El PSOE y el PP alcanzaron en la tarde de este martes un acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco años de agonía, rupturas, y aparentes acuerdos inminentes. Hizo falta que finalizara un largo ciclo de elecciones, un ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el aliento de la Comisión Europea en la nuca del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y del vicesecretario del PP, Esteban González Pons, para que ambos se estrecharan las manos. Así fue como tras "más de 2.000 días de la marmota" —como lo definió Sánchez— PSOE y PP acordaron desbloquear el CGPJ y, con ello, cumplir con la Constitución.
Los interlocutores de esta negociación dieron la noticia desde Bruselas. El socialista Bolaños y el popular González Pons exhibieron su máxima satisfacción por el texto consensuado. Ambos, aparentemente, habían ganado la negociación. No obstante, el texto que hacían públicos los dos equipos refleja que el PP ha logrado acabar con las puertas giratorias y despolitizar el CGPJ mientras que el PSOE gana tiempo para reformar el sistema de elección. Al fin y al cabo, se trata de un acuerdo semejante al que habrían estado a punto de firmar en noviembre de 2022, poco antes de de Feijóo rompiera todos los puentes tras conocer que Sánchez reformaría el Código Penal a petición de los independentistas.
La batalla por despolitizar el órgano
El objetivo de Feijóo siempre fue el de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Esto es que los miembros del órgano tengan perfiles técnicos y provengan de la carrera judicial en lugar de la política. De hecho, una de las líneas rojas del PP era acabar con las puertas giratorias con prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. "Nunca más ocurrirá", celebró el líder del PP ante los medios. Esta es quizá la gran victoria de Feijóo en la negociación, ya que "de los 20 componentes, 16 provienen de la carrera judicial o fiscal", destacó González Pons.
Por su parte, los socialistas defienden que esta despolitización del órgano refuerza los valores esenciales de la Constitución, porque se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, algo que aseguran que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque nunca materializaron entre sus propuestas. Argumentan que esta fórmula quitará "incentivos" para nuevos bloqueos como el que acusan al PP de haber mantenido durante más de 2.000 días.
También celebran que el acuerdo vaya a reforzar "el régimen de incompatibilidades" de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos, pese a que en 2018 fue una ministra socialista, Dolores Delgado, la que pasó a fiscal general del Estado inmediatamente después de dejar el Gobierno, lo que fue muy criticado por la oposición, mientras que el Ejecutivo de Sánchez defendía su "independencia".
El sistema de elección, una patada para adelante
En noviembre de 2022, Feijóo estaba dispuesto a renovar el CGPJ y después abordar el cambio del sistema de elección de los vocales. Pero el hecho de que Sánchez negociara en paralelo con los independentistas eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación hizo que el popular perdiera toda la confianza en el PSOE de Sánchez. Fue entonces cuando el PP subió su apuesta y añadió a la lista de líneas rojas —despolitizar el órgano y acabar con las puertas giratorias— renovar de forma simultánea el sistema de elección para que los jueces elija a los jueces.
Finalmente, el texto dice así: "Se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación". Es decir, que ni se hará de forma simultánea ni se garantiza que los vocales lleguen a un acuerdo y, en el mejor de los casos, tampoco hay certezas de que se apruebe la propuesta en el Congreso y en el Senado. De hecho, el propio Feijóo lo reconocía este martes ante la prensa. "La actitud del PP será de apoyo; la del PSOE la ignoro".
En este sentido, los socialistas ganan tiempo para poder reformar el sistema de elección de los jueces, lo que no tiene por qué producirse de forma inmediata. El acuerdo para renovar el CGPJ se va a hacer con la actual ley, que es lo que buscaba el PSOE y hasta ahora se negaba a ceder el PP. "El acuerdo se lleva a cabo con la ley vigente, que deriva de un gran acuerdo de Estado del año 2001 y se ratificó en 2013", remarcó el ministro Bolaños.
Respecto a las dudas del PP sobre si los vocales alcanzarán un acuerdo y, en su caso, el mismo sea refrendado en las Cortes, Bolaños definió este proceso como un "diálogo para comprobar si es posible mejorar el sistema de elecciones de vocales en el Consejo General del Poder Judicial". El ministro reiteró en varias ocasiones que solo se puede cambiar el sistema de elección de los jueces a través del "consenso", tanto en el caso de los vocales, como posteriormente en la tramitación parlamentaria.
Un nuevo magistrado del TC como moneda de cambio
Otro de los puntos que han acordado PP y PSOE es el de cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que había dejado el magistrado Alfredo Montoya en julio de 2022 alegando motivos de salud. Esta vacante le corresponde a la Cámara Alta, concretamente al PP, que fue quie propuso a Montoya para ocupar el cargo. El partido ya ha escogido a José María Macías, uno de los vocales del actual Consejo que más críticas ha vertido sobre la ley de amnistía. Esto puede considerarse otra moneda de cambio, esta vez a favor de los de Feijóo, dado que el órgano contará con un nuevo miembro de corte conservador.
De esta forma, se presupone que los socialistas unirán el 'sí' de sus parlamentarios a los del PP en el Senado para cubrir esta vacante pendiente. No valoran la elección que han realizado los populares, solo se limitan a apuntar a la posibilidad de que el clima que se ha alcanzado con este acuerdo se pueda extender a otros como ha ocurrido con este nombramiento en el Tribunal Constitucional.
"No hay otros acuerdos que estén fuera de lo que hoy se hace público, si bien el clima de diálogo favorece a que sigamos hablando, dialogando y que, con toda normalidad, se den acuerdos en otros ámbitos", apuntó Bolaños.
En este sentido, el Gobierno busca favorecer los nombramientos del gobernador del Banco de España tras el fin del mandato de Pablo Hernández de Cos; la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de una parte del consejo de RTVE.
