España está promoviendo en la UE "repensar" el gravamen que pagan las compañías navieras que arriban a sus puertos por poder emitir CO2, para evitar que opten por dirigirse a puertos de países terceros, del norte de África o del Reino Unido, y no se perjudique la actividad de plazas como los españolas, que como Las Palmas o Algeciras en estos momentos están experimentando un crecimiento de su actividad por el desvío del tráfico que antes pasaba por el convulso Mar Rojo.
Pasadas las elecciones europeas que han constatado un elevado grado de descontento entre la ciudadanía que ha hecho aumentar el peso de partidos ultras y euroescépticos, España ha planteado el debate mediante la declaración que ha presentado en el Consejo de Transportes que se celebra este marte en Luxemburgo, que ha suscitado un debate entre los ministros en el que ha estado muy presente el "riesgo" de que los puertos europeos pierdan competitividad con la consecuente pérdida de empleos pero también la necesidad de que la apuesta por la descarbonización del sector marítimo mediante sistemas de reducción de emisiones sea global, en la Organización Marítima Internacional (OMI). La Comisión Europea, que es la que tiene la última palabra para proponer una modificación en las normas, ha considerado que aún es "demasiado pronto" pero que tendrá en cuenta la petición y los otros países en el informe que presentará a final de este año.
A su llegada a la reunión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que, de momento, se trata de "llamar la atención" de la UE sobre la desventaja que la aplicación del sistema de comercio de emisiones al sector marítimo puede provocar en los puertos europeos con respecto a otros cercanos pero fuera de la UE, en los que no se aplica un sistema que obliga a las compañías navieras a concurrir a unas subastas de derechos de emisión de CO2 y hacer un desembolso que no tiene que hacer si deciden atracar a solos unos kilómetros al sur del Mediterráneo o en el Mar del Norte. De momento, España ya ha reunido la firma de 10 de los 27 países de la UE, incluido Polonia, un país con puertos en el Norte de Europa que ha sido el último en sumarse, lo que a ojos de Puente demuestra que la potencial pérdida de mercado en favor de países que no limitan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, no todos los países costeros se han adherido. Suecia ha recordado que la normativa sobre el régimen de comercio de emisiones en el sector marítimo también fija obligaciones para puertos no europeos a hasta 300 millas de la UE, precisamente para evitar las fugas de carbono a las que ha aludido Puente. "No creemos que tengamos que reabrir el debate de nuevo sin tener pruebas claras de que están produciendo desvíos" de barcos, ha dicho su ministro de Transportes. Dinamarca ha pedido "tiempo" para ver cómo funciona el sistema de comercio de emisiones en el sector marítimo que empezó a aplicarse este mismo año. También la Comisión Europea cree que "es demasiado pronto para llegar a conclusiones sobre su impacto en el sistema marítimo", ha recordado que los gobiernos pueden emplear los ingresos por la compra de derechos de emisión en descabonizar este sector y los puertos y, aunque ha afirmado que tendrá en cuenta la petición de España y los otros países, no habrá nada al menos hasta el informe que publicará a final de este año.
Al margen de estas posiciones, España defiende "repensar" la figura del régimen de comercio de emisiones para gravar no tanto el barco como su contenido o de dónde viene y qué recorrido ha hecho y el pago por emitir CO2 que ha hecho por el camino en lugar de solo por arribar a un puerto europeo, que hace que los armadores puedan optar por irse a otro de fuera de la UE. Puente ha defendido esta evaluación ante el resto de ministros europeos de Transportes justo una semana después de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley para trasponer las últimas directivas europeas en materia del régimen de comercio de derecho de emisiones de CO2, para incorporar a los sectores de la edificación y del combustible para tráfico por carretera. En una revisión anterior se incluyó también al tráfico marítimo, que desde principios de este año grava -con la necesidad de acudir a subasta de emisiones- a barcos de a partir 5.000 toneladas -el año que viene se ampliará hasta los de 400 toneladas en adelante- con la obligación de pagar por el 50% de las emisiones entre un puerto de la UE y de fuera de la UE y por el 100% de las emisiones entre dos puertos de la UE y por los barcos atracados en puertos de la UE. Hasta 2026 solo habrá que registrará las emisiones de CO2 y se ampliará a las de metano y óxido nitroso a partir de entonces.
Estas leyes son promovidas por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la petición para "repensar" la tasa a la emisión de CO2 por parte de los barcos no supone una discrepancia con Transición Ecológica. "No cuestiono la necesidad de gravar esas emisiones, pero sí repensar el modelo para evitar fugas de carbono a otros países", ha afirmado Puente.
Desvío a África o Reino Unido
Según ha explicado a su llegada al Consejo de Transportes de la UE, existe "la posibilidad de que de los puertos, sobre todo del sur de Europa pero también del norte se derive el tráfico al norte de África, donde esta tasa de emisión de carbono no se está cobrando". El perjuicio se produciría también para los puertos españoles, en un momento en el que algunos de ellos, del sur y de Canarias, están viviendo un aumento de la actividad por la caída del tráfico en el Mar Rojo. "Ahora mismo es un momento de gran crecimiento súbito, algunos puertos del sur de España tienen un incremento de entre el 30 y 40% y en Canarias, en Las Palmas, hay un enorme aumento por el desvío de tráfico que pasan por el Mar Rojo".
Lo que el Gobierno quiere evitar es precisamente un desvío de barcos que, en este caso, no beneficiaría sino perjudicaría a los puertos europeos y españoles, por parte de compañías navieras que busquen no tener que pagar la "tasa" en que se convierte la obligación en la UE de comprar derechos de emitir CO2 para atracar en sus puertos. Este fenómenos se conoce como "fuga de carbono" que lleva a que el tráfico marítimo se vaya a otros países, restando actividad a los puertos europeos sin que, además, se evite la emisión de gases de efecto invernadero, que se lanzan a la atmósfera desde otros lugares sino que en ese caso los armadores tengan que pagar por ello. Así tampoco tendrán alicientes para reducir las emisiones.
Según ha dicho Puente, este fenómeno puede ser además un camino sin retorno. "El problema es que el barco que se ubique en otro puerto [fuera de la UE] es muy probable que no lo recuperemos". "No podemos esperar a que esto se produzca, tenemos que anticiparnos para ver qué inversiones se están produciendo en África y Reino Unido para evitar esa transferencia de tráfico", ha señalado.
De momento, el Gobierno español no plantea ninguna medida concreta y tampoco pide permitir más emisiones de CO2 a barcos que atraquen en puertos europeos o terminar con el sistema de subastas, cuyos ingresos los Estados miembros tienen que invertir en políticas climáticas. Sí reclama que se vigile "estrechamente" qué está pasando con el tráfico marítimo, hasta qué punto se está desviando, para que la UE sea capaz de "anticiparse" y "repensar" el "diseño del impuesto" por emitir CO2 en el sector marítimo.
"La monitorización consiste en que tengamos un análisis detallado de datos de puertos en los que puede producirse esa fuga de carbón y ver qué puertos potencialmente lo pueden ganar", ha dicho el ministro, que también ha reclamado que el régimen de comercio de emisiones de la UE en el sector marítimo se extienda a "todos los puertos del mundo".
