conforme a la directiva europea", por lo que se pone fin a lo que llaman una "ley de excepción que condena de por vida a los presos, obligándoles al cumplimiento íntegro y efectivo de penas de hasta 40 años".
Azkarraga, que fue uno de los protagonistas de un informe de la Guardia Civil en el que se pasaba la "lista de prioridades" de los presos etarras a Instituciones Penitenciarias, ha pedido que se secunden las manifestaciones de Sare para que "la inmensa mayoría muestre que todavía hay que modificar algunas situaciones".
